Ha pasado más de un año de la explosión en la mina carbonífera de Pasta de Conchos, 63 cuerpos siguen enterrados en la mina y, literalmente, no sabemos ni siquiera con certidumbre lo ocurrido. El único informe oficial, de fines del año pasado, establece que la explosión se produjo por una acumulación de gas combinada con una fuente de calor lo suficientemente intensa como para provocar el estallido, algo obvio. La mina se colapsó, pero ello no ocurrió en una parte, en uno de los túneles: se destruyó y hundió por completo. Por eso ha sido casi imposible rescatar cuerpos: la mina ya no existe. Y ello nos confirma la magnitud de la explosión y el abandono de las medidas de seguridad más elementales. ¿Por qué fue tan notable la negligencia?. La primera respuesta es que fue por corrupción: la mina tenía advertencias para mejorar sus sistemas desde mucho tiempo atrás, por lo menos dos años antes del accidente. Apenas el 7 de febrero se apersonó en Pasta de Conchos, el responsable de la secretaría del Trabajo para realizar la inspección y certificó que todo estaba en orden y que todas las medidas solicitadas se habían cumplido. Aparentemente no era verdad y la mina estalló. La empresa Minera México ha insistido en que Pasta de Conchos no era una de sus posesiones importantes y que ha gastado en las tareas de rescate casi 30 millones de dólares, mucho más de lo que producía la mina. Es probable, pero lo cierto es que según los especialistas se hubieran requerido unos 20 millones de pesos para poner a la mina en condiciones de mínima seguridad. No se hizo porque su productividad era baja, seguramente era más económico gratificar a los inspectores. 65 trabajadores lo pagaron con la vida.
Ha pasado más de un año de la explosión en la mina carbonífera de Pasta de Conchos, 63 cuerpos siguen enterrados en la mina y, literalmente, no sabemos ni siquiera con certidumbre lo ocurrido. El único informe oficial, de fines del año pasado, establece que la explosión se produjo por una acumulación de gas combinada con una fuente de calor lo suficientemente intensa como para provocar el estallido, algo obvio. La mina se colapsó, pero ello no ocurrió en una parte, en uno de los túneles: se destruyó y hundió por completo. Por eso ha sido casi imposible rescatar cuerpos: la mina ya no existe. Y ello nos confirma la magnitud de la explosión y el abandono de las medidas de seguridad más elementales. ¿Por qué fue tan notable la negligencia?. La primera respuesta es que fue por corrupción: la mina tenía advertencias para mejorar sus sistemas desde mucho tiempo atrás, por lo menos dos años antes del accidente. Apenas el 7 de febrero se apersonó en Pasta de Conchos, el responsable de la secretaría del Trabajo para realizar la inspección y certificó que todo estaba en orden y que todas las medidas solicitadas se habían cumplido. Aparentemente no era verdad y la mina estalló. La empresa Minera México ha insistido en que Pasta de Conchos no era una de sus posesiones importantes y que ha gastado en las tareas de rescate casi 30 millones de dólares, mucho más de lo que producía la mina. Es probable, pero lo cierto es que según los especialistas se hubieran requerido unos 20 millones de pesos para poner a la mina en condiciones de mínima seguridad. No se hizo porque su productividad era baja, seguramente era más económico gratificar a los inspectores. 65 trabajadores lo pagaron con la vida.
Pero ¿eso fue realmente lo que ocurrió?. Puede ser pero las preguntas sin respuestas en Pasta de Conchos van mucho más allá y es lo que mantiene viva, más allá del drama humano, esta tragedia. Uno de esos temas es el sindical: el conflicto entre las huestes de Napoleón Gómez Urrutia y las de Elías Morales, estalló unos días antes de la explosión. La secretaría del Trabajo, en aquella época bajo la responsabilidad de Francisco Javier Salazar, hizo la toma de nota de la dirigencia de Morales, una semana antes del estallido, pero no se informó públicamente. Cuando ocurre el accidente, el que estuvo en Pasta de Conchos, acompañando al propio secretario del Trabajo y al gobernador Humberto Moreira, es Gómez Urrutia. Es hasta una semana después que se informa que “Napo” ya no es líder del sindicato y comienza la persecusión contra éste, una persecución, por cierto sui generis, porque todo mundo sabe donde está y nadie lo detiene. No se ha explicado hasta ahora porqué se actuó de esa manera.
Ello se engarza con las declaraciones del gobernador Humberto Moreira, respecto a que el presidente Fox le pidió que responsabilizara a Gómez Urrutia de la explosión. Es probable. Lo que las pone en el terreno de la duda es que el gobernador tardó un año, exactamente hasta el primer aniversario de la explosión, para recordarlo. En ese sentido, la pretensión de llevar a juicio penal al ex presidente por un dicho en el que sólo se puede confrontar la palabra del gobernador contra la del ex mandatario, hace aquel inviable. Pero me temo que ese debate sobre los dichos de Fox (que no tendrían porqué ser descartados dada la proverbial locuacidad del entonces presidente), es una cortina de humo para ocultar lo que no se ha hecho hasta ahora y las luchas políticas que, con la excusa de Pasta de Conchos, se dieron y se reavivarán en estos días. Se había dicho que para este 19 de febrero tendríamos resultados de por lo menos tres investigaciones: la que está realizando la procuraduría de Coahuila y que, como ya ha trascendido, terminará con acusaciones a inspectores de la SCTyPS, pero también contra su ex titular, Francisco Javier Salazar, entre otros funcionarios federales, y contra un grupo de directivos de la empresa Minera México. La acusación de Moreira parece estar destinada a pavimentar el camino para ello.
La cámara de diputados instaló una comisión investigadora sobre el tema. Como ocurre con todas las comisiones que crea la cámara, sirve para que sus integrantes tengan un foro para aparecer en los medios. Pero en un año no han presentado un solo resultado de sus “investigaciones”. El nuevo secretario del Trabajo, Javier Lozano, en los primeros días de diciembre, aseguró que su dependencia coadyuvaría en las investigaciones y que no habría impunidad.
Detrás de todo esto se encuentra, como un telón de fondo, el conflicto del sindicato minero, un gremio con dirigentes particularmente violentos. Quizás fue una casualidad, pero el hecho es que la explosión se dio en medio de una batalla política que pasaba muy lejos de Pasta de Conchos pero que involucraba a grupos políticos y empresariales muy poderosos. El 15 de febrero, cuatro días antes de la explosión, se eligieron dos líderes simultáneos para el Congreso del Trabajo. Mientras la CTM y otras organizaciones reelegían por tercera ocasión a Víctor Flores, un grupo encabezado por Gómez Urrutia, tomó a batazos el salón y designó al dirigente de la CROC, Isaías González. La Secretaría del Trabajo reconoció a Flores y tanto Gómez Urrutia como González se inconformaron y amenazaron con apoyar a López Obrador (la CROC, en efecto, lo apoyó aunque luego regresó al PRI y aparentemente el sector de Gómez Urrutia también, aunque éste terminó teniendo, también, el respaldo de un sector del PRI). Ese mismo 15 de febrero fue aceptada la toma de nota de Elías Morales, como líder minero. Y cuatro días después estalló la mina de forma tan brutal que se colapsó por completo, algo bastante poco común en ese tipo de accidentes. Y desde entonces nadie sabe nada. O todos saben demasiado.