El atentado contra el diputado Horacio Garza Garza, el lunes en la noche en Nuevo Laredo, a unas horas de que se iniciara el operativo conjunto en Tamaulipas y Nuevo León, constituye un desafío a las autoridades pero también exige hilar mucho más fino para saber qué está sucediendo en los ámbitos de la violencia, el poder y el narcotráfico.
El atentado contra el diputado Horacio Garza Garza, el lunes en la noche en Nuevo Laredo, a unas horas de que se iniciara el operativo conjunto en Tamaulipas y Nuevo León, constituye un desafío a las autoridades pero también exige hilar mucho más fino para saber qué está sucediendo en los ámbitos de la violencia, el poder y el narcotráfico.
Garza Garza es un diputado federal con amplia experiencia política: fue dos veces presidente municipal de Nuevo Laredo, dos veces diputado federal, diputado local, es un político popular en la ciudad, que incluso se ha vivido en la misma colonia de Nuevo Laredo desde siempre. No tengo ninguna información, y las autoridades, ni locales ni federales, han proporcionado informe alguno que relacione a Garza Garza con el crimen organizado o el narcotráfico. No estoy negando la posibilidad de que exista o no alguna relación: simplemente no hay ninguna información al respecto y por lo tanto, debería suponerse que la misma no existe.
Se ha hablado en estos días, después del atentado, que se trataba de un desafío del crimen organizado, incluso el general secretario Guillermo Galván Galván, aseguró que seguirían sucediendo este tipo de hechos porque los operativos implementados estaban teniendo éxito y se estaban tocando las bases profundas del narcotráfico. Y muy probablemente es así: las bases del narcotráfico no son sus operadores y en muchas ocasiones ni siquiera quienes aparecen como los líderes de los distintos cárteles, mucho menos sus sicarios. Lo que sustenta al narcotráfico, sus raíces, está en las relaciones de poder político, económico, social, en el control territorial que gracias a esas relaciones, que nacen de la corrupción o la coerción, ejercen en distintas regiones del país. Desde hace años insistimos en que el poder del narcotráfico en México es local, que pasa por el control de regiones y territorios: para eso se requiere asentarse, tener ese control, vía las relaciones políticas y la protección de fuerzas de seguridad y en muchas ocasiones de grupos sociales organizados. Y para hacer todo eso se necesita dinero. Creo que los operativos, con todas las limitaciones que naturalmente han mostrado, sirven para eso, para disputarle el territorio y esas bases, como dijo el general Galván, al crimen organizado.
Pero cuando ocurren atentados como el de Garza Garza y se suceden hechos de violencia relacionados con la política, corremos un peligro que debe ser atendido oportunamente, antes de que se salga de curso: que la violencia o los ajustes de cuentas que realiza el narcotráfico se terminen convirtiendo en una coartada para otro tipo de ajustes de cuenta, de otros grupos de poder que busquen otro tipo de objetivos. El mejor ejemplo está en nuestra historia reciente: ¿alguien puede decir con certidumbre qué o quiénes estuvieron detrás de los asesinatos del 93-94, los del cardenal Posadas Ocampo, Luis Donaldo Colosio o José Francisco Ruiz Massieu?. Se ha dicho de todo, se ha culpado desde Salinas a Camacho, se ha hablado desde el narcotráfico hasta asuntos estrictamente personales. El hecho real es que después de muchos años, de varias investigaciones, incluyendo las delirantes de Pablo Chapa Bezanilla, de ríos de tinta y horas de radio y televisión, no sabemos qué pasó.
Sí sabemos que el narcotráfico está interviniendo en la política. Que está financiando campañas, sobre todo para presidentes municipales y para lograr, por esa vía, control sobre las policías locales. Hay casos, comprobado fehacientemente el de Mario Villanueva, en que ha llegado a cooptar gobernadores u otros en que ha financiado indirectamente las actividades de mandatarios municipales o estatales. Quizás fue una imprudencia de Genaro García Luna decir en un noticiero que se investigaba a Félix Salgado o quizás, Genaro, efectivamente, estaba hablando de las investigaciones derivadas de las amenazas de muerte que el alcalde dice haber recibido, pero ¿quién puede dudar que Acapulco, como otras plazas de Guerrero o Michoacán o de otros estados, están infiltradas por el narcotráfico?
El problema se presenta cuando se suceden los atentados y no se resuelven. Pongamos una pregunta sólo como hipótesis: ¿qué sucedería si el diputado Garza Garza no sufrió el atentado por un ajuste de cuentas del crimen organizado o como una respuesta al operativo conjunto?¿qué sucedería si descubrimos que en realidad ello tiene relación con la posibilidad de que por tercera vez se pudiera presentar a competir por la alcaldía de Nuevo Laredo y alguno de los otros siete u ocho aspirantes decidió sacarlo del camino?¿qué sucedería si en lugar de un grupo de crimen organizado quien está detrás de esos hechos fuera un grupo armado?¿qué sucedería si, en todo caso, se trata de una mezcla de todos esos ingredientes?. Lo que se debe evitar a toda costa es que éste tipo de hechos queden impunes (o por lo menos, saber porqué ocurren las cosas y para ello se requiere inteligencia e información a nivel local, lo que vuelve a llevarnos a los beneficios y objetivos de los operativos, más allá de la detención o no de ciertos personajes) porque si no es así pueden convertirse en una coartada de diferentes grupos para dirimir, por la vía de la violencia, sus diferencias y eso termina cerrando el círculo desestabilizador que nos tratan de imponer el crimen organizado y los distintos grupos políticos, algunos armados, otros no. La gran enseñanza del 93-94, fue que no se debía permitir que ese círculo se cerrara, que si bien hay capítulos de la violencia que no se pueden evitar, sí se deben esclarecer y divulgar los resultados. Porque cuando todo es posible y siempre hay una explicación a modo, todos pueden terminar siendo lo mismo víctimas que victimarios, mártires o cómplices.