El candidato del PRI en Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, fue asesinado en una emboscada a seis días de los comicios estatales mismas que, según las encuestas, ganaría con mucha amplitud, en la emboscada también fallecieron varios de sus colaboradores. El asesinato del candidato abre una crisis política, institucional y de seguridad en un ámbito que no conocíamos en tiempos recientes, volvemos a estar ante el espectro de 1994, quizás con otros actores pero con un escenario que resulta muy similar aunque ahora mucho más violento y generalizado.
El candidato del PRI en Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, fue asesinado en una emboscada a seis días de los comicios estatales mismas que, según las encuestas, ganaría con mucha amplitud, en la emboscada también fallecieron varios de sus colaboradores. El asesinato del candidato abre una crisis política, institucional y de seguridad en un ámbito que no conocíamos en tiempos recientes, volvemos a estar ante el espectro de 1994, quizás con otros actores pero con un escenario que resulta muy similar aunque ahora mucho más violento y generalizado.
Rodolfo Torre Cantú era un político local con fuerte presencia, había sido coordinador de los diputados de su estado pero era médico de profesión y había sido un reconocido secretario de salud del gabinete de Eugenio Hernández. No se le conocían, no había información oficial ni extraoficial de relaciones de Torre Cantú con el narcotráfico. Se le consideraba en ese ámbito un candidato limpio en un estado plagado de sospechas y acusaciones. Tamaulipas está en medio de una feroz batalla entre cárteles que hasta hace unos meses eran aliados.
Desde que Osiel Cárdenas fue extraditado a los Estados Unidos comenzaron las versiones de que el ex jefe del cártel del Golfo podría estar colaborando con las autoridades del otro lado de la frontera. Su proceso en Houston, que fue cerrado, sin testigos y la condena que se le aplicó, relativamente leve, de 25 años de cárcel, sumado al hecho de que no está registrado su ingreso a ningún reclusorio en la Unión Americana, alimentaron esa versión. Lo cierto es que desde la muerte de Arturo Beltrán Leyva en diciembre se desató una feroz lucha entre los sucesores de Osiel Cárdenas, identificados con el cártel del Golfo, quienes abrían realizado una alianza con el cártel del Pacífico que encabeza Joaquín El Chapo Guzmán, con los Zetas, que encabeza Heriberto Lazcano y que se habían quedado con el control de la organización luego de la extradición de Cárdenas. La lucha ha sido increíblemente violenta, en un estado donde, en particular los Zetas, pero no sólo ellos, han jugado siempre muy fuerte sus cartas políticas. En esta ocasión, hayan sido ellos o sus adversarios los autores del atentado contra el candidato priista, saben que están generando un proceso de desestabilización inocultable.
En estos comicios la intervención y las denuncias de involucramiento del narcotráfico han sido más intensas que nunca antes. Pero lo que sigue llamando profundamente la atención, es que los actores políticos denuncian a sus adversarios por sus reales o supuestas relaciones con esos grupos, pero ninguno de esos actores asume que se requiere una estrategia común para combatir el crimen organizado y frenar su penetración en la política, la economía, los ámbitos de poder. Por eso no hay respuestas, por eso no se pasa del lamento por lo sucedido a acciones concretas.
No nos extrañemos porque no es la primera vez que ocurre. En los hechos que se dieron en 1993 y 1994, el proceso desestabilizador fue llevado de la mano por los grupos criminales, pero la vertiente del narcotráfico nunca quiso ser investigada ni en el asesinato de Luis Donaldo Colosio ni en la de José Francisco Ruiz Massieu. Y en ambos casos había datos que establecían una relación de esas muertes con el crimen organizado en Tamaulipas, en aquellos años con un cártel del Golfo encabezado por Javier García Abrego. En el caso de Colosio nunca se investigó a fondo lo que ocurrió cuando el entonces candidato priista hizo retirar de una cena de apoyo en Monterrey a Humberto García Abrego, hermano y operador del jefe del cártel; tampoco se investigó la relación que podría tener Mario Aburto con una banda entonces muy poderosa en esa zona de la frontera, Los Texas, y ni siquiera el dato, que no dejaba de ser extraño, de que el revólver Taurus, con el que Aburto mató a Colosio, había sido registrado por última vez precisamente en Tamaulipas, de donde había desaparecido, para aparecer en Tijuana casi dos años después.
En el caso Ruiz Massieu las relaciones eran más evidentes. El entonces coordinador de los diputados del PRI, fue asesinado por Daniel Treviño, un hombre tamaulipeco que se quiso hacer pasar como de Guerrero, fue contratado, por personas cercanas a Manuel Muñoz Rocha aquel diputado del que nunca se ha vuelto a saber, desde septiembre de 1994. Nunca quedó en claro el porqué de ese asesinato y la investigación que en su momento realizó Pablo Chapa Bezanilla buscó alejarla todo lo posible de la vertiente del crimen organizado, como aquel tristemente célebre fiscal hizo también con el caso Colosio.
Estamos, con todas las diferencias históricas, pese al tiempo transcurrido, en un contexto similar, de violencia y desestabilización, al que vivimos en 1994, pero ahora mucho más radicalizado. Entonces no se tomaron ni las previsiones ni se asumieron las enseñanzas. Tropezamos otra vez con la misma piedra, que siempre ha estado ahí y siempre hemos querido ignorar: se llama narcopolítica.