El debate que se ha suscitado en torno a la despenalización de la marihuana (algunos hablaron de las drogas en general) a partir de algunas opiniones vertidas en las reunión de los Diálogos por la Seguridad del lunes y martes pasado, y de la declaración presidencial de que independientemente de su opinión, contraria a esa medida, sí está a favor de ese debate, sin duda es un ejemplo de pluralidad y resulta útil, porque el tema está en el ambiente académico y de salud en buena parte del mundo, incluyendo, por supuesto, los Estados Unidos.
El debate que se ha suscitado en torno a la despenalización de la marihuana (algunos hablaron de las drogas en general) a partir de algunas opiniones vertidas en las reunión de los Diálogos por la Seguridad del lunes y martes pasado, y de la declaración presidencial de que independientemente de su opinión, contraria a esa medida, sí está a favor de ese debate, sin duda es un ejemplo de pluralidad y resulta útil, porque el tema está en el ambiente académico y de salud en buena parte del mundo, incluyendo, por supuesto, los Estados Unidos.
Lo que resulta preocupante es que ese debate resulte, como aparentemente ha ocurrido, un distractor de los graves problemas que existen en las políticas de seguridad en el país. El tema que nos debe ocupar, y que luego de esas declaraciones desapareció prácticamente de los medios, es la estrategia de seguridad en sí, los problemas operacionales de la misma en el gobierno federal y la falta de colaboración de la mayoría de los estados y municipios; los fenómenos de violencia asociados a la delincuencia organizada, como la extorsión, el secuestro y el robo; la necesidad de centralizar las fuerzas policiales, de transformar al ministerio público, de lograr que el poder judicial sea mucho más estricto en sus procesos contra la delincuencia organizada; reducir los cada vez más altos índices de consumo de drogas sobre todo entre adolescentes; incluso buscar soluciones de corto y largo plazo para los millones de jóvenes que no estudian ni trabajan. Esos y varios otros, son nuestros actuales problemas de seguridad, no la despenalización de la marihuana.
El 25 de marzo pasado decíamos en este espacio que el tema de la legalización de la marihuana había sido abordado, fuera de agenda y a puerta cerrada, en la reunión del grupo de alto nivel México-Estados Unidos.
Decíamos entonces que mientras el gobierno de los Estados Unidos condena la utilización de la marihuana, en los hechos esa droga cada día se usa más en forma legal en por lo menos 15 estados de la Unión Americana, mientras que en la mayoría de los otros se la tolera. Según diversas encuestas del propio gobierno norteamericano, por primera vez son más los que están a favor de legalizar la marihuana que los que están por su penalización: poco más de un 52 por ciento de los estadounidenses aprueban esa legalización.
Según cifras oficiales, aunque son muy conservadoras, el narcotráfico, según acaba de asegurar el gobierno estadounidense, genera en ese país unos 61 mil millones de dólares, de los cuales dos tercios provienen del comercio de marihuana. Y no olvidemos que Estados Unidos produce más del 50 por ciento de la marihuana que consume. Es una producción tan importante que en realidad en algunos estados sus utilidades son más altas que la de tabaco, maíz o trigo. Incluso el año pasado, en plena crisis económica un grupo de legisladores presentó una propuesta en el Capitolio para legalizar la marihuana sólo por razones fiscales: estimaron que la recaudación fiscal por la venta legal de marihuana alcanzaría los 14 mil millones de dólares al año. No fue aprobada pero tampoco rechazada.
Y si bien el presidente Obama ha dicho públicamente que no apoyará la legalización total de la marihuana, realizó un cambio fundamental. Hasta el inicio de la actual administración, el gobierno federal mantenía la prohibición en sus leyes y se daba la paradoja de que mientras en un estado en que la marihuana era legal allí no era perseguida por la policía local, sí podía ser perseguida por la federal.
Ahora a través de distintas órdenes ejecutivas, el gobierno de Obama ordenó a sus agencias federales que sólo persiguieran en esos estados a personas que tuvieran cargamentos ilegales mayores a los 500 kilos. En los hechos se acabó con ello la persecución de cualquier consumidor o productor pequeño.
El consumo de marihuana es el que aceita a los cárteles mexicanos. La lucha por el control territorial y del dinero cotidiano proviene sobre todo de la marihuana, y si Estados Unidos decide no combatir la marihuana entonces quizás habría que adoptar otras estrategias. El problema es que México no puede aisladamente legalizar esa u otra droga, el costo interno e internacional sería altísimo. Si esa acción se concertara con Estados Unidos y Canadá las cosas podrían ser diferentes. Pero independientemente de ello, el punto es que esa medida, que llevaría aún si fuera adoptada algunos años en implementarse, no cambiará en nada los principales desafíos de la seguridad en México, ni mucho menos acabará con el crimen organizado que trasciende, en mucho, la venta legal o no, de marihuana.