Es la política. No es la estrategia de seguridad. Difícilmente se puede establecer en la lucha contra la delincuencia organizada una estrategia diferente a la actual. Es verdad que se deben hacer ajustes de fondo en la misma, incluso adaptar esa estrategia a las necesidades que la política impone, pero es ésta, la política, la que marca la norma, las posibilidades, los límites de la estrategia.
Es la política. No es la estrategia de seguridad. Difícilmente se puede establecer en la lucha contra la delincuencia organizada una estrategia diferente a la actual. Es verdad que se deben hacer ajustes de fondo en la misma, incluso adaptar esa estrategia a las necesidades que la política impone, pero es ésta, la política, la que marca la norma, las posibilidades, los límites de la estrategia.
Ayer se reunió el presidente Calderón con los dirigentes partidarios en Campo Marte y estuvieron todos, con la excepción de Alberto Anaya del PT. No hubo, en realidad, nada nuevo: lo único y no es un dato menor, es que todos hayan estado en la misma mesa y abordando un tema que es el que está definiendo en mucho el futuro del país. Las propuestas ahí están y demuestran que en eso de cambiar la estrategia en realidad no hay hacia dónde hacerse: algunos volvieron a pedir la legalización de la marihuana, como si ello (independientemente que sea un tema que se debe abordar más desde la salud pública que desde la seguridad) se pudiera hacer de la noche a la mañana y fuera determinante para transformar la situación de violencia que vivimos (y si realmente alguien lo cree no nos ha explicado cómo ocurriría ese milagro); otros hablaron de la politización de la PGR; pero lo cierto es que si algo puede salir de estos diálogos, ello tendrá que pasar por la política, por la búsqueda de los acuerdos que esa política permita adoptar.
Me queda claro que los estados y municipios no han hecho suya la lucha por la seguridad, por lo menos no con la intensidad con que lo ha hecho el gobierno federal. Queda más que claro que hay batallas que parecen perdidas en ese sentido, sobre todo cuando se trata de establecer mecanismos, por cierto imprescindibles, de centralización de funciones y mandos, o reformas judiciales que puedan homologar leyes, códigos, sistemas de procuración e impartición de justicia. Una cosa es que se establezcan acuerdos y otra que se lleven a la práctica: un ejemplo es el de la creación de las policías estatales. Los mismos gobernadores de la Conago que apoyaron casi en forma unánime esa reforma parecen discretamente estar haciéndose a un lado.
Pero lo que no se puede hacer es resignar la operación política. La pregunta es cómo se pueden presentar estas propuestas centralizadoras y que homologuen un sistema policial y de impartición y procuración de justicia generando las menores resistencias políticas posibles. Hace unos días en un foro sobre el nuevo modelo policial que resultó por cierto bastante ríspido, se le preguntó a los asistentes, la mayoría ligados a gobiernos municipales, si las policías municipales estaban en condiciones de transformarse para combatir la delincuencia y casi el 80 por ciento dijo que no. Se les preguntó si tenían recursos como para hacerlo y la votación arrojó casi el mismo resultado. Uno de los mayores opositores en ese encuentro a la centralización de las policías en un solo mando estatal, el alcalde de Guadalajara, Jorge Aristóteles Sandoval, aceptó que si cada tres años cambia el alcalde y con él los mandos y la estructura policial no se pude transformar nada. El gobierno del Distrito Federal, obviamente perredista, apoya la centralización y quiere ampliarla en la reforma que está proponiendo por razones evidentes: esa centralización de la policía preventiva y ministerial le otorga una fuerza y capacidad de operación que no tiene ningún otro estado del país. Entonces lo que hay que hacer se sabe. El problema es cómo hacerlo y allí entra otra vez la política.
¿Cómo se pueden lograr acuerdos?. Con el más absoluto pragmatismo y en pasos sucesivos. Si no se puede unificar legalmente las policías se lo puede hacer de hecho, como está comenzando a ocurrir en algunos estados. Si hay municipios que no pueden garantizar la seguridad en sus demarcaciones que contraten, literalmente paguen con los recursos federales que reciben para ello, por ese servicio a un cuerpo federal. Si no lo hacen y aseguran que sí pueden con la seguridad, que asuman sus responsabilidades. Si el punto es que los alcaldes se quedarán sin policías para sus acciones de buen gobierno u orden público, que se les mantengan esas atribuciones con los cuerpos policiales ubicados en su demarcación, e incluso que tengan fuerzas adscriptas a ese objetivo. Las lista podría continuar con muchos capítulos. Pero manteniendo los objetivos de ese proceso de centralización y homologación, por la vía de la política se puede llegar a acuerdos que no sean definitivos, pero que comiencen a hacernos transitar hacia esa dirección. Es lo único valioso que se podrá sacar de estos diálogos y si algo se logra será verdadera ganancia para todos.