Los números son inapelables: entre el 95 y el 98 por ciento de los delitos que se cometen quedan impunes. El 63 por ciento de todos los detenidos en este sexenio acusados de delincuencia organizada, han quedado en libertad. Las reformas al sistema de justicia penal, que por sí van rezagadas, no están funcionando adecuadamente, como lo reconoció el procurador Arturo Chávez Chávez. La lista de disfuncionalidades del sistema podría extenderse mucho más, pero esos pocos datos son suficientes para comprobar que las cosas no funcionan.
Los números son inapelables: entre el 95 y el 98 por ciento de los delitos que se cometen quedan impunes. El 63 por ciento de todos los detenidos en este sexenio acusados de delincuencia organizada, han quedado en libertad. Las reformas al sistema de justicia penal, que por sí van rezagadas, no están funcionando adecuadamente, como lo reconoció el procurador Arturo Chávez Chávez. La lista de disfuncionalidades del sistema podría extenderse mucho más, pero esos pocos datos son suficientes para comprobar que las cosas no funcionan. El propio procurador puso el ejemplo de la extinción de dominio y su casi nula aplicación por las contradicciones legales que se le plantean a la propia procuraduría para solicitarla.
Desde la reforma del inicio de la administración Zedillo (diciembre del 94), el poder judicial ha ido asumiendo, a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cada vez mayor protagonismo e importancia en el escenario institucional y político. Hoy la Corte tiene un peso que nunca tuvo en el pasado y sus decisiones, en un sistema tan plural y sin mayorías claras como el nuestro, adquieren mayor valor porque terminan siendo, literalmente, el fiel de la balanza en muchas decisiones políticas claves para el presente y el futuro del país. Pero por alguna razón, la Corte no se ha querido involucrar de lleno en el tema de la lucha contra el crimen organizado y la violencia. En Colombia lo hizo, tanto que se convirtió en uno de los blancos del cártel de Pablo Escobar que en una operación realizada con un grupo guerrillero tomó e incendió la sede del poder judicial, asesinando, antes, durante y después de esos hechos a varios ministros de la Corte. Quizás por ese antecedente, quizás porque no existe una protección suficiente para los impartidores de justicia, a la Corte, que ha tenido espacios tan protagónicos con temas de todo tipo, desde el matrimonio de personas de un mismo sexo hasta el incendio de la guardería ABC, no la hemos visto en este proceso.
Ello se volvió a poner de manifiesto en los encuentros de esta semana, en los Diálogos por la Seguridad. El ministro presidente, Guillermo Ortiz Mayagoitia, habló de corresponsabilidad, de tareas compartidas, de compromisos cumplidos y pidió, como lo viene haciendo la Corte desde hace años, un presupuesto mínimo fijo para el poder judicial para no tener que negociarlo año con año con el congreso, lo que le valió una dura crítica de Isabel Miranda de Wallace. Estoy de acuerdo con el presupuesto fijo para el poder judicial, es una exigencia de la realidad y no otorgarlo una suerte de mezquindad política del congreso. Pero eso no tiene nada que ver con la estrategia de seguridad y los problemas que se le presentan al poder judicial. Cuando el ministro Ortiz Mayagoitia fue interrogado sobre el tema dijo que no estaba preparado para dar esas respuestas.
No es que no se asuma el desafío: es que se lo ve con demasiada distancia, como algo ajeno. Y se opera entonces, con otros tiempos, como si se estuviera en otras circunstancias, y eso se trasmina al resto del poder judicial. Se aplica entonces la ley al pie de la letra con sanciones que no parecen tener sentido. Recuerdo muchas decisiones de este tipo, una de hace ya varios años siempre me pareció más que significativa: cuando fue detenido Héctor Luis El Güero Palma, cayó con él uno de los jefes de policía de Guadalajara. El juez que lo procesó decidió dejarlo en libertad con el argumento de que el jefe policial estaba protegiendo a Palma sólo por amistad porque no se había comprobado que hubiera recibido dinero por esa protección. En la segunda instancia terminó con una sentencia de más de 20 años.
No quisiera ni deberíamos generalizar, hay jueces que cumplen en forma notable con su labor, y la propia Corte ha asumido decisiones valientes en muchos ámbitos, pero los mismos problemas que aquejan a nuestras policías o ministerios públicos están golpeando también a los jueces. Si éste debe ser un desafío asumido en forma conjunta por los tres órdenes de gobierno, no es menos urgente que sea asumido como tal por los tres poderes de la Unión.
Por cierto, más que significativa la reunión de Enrique Peña Nieto, en medio de estos Diálogos por la Seguridad, en Washington, con funcionarios estadounidenses, incluyendo a la secretaria de Seguridad Interior, Janet Napolitano. El gobernador y precandidato quiso dejar registro propio ante el tema.