El subsecretario del Trabajo Alvaro Castro se excedió en la forma y en el fondo en la respuesta que le dio al senador Ricardo García Cervantes por la intervención de éste en el tema de Pasta de Conchos. Estuvo muy mal Castro e hizo bien Javier Lozano en ofrecer una disculpa a la cámara alta y al senador por los conceptos de su subsecretario. Pero en todo el tema de Pasta de Conchos existe también mucha ignorancia y mucha más politización. El sindicato minero y Napoléon Gómez Urrutia intentaron utilizar el caso de los mineros en Chile para revivir una historia que es completamente diferente y sobre todo para manipular políticamente los sentimientos que generó el rescate en la nación sudamericana. Y creo que mi amigo García Cervantes cayó de alguna manera en esa manipulación de los mineros.
El subsecretario del Trabajo Alvaro Castro se excedió en la forma y en el fondo en la respuesta que le dio al senador Ricardo García Cervantes por la intervención de éste en el tema de Pasta de Conchos. Estuvo muy mal Castro e hizo bien Javier Lozano en ofrecer una disculpa a la cámara alta y al senador por los conceptos de su subsecretario. Pero en todo el tema de Pasta de Conchos existe también mucha ignorancia y mucha más politización. El sindicato minero y Napoléon Gómez Urrutia intentaron utilizar el caso de los mineros en Chile para revivir una historia que es completamente diferente y sobre todo para manipular políticamente los sentimientos que generó el rescate en la nación sudamericana. Y creo que mi amigo García Cervantes cayó de alguna manera en esa manipulación de los mineros.
En Pasta de Conchos hubo muchas irregularidades, pero las más graves las cometió el sindicato contra los trabajadores no sindicalizados que fueron la mayor parte de las víctimas en aquel accidente. En Pasta de Conchos el sindicato aceptó que trabajaran asalariados externos al propio sindicato a cambio de beneficios para los dirigentes. Por eso cuando el 19 de febrero de 2006, se suscitó el accidente en la mina de carbón número 8, ubicada en el municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila, en el que perdieron la vida 65 mineros allí trabajaban tres grupos de trabajadores: el de confianza (que eran sólo cuatro trabajadores); el del Sindicato Minero que eran 25 y otro con trabajadores de una empresa contratista (36 en total, más de la mitad) llamada General de Hulla, S.A. de C.V.
Todos lamentablemente murieron pero las condiciones en las que vivían y trabajaban los sindicalizados y los contratistas diferían sustancialmente. Las condiciones de los trabajadores de la empresa contratista eran notoriamente desventajosas, en relación con las de los sindicalizados, se les pagaba menos y sus prestaciones eran inferiores, en comparación con las de los sindicalizados. Mientras que los sindicalizados recibían salarios de hasta 246 pesos diarios, todos los trabajadores externos tenían un salario diario de únicamente 110 pesos. Los trabajadores externos tenían vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, conforme a los mínimos de la Ley Federal del Trabajo, los sindicalizados según lo previsto en el Contrato Colectivo de Trabajo del Sindicato Minero, que establece prestaciones muy superiores. Las diferencias entre uno y otro grupo también prevalecían en materia de gastos de funeral, indemnización por muerte, seguro de vida y fondo de ahorro.
Fue el propio Sindicato Minero, cuyo Secretario General era entonces Napoleón Gómez Urrutia, quien consintió y promovió que coexistieran en las actividades mineras trabajadores que no eran empleados de la mina ni sindicalizados, bajo condiciones laborales inferiores, con el objetivo de que el sindicato obtuvieras prebendas por ello, a costa de las precarias condiciones laborales de los trabajadores externos. De esa forma, el Sindicato Minero firmó un convenio con la empresa concesionaria el 19 de enero de 2006 (el mismo año del accidente), aceptando que pudieran laborar en la mina trabajadores externos a la empresa y al propio sindicato, a cambio de recibir una serie de pagos que se repartían entre el Comité Ejecutivo Nacional y la Sección 13: vía ese acuerdo se pagaba una cantidad mensual equivalente al 4%, respecto de 300 pesos diarios por cada persona de la empresa contratista que laborara en la mina. De esta cantidad, se otorgaba un 60 por ciento al Comité Nacional del Sindicato Minero y el 40 por ciento restante a la Sección Sindical número13. Se daba una compensación a cada trabajador sindicalizado de un 25 por ciento de su salario tabulado, en caso de que un empleado de la empresa contratista realizara actividades catalogadas como reservadas para el puesto que ocupaba. Se pagaba cada año a la Sección Sindical 13, 15 mil pesos, por concepto de “pago de conflicto”.
Quienes se quedaban con estos beneficios eran los líderes del sindicato, y todo el acuerdo se basaba en no garantizar condiciones adecuadas para los trabajadores externos. Por eso cuando ocurrió el accidente en la mina, los beneficiarios de los mineros fallecidos del grupo de trabajadores de la empresa contratista, tuvieron problemas para recibir los pagos por concepto de indemnización y demás prestaciones por viudez y orfandad, porque no estaban protegidos, porque el sindicato así lo dispuso. Y paradójicamente tuvieron que recurrir al gobierno para que se les pagaran algunos de los beneficios que tenían los trabajadores sindicalizados porque los líderes del sindicato se oponían a que los obtuvieran. Esa es parte de la verdadera historia de Pasta de Conchos que siempre se escatima a la opinión pública.