En el debate sobre el fuero militar decíamos que hay capítulos que deben ser atendidos a la hora de establecer los límites de esa nueva legislación. Uno de ellos es la utilización que pueden hacer los grupos criminales de las instancias legales, incluyendo instituciones reales o creadas ex profeso para la defensa de los derechos humanos, con la intención de dificultar la labor militar y de las fuerzas de seguridad del Estado, con falsas imputaciones o con movilizaciones de distinto tipo. Recordábamos al respecto lo realizado hace algunos años por el propio Osiel Cárdenas con el cártel del Golfo o cómo recientemente Rafael Cedeño, del cártel de la familia michoacana, organizó, presentándose como visitador de la comisión estatal de derecho humanos en Michoacán, movilizaciones en contra de los operativos de seguridad en esa entidad.
En el debate sobre el fuero militar decíamos que hay capítulos que deben ser atendidos a la hora de establecer los límites de esa nueva legislación. Uno de ellos es la utilización que pueden hacer los grupos criminales de las instancias legales, incluyendo instituciones reales o creadas ex profeso para la defensa de los derechos humanos, con la intención de dificultar la labor militar y de las fuerzas de seguridad del Estado, con falsas imputaciones o con movilizaciones de distinto tipo. Recordábamos al respecto lo realizado hace algunos años por el propio Osiel Cárdenas con el cártel del Golfo o cómo recientemente Rafael Cedeño, del cártel de la familia michoacana, organizó, presentándose como visitador de la comisión estatal de derecho humanos en Michoacán, movilizaciones en contra de los operativos de seguridad en esa entidad.
El 15 de octubre pasado se dictó una sentencia en firme contra Francisco Javier Estrada Sánchez, un abogado apodado El Goli, acusado de delincuencia organizada y delitos contra la salud. Este litigante era conocido en Tabasco como el abogado de los Zetas, defendió a más de 60 integrantes de esa organización, servía de enlace entre los detenidos y los operadores que estaban en libertad, estuvo íntimamente ligado al atentado contra el general Francisco Fernández Solís, era parte de una extensa red de policías y mandos de seguridad locales que trabajaban para el crimen organizado y había construido, además, una estructura legal de apoyo a estos grupos con sus propia familia que incluía desde el apoyo en trabajos periodísticos de una de sus hermanas hasta un despacho jurídico en donde trabajaba otro de sus hermanos y un grupo de derechos humanos formado por familiares de narcotraficantes detenidos.
Operaban desde la ciudad de Villahermosa, con el apoyo de dos hermanos, uno también abogado, de nombre Carlos y el otro detenido en el penal de Villahermosa, de nombre Gerardo, que era el que establecía los contactos entre los internos y el propio Francisco. Otra hermana, Crystiam, era reportera de un periódico local y está acusada de colaborar con sus hermanos presentándose en los lugares donde eran detenidos o se habían realizado acciones de los Zetas para tomar fotos, sustraer documentos y trasmitir información a sus hermanos.
Quizás el capítulo más delicado de esta red es la relación que existía entre el abogado y la llamada Hermandad, un grupo de mandos policiales locales que organizaron el atentado contra el general Francisco Fernández Solís, en cuanto éste fue designado secretario de seguridad pública de Tabasco. Tres personajes eran centrales en la Hermandad, desarticulada luego del atentado al general: Juan Cano Torres, ex secretario de seguridad pública del estado; David Sánchez Alejandro, ex subsecretario de seguridad pública y José Fernando Santiago, ex subsecretario de prevención y readaptación social. Los tres fueron detenidos en marzo del 2007 acusados de colaborar en ese atentado. Desde el 2006 hasta el 2009 cuando fue detenido, el despacho de Estrada Sánchez había defendido a más de 60 integrantes de los Zetas.
Hay un caso particularmente delicado por las implicaciones que tiene y por su relación con otras investigaciones en curso. El 8 de abril del 2008, fue detenido en Guatemala, Daniel Pérez Rojas, supuestamente jefe de los Zetas en ese país. Estaba acusado, además, de haber participado en un enfrentamiento en Zacapa que había dejado once muertos. Estrada asumió en Guatemala la defensa legal de todos los miembros de los Zetas detenidos. Este ya tiene autorizada su extradición a Estados Unidos. Pero la defensa, sobre todo, buscó evitar que fuera extraditado a México. Esa detención ha sido investigada desde entonces por las autoridades mexicanas y guatemaltecas porque podría develar muchas de las redes que han construido los cárteles mexicanos en Guatemala, asolada hoy por el crimen organizado.
Finalmente se comprobó también que Estrada fue quien financió en febrero del 2009 una marcha de una supuesta organización de derechos humanos, desde la catedral de Villahermosa hasta el Palacio de Gobierno protestando contra los operativos del ejército en el estado, principalmente en el municipio de Cárdenas. La marcha fue encabezada por las esposas y familiares de tres detenidos condenados por los delitos de secuestros, delincuencia organizada y delitos contra la salud. Los tres detenidos eran también clientes de Estrada Sánchez. Esas marchas fueron simultáneas con las realizadas en Michoacán y Nuevo León. Así operan este tipo de redes, y como esas hay muchas funcionando en distintos lugares del país.