Tengo un recuerdo indeleble —me tocó cubrirlo para prensa, radio y televisión en vivo— de la firma del Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. Recuerdo haber entrevistado ese día a Juan Camilo Mouriño, entonces secretario de Gobernación, a Alejandro Martí, a María Isabel Miranda de Wallace, a María Elena Morera, a políticos del PRI, el PAN y el PRD, en un Palacio Nacional que parecía el espacio adecuado, en el momento idóneo, para que la clase política diera una muestra de sensatez y de iniciativa para acabar con la inseguridad. Todos, cuando fueron increpados por Alejandro Martí y aceptaron aquel desafío de: “Si no pueden, renuncien”.
Tengo un recuerdo indeleble —me tocó cubrirlo para prensa, radio y televisión en vivo— de la firma del Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. Recuerdo haber entrevistado ese día a Juan Camilo Mouriño, entonces secretario de Gobernación, a Alejandro Martí, a María Isabel Miranda de Wallace, a María Elena Morera, a políticos del PRI, el PAN y el PRD, en un Palacio Nacional que parecía el espacio adecuado, en el momento idóneo, para que la clase política diera una muestra de sensatez y de iniciativa para acabar con la inseguridad. Todos, cuando fueron increpados por Alejandro Martí y aceptaron aquel desafío de: “Si no pueden, renuncien”.
Siempre pensé que el acuerdo firmado era muy amplio, que debería haber tenido muchos menos puntos, mucho más concretos y con la posibilidad de ser supervisados más de cerca. Me explicaron, entonces, los que participaron en la redacción del Acuerdo, que querían hacer un proyecto amplio, de corto y largo plazos, donde estuvieran reflejadas las principales inquietudes ciudadanas.
El Acuerdo reflejó esas inquietudes, lo grave es que, tres años después, es muy poco lo que se ha cumplido. Según el seguimiento de los compromisos del acuerdo que ha realizado Causa en Común, la organización que encabeza María Elena Morera, las insuficiencias o las simulaciones son la norma.
Uno de los acuerdos es que se tenían que construir, antes de 2010, dos reclusorios federales de alta seguridad, con áreas especiales para secuestradores. Hace unas semanas se inauguró uno en Guasave y no se termina de edificar otro en Papantla. No se han creado módulos especiales para secuestradores.
La sobrepoblación en los centros estatales está generando creciente violencia y corrupción. Sólo en enero de este año hubo 64 incidentes, la mayoría motines, en penales estatales y municipales; 19 asesinatos, cuatro suicidios, 33 riñas y tres fugas.
La cuota diaria que paga la Federación a los estados por cada reo que está ingresado en un penal estatal acusado de delitos federales (hasta 38% de los internos en Chihuahua, por ejemplo) sigue siendo, desde 2009, de sólo 50 pesos diarios por interno.
En dos años se debía haber modernizado el sistema de aduanas, “para reducir el contrabando, el tráfico de armas y de precursores químicos”. Según la evaluación que realiza Causa en Común, y a pesar de una inversión de casi mil 40 millones de pesos, el tráfico de armas y precursores continúa, con el agravante de que en la frontera sur no se han realizado inversiones significativas. De los 25 cruces fronterizos en la región, en sólo tres hay presencia de la SHCP.
En el Programa Escuela Segura, la cobertura alcanza apenas a 26.5% del total de escuelas públicas del país, aunque en algunas entidades, como Michoacán, por ejemplo, se entiende, como parte del Programa Escuela Segura, impartir clases de cuidado a la salud bucal.
El Poder Legislativo se comprometió a aprobar en un año la Ley Federal del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Sanciones, imprescindible para la reparación del daño a las víctimas y para todo el régimen de liberaciones. Continúa pendiente.
En 30 meses se tendría que haber concretado la creación y consolidación, en el ámbito del Poder Judicial, de los juzgados especializados en justicia para adolescentes. Existe ya, incluso, una Ley Federal de Justicia para Adolescentes, pero mientras no existan los juzgados, “los menores identificados como integrantes de la delincuencia organizada, traficantes e incluso sicarios, como se han presentado en los últimos meses, tendrán que ser liberados” por la justicia federal.
En los estados es muchísimo lo que está pendiente de los compromisos firmados. En un año se tendrían que haber depurado los cuerpos policiales y de seguridad. Sólo ocho estados tienen centros de control de confianza acreditados. Nada más han sido evaluados 84% de los altos mandos de seguridad y justicia de los estados. Respecto al total del personal, apenas se ha evaluado a 25 por ciento. No ha habido, dice Causa en Común, voluntad política para cumplir con esta promesa. En seis meses tendrían los estados que aprobar leyes que adecuaran sus sistemas al marco nacional: dos entidades, el estado de México y Quintana Roo, no lo han cumplido en absoluto, otras siete no cuentan con sistemas estatales de desarrollo policial, y 26 no han revisado sus mecanismos de selección y capacitación de elementos de seguridad. Y 42% de los municipios no rinde cuentas sobre los subsidios que recibe del Subsemun, y muchos policías municipales están armados, pero no tienen permisos de portación. La lista podría continuar.
Lo cierto es que han pasado tres años y tenemos más simulaciones que compromisos cumplidos. Si se le tomara la palabra a Alejandro Martí , muchos en los tres niveles de gobierno y en los Tres Poderes de la Unión tendrían que haber presentado ya su renuncia. Más que pedir perdón, hay que cumplir con los compromisos adquiridos.