Lo ocurrido en el penal de Apodaca, en Nuevo León, pone de manifiesto cuál es el punto más débil de cualquier estrategia de seguridad en los estados y cómo no es suficiente, aunque muchos crean que es así, con renovar policías, establecer nuevas estrategias de seguridad regionales, cambiar mandos, establecer compromisos con la gente. Todo eso es imprescindible, pero el hecho es que sin cárceles que funcionen como deben y sin un sistema de procuración e impartición de justicia que cumpla con su cometido todo lo demás será insuficiente.
Lo ocurrido en el penal de Apodaca, en Nuevo León, pone de manifiesto cuál es el punto más débil de cualquier estrategia de seguridad en los estados y cómo no es suficiente, aunque muchos crean que es así, con renovar policías, establecer nuevas estrategias de seguridad regionales, cambiar mandos, establecer compromisos con la gente. Todo eso es imprescindible, pero el hecho es que sin cárceles que funcionen como deben y sin un sistema de procuración e impartición de justicia que cumpla con su cometido todo lo demás será insuficiente.
El año pasado se fugaron más de 600 presos de los distintos reclusorios que dependen de instancias estatales y municipales. Es un número altísimo y en este año, de continuar la tendencia actual, la cifra será aún mayor. A eso le tenemos que sumar la reiteración de motines y en este caso, la provocación de un motín, que dejó 44 muertos, para propiciar la fuga de unos 30 reclusos, muchos de ellos de alta peligrosidad.
En el terreno de la seguridad y la justicia no se puede trabajar sobre un terreno sin consecuencias en los otros. En todo este proceso que ha generado tantos costos para la sociedad, el hecho es que mientras se avanza en la construcción de una policía federal, estamos estancados en los modelos policiales estatales; en los estados en que se comienzan a reconstruir las policías locales, se descubre que las municipales están en estado catastrófico; cuando, pese a todo, los operativos de sustitución de policías comienzan a funcionar, se descubre muy rápido que la impartición y procuración de justicia no funciona: hoy el 98 por ciento de los delitos denunciados quedan impunes. Y cuando finalmente alguien termina en la cárcel, las fugas, los motines, la corrupción de las propias autoridades, tornan inservible cualquier política ya no hablemos de readaptación, sino simplemente para impedir que desde allí se continúe delinquiendo.
Hay compromisos muy específicos en éste y en otros terrenos asumidos por las autoridades federales y locales y no ha pasado absolutamente nada con la mayoría de ellos. Uno de los acuerdos es que se tenían que construir, antes de 2010, dos reclusorios federales de alta seguridad, con áreas especiales para secuestradores. Hace unas meses se inauguró uno en Guasave y se está terminando de edificar otro en Papantla. Existe un plan ambicioso en ese sentido, y se debe reconocer que, por lo menos en los penales federales, no ha habido ni motines ni fugas. Pero el problema es que existen miles de detenidos acusados de delitos federales que están en penales estatales.
La sobrepoblación en los centros estatales está generando cada vez más violencia y corrupción. En los que va del año ha habido más de 60 asesinatos en los penales locales. Más de dos terceras partes de los 298 penales estatales están sobresaturados. La cuota diaria que paga la Federación a los estados por cada reo que está ingresado en un penal estatal acusado de delitos federales (hasta 38 por ciento de los internos en Chihuahua, por ejemplo) sigue siendo, desde 2009, de sólo 50 pesos diarios por interno.
Según los compromisos asumidos en aquel acuerdo por la seguridad firmado por los tres poderes de la Unión y los tres niveles de gobierno hace más de tres años, se debían haber bloqueado los celulares en todos las prisiones, y no existe ni una sola dependiente del ámbito local, en que ello haya ocurrido. Y desde las prisiones se manejan los secuestros, las extorsiones, muchas de las bandas y pandillas. El Poder Legislativo se comprometió a aprobar en un año la Ley Federal del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Sanciones, imprescindible para la reparación del daño a las víctimas y para todo el régimen de liberaciones. Continúa pendiente.
No sólo están saturados los penales, sino también los centros de detención para menores de edad. En 30 meses después de la firma de esos acuerdos se tendría que haber concretado la creación y consolidación, en el ámbito del Poder Judicial, de los juzgados especializados en justicia para adolescentes. Existe ya, incluso, una Ley Federal de Justicia para Adolescentes, pero mientras no existan los juzgados, los menores identificados como integrantes de la delincuencia organizada, traficantes e incluso sicarios, como se han presentado en los últimos meses, tienen que ser liberados por la justicia federal.
En los estados es muchísimo lo que está pendiente de los compromisos firmados. En un año se tendrían que haber depurado los cuerpos policiales y de seguridad, nadie lo ha hecho plenamente. Sólo ocho estados tienen centros de control de confianza acreditados. Nada más han sido evaluados 84 por ciento de los altos mandos de seguridad y justicia de los estados. Respecto al total del personal, apenas se ha evaluado a 25 por ciento, y entre los no evaluados suele estar el personal de los penales, a pesar de que una y otra vez aparecen esos funcionarios implicados en distintos delitos.
El sistema, incluso en estados que han hecho un esfuerzo por renovar sus cuerpos de seguridad, como en Nuevo León, no funcionará si todas las piezas no terminan de acomodarse y si la reforma no es verdaderamente integral. Y Apodaca, una vez más, nos lo recuerda