No hay, al momento de escribir estas líneas, información suficiente como para sacar conclusiones, pero estoy convencido de que la PGR y la Secretaría de la Defensa Nacional, no hubieran divulgado la presentación en la SIEDO, del general retirado Tomás Ángeles Dauahare y del general brigadier Roberto Dawe González, sin contar, por lo menos, con elementos sólidos que justificaran esa acción. Tomás Angeles es un hombre de peso e historia en el ejército mexicano y no estaría hoy detenido, presuntamente acusado de relaciones con el crimen organizado, por simples sospechas. Pero insistimos, falta información.
No cabe duda de que Miguel Angel Mancera es el aspirante mejor posicionado para ganar el próximo primero de julio la jefatura de gobierno del Distrito federal. Me parece además, un excelente candidato, con todo el perfil necesario para gobernar la ciudad y hacerlo bien. Pero se le acaba de abrir un flanco que habrá que ver qué tanto lo puede afectar: el de su propio pasado en la procuraduría de justicia del Distrito federal.
El lunes fueron detenidos 13 agentes del área de inteligencia de la policía judicial local que tenían secuestrada y extorsionaban a una familia en la delegación Gustavo A. Madero. No fueron ni uno ni dos ni tres agentes, sino una docena de ellos y un civil (aparentemente una madrina, como se les llama a los civiles que trabajan con los judiciales) que fueron detenidos por personal de la policía preventiva. La magnitud del caso ha llevado a investigación al propio director de la policía judicial local, Raúl Peralta Alvarado, un funcionario muy cercano al propio Mancera y a quien se lo ha elogiado por supuestamente haber limpiado esa policía ministerial que arrastraba pésima imagen desde hace años.
El que haya tantos agentes de un área tan especializada involucrados en este delito tan grave, ha llevado a que la propia procuraduría capitalina haya decidido investigar toda la estructura de la Policía de Investigación de la Ciudad, para saber hasta dónde llega esta red de corrupción. En esa investigación, según el propio procurador, Jesús Rodríguez Almeida, se indagará hasta dónde pueden estar involucrado Raúl Peralta y el propio jefe de la división de investigación, Fernando de Anda Ríos, responsable inmediato de los agentes detenidos.
El tema es grave porque en forma recurrente, aún en casos que se dieron hace años, pero que continúan sin esclarecerse, aparecen policías judiciales involucrados en casos de secuestro. Uno de los más sonados el de Fernando Martí. En el libro Justicia Inútil, que escribimos junto con Bibiana Belsasso decíamos que en el caso Martí uno de los capítulos a resolver (y en eso no se ha avanzado) es el de la participación de agentes judiciales. Por sobre todas las cosas se debe saber quién se robó, y todo señala cada vez más a integrantes de la Policía Judicial del DF, los cinco millones de pesos que se pagaron por el rescate de Fernando y que no llegaron a los secuestradores, lo que propició la muerte del joven. La tesis de la participación de agentes judiciales del DF (y en menor grado de otras corporaciones) se fortalece por las propias declaraciones que realizó Abel Silva Petriciolet, jefe de la banda que realizó ese y muchos otros secuestros, quien ha hablado de los secuestros, los retenes, de quiénes participaban en ellos y del asesino material de Fernando Martí pero no reconoce como participantes en ellos a los supuestos integrantes de la llamada banda de La Flor, detenida por la procuraduría del Distrito Federal. Ni siquiera dice conocerlos.
La investigación de la policía capitalina en el caso Martí fue fallida desde un inicio. Luego de aquella reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública donde Alejandro Martí les exigió a las autoridades que si no podían con la inseguridad renunciaran, casualmente la policía judicial capitalina “resolvió” el caso en 24 horas: los secuestradores y asesinos eran de la banda de La Flor, encontraron a su líder, Sergio Ortíz, El Apá, quien acababa de sufrir un atentado que lo había dejado casi parapléjico y al borde la muerte y detuvieron a otras personas entre ellas la Lore, una mujer policía que estaba pasando de la AFI a la PFP al momento de su detención. El caso según las autoridades capitalinas estaba resuelto. Pero resultó que no era así.
Nunca supimos cómo llegaron a Sergio Ortiz, ni si eran de la banda de La Flor los secuestradores de Fernando. Al contrario, cuando fueron detenidos los integrantes de los Petriciolet quedó muy claro que ellos, que además lo reconocen, eran los verdaderos responsables de secuestro y muerte de Fernando. Pero también que ellos mismos decían que no habían recibido el dinero del rescate que Alejandro había pagado y que se habrían apropiado de él, agentes de la propia procuraduría capitalina. El caso sigue abierto y mientras el ministerio público federal tiene detenida a toda la banda de los Petriciolet por este caso, la procuraduría capitalina mantiene detenidos a los supuestos integrantes de la banda de la Flor. O sea que hay dos bandas diferentes acusadas de un mismo secuestro y asesinato. La diferencia es que los integrantes de la primera reconocen haber cometido ese delito y los segundos no.
Hubo muchos otros casos similares, quizás el de la señora Cevallos Coppel, muerta en el intento de rescate, haya sido uno de los más notables, pero lo cierto es que no recuerdo un caso en el que una decena de agentes en activo de un área de investigación hayan sido detenidos acusados de un secuestro. Puede ser una bomba y Mancera deberá tener mucho cuidado de que no le estalle en las manos.