Durante la administración Fox, el gabinete de seguridad estuvo fraccionado y sin un mando claro, con la consecuencia evidente de un aumento generalizado de la inseguridad y una presencia cada día más importante, sobre todo en los dos últimos años de esa administración, del crimen organizado. Felipe Calderón llegó al poder convencido de que tenía que hacer ajustes profundos para garantizar la gobernabilidad y para recuperar áreas del territorio nacional que habían quedado prácticamente bajo el control de la delincuencia.
Durante la administración Fox, el gabinete de seguridad estuvo fraccionado y sin un mando claro, con la consecuencia evidente de un aumento generalizado de la inseguridad y una presencia cada día más importante, sobre todo en los dos últimos años de esa administración, del crimen organizado. Felipe Calderón llegó al poder convencido de que tenía que hacer ajustes profundos para garantizar la gobernabilidad y para recuperar áreas del territorio nacional que habían quedado prácticamente bajo el control de la delincuencia.
El presidente Calderón quiso operar exactamente al revés, en ese y otros sectores, que el presidente Fox, pero por lo menos en el terreno de la seguridad, los resultados del diseño institucional tampoco fueron los mejores. El presidente decidió mantener el esquema que heredó de Fox, pero fortalecer en forma muy sensible a la secretaría de seguridad pública, a la Defensa y a la Marina, mientras mantenía a Gobernación en los hechos fuera de la decisión operativa. El presidente decidió centralizar en Los Pinos, en sus manos, el control del gabinete de seguridad y el esquema, con deficiencias, funcionó el primer año porque el presidente Calderón tuvo, también durante ese primer año, una eficiente labor de coordinación desde su oficina que estaba bajo el mando de Juan Camilo Mouriño. Paradójicamente el diseño comenzó a mostrar su fallas en el momento en el que Juan Camilo fue promovido de Los Pinos a Gobernación.
El problema era sencillo: el presidente encabezaba, con un estilo de gobernar que en ocasiones cae en la microadministración, en la toma de decisiones muy específicas, un gabinete de seguridad donde cada uno de sus integrantes tenía mayor peso específico y autoridad en su propio ámbito, pero eso no garantizaba mayor coordinación porque no hubo quien cumpliera con esa labor y un presidente de la república no puede hacer ese seguimiento cotidiano. En la enorme mayoría de las democracias ese seguimiento y esa responsabilidad se deposita en el ministerio del interior o en algunos casos en la Defensa, que suele ser un ministerio civil que, como en Colombia, tiene el control y la coordinación de las fuerzas de seguridad, desde las militares hasta las policiales.
El diseño institucional en nuestro caso resultó dañado desde que se separó la seguridad pública de Gobernación. El esquema que se había creado en los últimos años de la administración Zedillo era el más adecuado: una muy poderosa subsecretaría, que tenía control sobre la naciente policía federal, sobre el también naciente sistema nacional de seguridad pública, en el que ya participaban los gobiernos estatales, con grupos de operación conjunta en los distintos estados de la república, y un Cisen poderoso, que tenía de el monopolio de la inteligencia civil (la Sedena y la Marina, ésta entonces en forma incipiente, tenían y tienen sus propias área de inteligencia, que se coordinaban en ocasiones específicas con las áreas civiles), e incluso un área operativa bastante bien preparada. La coordinación con la PGR, con las secretarías militares y obviamente con las policías que dependían de esa misma dependencia, estaba en la secretaría de Gobernación, bajo el mando directo del presidente de la república. Lo importante era que existía un escalón operativo institucional entre el propio presidente y las áreas de seguridad del gabinete. Ese esquema se rompió en la administración Fox.
Al llegar el presidente Calderón, dejó de lado varios de los instrumentos que se habían planteado durante el foxismo pero no se creó la instancia que estableciera ese escalón operativo institucional entre los miembros del gabinete y el propio presidente, en un contexto de desafíos mucho mayores y más cotidianos que durante la administración anterior. Hubo dos momentos en que eso se hubiera podido lograr: el primero, mucho menos institucional pero muy operativo fue durante el primer año, por la preeminencia que tenía Juan Camilo en la oficina de la presidencia. El segundo momento fue cuando se llevó al gabinete de seguridad a Jorge Tello Peón. Nunca llegó a funcionar. Ni Tello Peón nunca llegó a coordinar ese gabinete ni el presidente Calderón le dio el espacio real para hacerlo. En los hechos, la Defensa, la Marina, Seguridad Pública y, en ocasiones sí y en otras no, la PGR, tuvieron siempre una presencia fuerte, autónoma, de competencia pero también de desconfianza entre sí, en un gabinete que encabezaba el presidente sin ningún escalón intermedio.
El punto central está, hay que insistir en ello, en que esa coordinación debe estar en el área política del gobierno: con las secretarías, con los gobiernos estatales, con la propia oficina de la presidencia. Y debe estar en Gobernación convertida en un ministerio del interior que envíe el mensaje de que la seguridad es una responsabilidad técnica y operativa, pero esencialmente política.