Todo indica, según la información disponible a cuentagotas, que lo ocurrido en el aeropuerto capitalino (donde dos policías federales asesinaron a tres elementos de esa misma corporación) no fue, como se dijo originalmente, un mal desenlace de un operativo donde se intentaba detener infraganti a los que resultaron ser los dos asesinos, sino que los cinco elementos eran parte de un mismo grupo y se estima que por alguna razón hubo una disputa y una ruptura entre ellos. Es la única razón que permitiría explicar que los dos elementos pudieran sorprender a los otros tres y asesinarlos sin que éstos siquiera pudieran reaccionar ante los hombres que supuestamente iban a detener.
Todo indica, según la información disponible a cuentagotas, que lo ocurrido en el aeropuerto capitalino (donde dos policías federales asesinaron a tres elementos de esa misma corporación) no fue, como se dijo originalmente, un mal desenlace de un operativo donde se intentaba detener infraganti a los que resultaron ser los dos asesinos, sino que los cinco elementos eran parte de un mismo grupo y se estima que por alguna razón hubo una disputa y una ruptura entre ellos. Es la única razón que permitiría explicar que los dos elementos pudieran sorprender a los otros tres y asesinarlos sin que éstos siquiera pudieran reaccionar ante los hombres que supuestamente iban a detener.
Que distintas redes del crimen organizado han penetrado las estructuras de seguridad del aeropuerto capitalino no es ninguna novedad: ya en el pasado han sido detenidos funcionarios de alto nivel de la SSP y de la PGR (y de otras corporaciones locales y federales) por estar coludidos con diferentes grupos criminales, desde los del crimen organizado hasta los que realizan secuestros express o robos a viajeros, sobre todo turistas. En ese sentido, el aeropuerto capitalino es una surte de microcosmos de cómo están las cosas en el ámbito de la seguridad y de la confusión que reina en él, por un mal diseño estructural que termina fomentando o abriendo paso a la corrupción.
El aeropuerto internacional de la ciudad de México es zona federal y allí la responsabilidad es de la secretaría de Comunicaciones y Transportes, que tiene sus propios cuerpos de seguridad. La seguridad general del aeropuerto está en manos de la Policía Federal que depende de la SSP. El perímetro del aeropuerto es responsabilidad de la policía preventiva del Distrito Federal. Dentro de las dos terminales aéreas, hay agentes de la PGR; de migración, que son parte de Gobernación; de aduanas, que dependen de la secretaría de Hacienda; incluso de la Semarnat, para controlar el acceso de productos vegetales o animales, y de la secretaría de salud, sobre todo en momentos de potencial peligro epidemiológico. Pero además, existe seguridad privada: todos los accesos a las áreas de embarque están controlados por la empresa española Eulen, con su propio personal (que suele ser el peor preparado). Las líneas aéreas tienen personal de seguridad y también algunos comercios importantes. Y ahí trabajan pilotos, sobrecargos, personal de tierra, empleados de todo tipo. Se mueven millones de piezas de equipajes, un millón de pasajeros y visitantes por día, y se mueve un porcentaje importante de la carga que llega y sale del país. Y la lista no es exhaustiva.
En ese contexto, resulta obvio que cuando hay muchos mandos, en realidad no hay ninguno, y allí mismo florece la oportunidad para la corrupción porque, más allá de los convenios institucionales, sin acuerdos personales entre empleados o funcionarios de las distintas áreas, la operación podría terminar siendo caótica, porque no hay un mando realmente único que asuma la responsabilidad de lo que ocurre en todo el aeropuerto y su periferia.
Y el problema no es sólo que entre o salga droga, o dinero lavado del crimen organizado. Allí entran con regularidad migrantes de otro tipo, particularmente chinos y asiáticos, que pagan muy altas cantidades para ser colocados en vuelos hacia Estados Unidos o hacia la frontera para entrar en ese país: indocumentados que son tratados en forma muy diferente al campesino guatemalteco que tiene que cruzar México trepado a un tren plagado de amenazas. Por allí entran o salen productos químicos, contrabando, gente. Es un mundo donde la multiplicación de pequeñas o grandes instituciones que se encargan de espacios muy específicos es lo que deja los grandes huecos para que penetre la corrupción. Así funciona también el país.
Dos años de Rodolfo Torre
Hace dos años, fue asesinado el candidato del PRI al gobierno de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, que apenas unos días después habría sido elegido, sin duda, gobernador de su estado, como ocurrió con su sucesor, su hermano Egidio. Rodolfo era un buen hombre y un candidato sobre el cual nunca hubo sospechas sobre una presunta o real relación con los grupos criminales que han asolado Tamaulipas. Tampoco sobre Egidio, una sospecha que sí se yergue sobre quienes fueron sus antecesores y muchos políticos que han pasado de una u otra forma por el estado. Su asesinato sigue impune y esa impunidad se torna dolorosa en dos sentidos: una, en el personal, la familia Torre Cantú tiene el derecho de saber quién mató a su esposo, su padre, su hijo, su hermano. Era un hombre honesto y merece, exige, esa respuesta. Pero además, por un hecho eminentemente político: no puede ser asesinado un próximo gobernador electo y que no pase nada, no se sepa nada, que no haya responsables. La muerte en ningún caso, pero mucho menos en éste, puede tener permiso.