Hay muchas reformas que indudablemente son urgentes, no desde el 1 de julio, sino desde 1997 por lo menos. Ahí están las multicitadas reformas fiscal, energética, laboral. Pero me temo que, independientemente de ellas, la próxima administración Peña Nieto debe, necesariamente, abordar con carácter prioritario, desde el equipo de transición que ya está comenzando a trabajar, las reformas al tema de la seguridad.
Hay muchas reformas que indudablemente son urgentes, no desde el 1 de julio, sino desde 1997 por lo menos. Ahí están las multicitadas reformas fiscal, energética, laboral. Pero me temo que, independientemente de ellas, la próxima administración Peña Nieto debe, necesariamente, abordar con carácter prioritario, desde el equipo de transición que ya está comenzando a trabajar, las reformas al tema de la seguridad.
No hay en ese terreno recetas mágicas. Tampoco existen personajes que con su sola presencia le den un giro a la difícil situación que estamos viviendo. Lo sucedido en los comicios en varios estados, sobre todo del norte del país, ha demostrado que la sociedad castiga a los gobiernos locales que se deben enfrentar al desafío del narcotráfico sin encontrar vías para solucionarlo, incluso a los que mayores esfuerzos han realizado en este sentido, y que, paradójicamente, apoyan al gobierno federal en ese tema, a diferencia de otras entidades, menos inseguras pero donde se castigó al PAN por haber enfrentado a la delincuencia organizada.
Se ha dicho que incluso alguno de los grupos criminales podría haber impulsado a uno u otro partido o candidato, por lo atípico de ciertas votaciones. Puede ser, pero la verdad es que esas organizaciones cuando operan, lo suelen hacer en un terreno mucho más local: en los estados y municipios es donde ese control les interesa más. Y es allí donde tiene mayores debilidades, de todo tipo el sistema de seguridad.
Las reformas que se deben hacer en ese terreno son varias, son amplias y están planteadas desde hace ya por lo menos cuatro años. Desde los mandos únicos hasta la implementación de los juicios orales, desde la existencia de un código penal y procesal único hasta la creación de células especiales para el combate a grandes capos, desde el mando único policial hasta el bloqueo de los celulares en los penales. Todo está planteado, se conoce, se sabe cómo hacerlo pero no se hace por intereses políticos o por simple desinterés. Y mientras tanto los índices de criminalidad crecen y la cifra de delitos denunciados que continúan impunes sigue siendo del 98 por ciento.
El problema es que se necesita más que cumplir con el catálogo de medidas que ya están planteadas desde años atrás, muchas de ellas incluso con iniciativas de ley presentadas ya en el congreso. Se requiere un rediseño institucional, con cirugía mayor en las áreas de gobierno y seguridad. Y no sé si el nuevo gobierno, o los gobiernos estatales y el congreso, esté dispuesto a adoptar medidas que hagan más eficiente la seguridad y gobernabilidad centralizando procedimientos, mandos, estrategias: la actual pulverización del poder le cuesta económica y socialmente a la gente, aumenta los espacios de operación de la delincuencia y debilita a todas las instituciones por igual. Pero permite mantener cotos de poder locales muy amplios, permite en muchos casos asociarse con grupos criminales o no involucrarse seriamente en la lucha contra la inseguridad y los costos son mínimos. Hay una diferencia sin embargo: la sociedad está comenzando a castigar electoralmente a quienes fueron omisos, a quienes fueron prescindentes o a quienes terminaron de una u otra manera asociándose con los criminales, aunque en algunos pocos casos sus sucesores estén haciendo hasta lo imposible por modificar el curso de las cosas.
En estos meses de transición no se podrán hacer cambios operativos, pero se pueden realizar las modificaciones legales que el combate a la delincuencia requiere y de esa manera comenzar a construir los instrumentos y generar las expectativas que también se necesita crear para avanzar en ese sentido. Es verdad, la violencia no intervino en las campañas y en los comicios; también es verdad que no se ha comprobado que algún cártel haya tenido un rol protagónico en los comicios, a favor o en contra de alguno de los partidos o candidatos. Pero la clave de la gobernabilidad futura está en la seguridad. Y algún día se deberá aceptar que la seguridad es evidentemente técnica pero que, por sobre todas las cosas, es política. Que eso es lo que ha faltado a lo largo de muchos años y esa respuesta política a la seguridad es la que tiene que dar la próxima administración.
La pregunta es sencilla: ¿en el futuro los gobernadores negociarán sus presupuestos y apoyos, sus estrategias y designaciones, en la secretaría de Seguridad Pública, en la Sedena y en la Marina o en la secretaría de Gobernación convertida en un auténtico ministerio del interior?. Ahí se definen los rumbos, las alternativas institucionales y políticas de la seguridad.