Subordinar una reforma política a una estructural siempre es una mala estrategia. Le sucedió a la administración Zedillo, a la de Fox y a la de Felipe Calderón las que por diversas razones subordinaron reformas de fondo, desde la fiscal hasta la energética particularmente, a reformas políticas, buenas, malas o regulares para que, después, en ninguno de los tres casos esas reforma, sobre todo la energética, pudiera ver la luz, o se limitara a ajustes muy lejanos de los necesarios.
Subordinar una reforma política a una estructural siempre es una mala estrategia. Le sucedió a la administración Zedillo, a la de Fox y a la de Felipe Calderón las que por diversas razones subordinaron reformas de fondo, desde la fiscal hasta la energética particularmente, a reformas políticas, buenas, malas o regulares para que, después, en ninguno de los tres casos esas reforma, sobre todo la energética, pudiera ver la luz, o se limitara a ajustes muy lejanos de los necesarios.
Ahora estamos en una situación similar, aunque se debe reconocer que, se esté de acuerdo o no con el contenido de la mayoría de ellas, estamos viviendo una suerte de círculo virtuoso en término de reformas, en las cuales se ha avanzado en muchos temas y ninguno, pese a las vicisitudes sufridas, se ha transformado en un escollo que paralizara la actividad legislativa. Ahora nos acercamos a una situación decisiva en este proceso: tiene que salir en estos días la reforma fiscal en el senado, concretarse la reforma política y comenzar a perfilarse la energética, todo mientras se debe definir y votar el presupuesto.
Las batallas legislativas que se libran son bastante transparentes. En el ámbito fiscal, el desafío es que la reforma aprobada en diputados pase por un senado donde el PRI y el Verde necesitarán apoyo de perredistas para sacarla adelante. Y ese apoyo puede derivar, todavía, en cambios que obliguen a reenviar a la colegisladora el dictamen. No se esperan cambios dramáticos, pero será difícil que pase por la cámara alta sin cambios.
Pero que esos cambios sean menores o mayores dependerá de otras cartas, particularmente la confección final del presupuesto. Para cualquier legislador, más allá de los impuestos que deba cobrar, que en última instancia termina siendo una labor federal, lo importante es cuánto dinero recibirá su estado o su sector de influencia, qué obras públicas podrá hacer, cómo quedará su relación con su gobernador. La negociación del presupuesto, que será, por cierto, el mayor de la historia, tiene relación directa con todo lo sucede en torno a las demás negociaciones. Y ésta es la hora clave para utilizar esas cartas, en el oficialismo y en la oposición.
Pero la mayor dificultad sigue siendo esa trampa que se pusieron mutuamente los partidos de atar la reforma energética a la política. Esta última saldrá adelante y hay ya muchos puntos de acuerdo. Habrá, según lo que sabemos, reelección de legisladores y seguramente de presidentes municipales. Habrá un aumento del porcentaje que necesitan los partidos para mantener su registro y habrá que ver cómo se legisla respecto a las candidaturas independientes y a instrumentos de consulta directa. Todo indica que se creará el Instituto Nacional de Elecciones, una propuesta que en el papel suena muy bien, pero que en la práctica puede terminar siendo un caos si no se hace gradualmente e incorporando a los estados en el proceso.
Desde el PRI parecen dispuesto a aceptar todo menos la segunda vuelta en las elecciones presidenciales. Resulta obvio que ese mecanismo (que tampoco creo que sea el bálsamo para las inconformidades, si no existe la voluntad política para aceptar las reglas del juego) está pensado en tratar de bloquear al PRI de cara al futuro, aunque por razones similares tampoco el PRD e incluso Morena, están completamente de acuerdo con el mismo.
Hay sectores del PAN que están apostando a que si no hay segunda vuelta se cancelará una reforma energética en la cual sus votos son cruciales. Sería un error de enorme trascendencia. Puede haber y habrá reforma política donde estarán la enorme mayoría de los puntos demandados por el PAN, pero en cualquier negociación un partido sabe que no puede pedir lo imposible para su contendiente. El PAN puede alcanzar una reforma política de amplísimo calado, dejando fuera la segunda vuelta y puede pedir mucho más de lo propuesto en la energética por la iniciativa presidencial, y exhibir ganancias en las dos. Apenas la semana pasada decíamos que lo pedido por Josefina Vázquez Mota de que se voten simultáneamente las reformas constitucionales en el ámbito energético junto con el paquete de leyes secundarias no sería viable, que rompía los ritmos de la negociación (primero lo constitucional, luego las secundarias). Pues ya no es así: desde ámbitos oficiales aseguran que atenderán esa propuesta y que muy probablemente a la hora de sacar la reforma energética la misma saldrá con leyes secundarias y todo, como parte precisamente de esa negociación con el PAN, que puede resultar enormemente beneficiado por esos acuerdos…o perder todo si los bloquea sin razón.
Nada de esto será fácil o sencillo, pero evidentemente en esa suma de equilibrios se tendrá que encontrar el que le dé estabilidad a un país, una economía y una sociedad que está harta de que los partidos jueguen todos los días con su futuro.