07-10-2014 Tiene toda la razón el presidente Peña Nieto al decir que está “profundamente indignado y consternado ante la información que ha venido dándose” sobre el secuestro y, aparentemente, el asesinato de 43 normalistas de Ayotzinapa. También en demandar que (con el gabinete de seguridad federal) “tomemos acciones y participemos en lo que permita el debido esclarecimiento de los hechos, encontrar a los responsables y aplicar de manera estricta la ley a estos hechos… (porque)en el estado de derecho no cabe el más mínimo resquicio para la impunidad”.
Es lo menos que se puede pedir al ejecutivo federal: el secuestro y presunto asesinato de 43 personas a manos de fuerzas de seguridad no puede pasar desapercibida para las autoridades. Pero en esto debe haber también otro tipo de responsabilidades incluyendo la política. Hace 18 años, Angel Heladio Aguirre llegó al gobierno de Guerrero como consecuencia de la matanza de Aguas Blancas. Luego de varios meses de haber negado los hechos, el gobernador Rubén Figueroa tuvo que renunciar a su cargo cuando el periodista Ricardo Rocha difundió videos que demostraban que se trató de una matanza, no de un enfrentamiento iniciado por los campesinos. Llegó al gobierno Angel Aguirre, quien era entonces el presidente estatal del PRI, un funcionario cercanísimo a Figueroa. Pasaron los años, Aguirre fue diputado y senador por el PRI, y quiso ser nuevamente candidato a gobernador por ese partido. Le dijeron que no, en parte por su pasado, pero, se convirtió en candidato del PRD sin haber militado un solo día de su vida en la izquierda. Una izquierda que ahora, a diferencia de Tlatelolco o Aguas Blancas, dice que el gobernador no es responsable de nada de lo sucedido en Iguala.
Ayer se esperaba que el presidente Peña Nieto fuera aún más contundente en su mensaje sobre Iguala en Palacio Nacional. No sé si podía exigirle al gobernador que por lo menos pidiera licencia mientras se realizan las investigaciones, pero sí que se designara una fiscalía especial o una intervención en toda la línea de las fuerzas de seguridad estatales, profundamente penetradas por el narcotráfico y los grupos criminales. Pero en esa vía hay que leer el mensaje.
¿Por qué tendría que pedir licencia Aguirre Rivero?. Primero, por una elemental congruencia. No estamos ante un hecho menor: 43 estudiantes secuestrados por policías locales en convivencia con delincuentes, trasladados en vehículos oficiales, siete muertos y por lo menos 25 heridos.
El presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, es un personaje muy cercano al gobernador Aguirre, también llegado de última hora al PRD como el mandatario y que fue muy influyente en su campaña. Desde siempre se supo que uno de sus cuñados fue Alberto Pineda Villa El Borrado, hermano de su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, uno de los jefes de los Beltrán Leyva en Guerrero, y su otro cuñado es Salomón Pineda El Molón, que estuvo preso en Tamaulipas y fue puesto en libertad apenas el año pasado. Las autoridades afirman que Salomón Pineda es el actual jefe de los Guerreros Unidos en Iguala. Si el presidente municipal es cuñado de los dos principales líderes del crimen organizado en esa misma ciudad ¿usted lo apoyaría para ese cargo?¿no le pondría especial atención a su desempeño?¿ no le pediría que rindiera cuentas?¿no tendría por lo menos que pasar algún control de confianza?. Nada de eso se hizo con Abarca.
Las primeras versiones oficiales trataron de hablar, como en Aguas Blancas, de un enfrentamiento o de ataques de los normalistas. Hay videos que muestran que no fue así: los policías municipales llegaron con un objetivo claro, dispararon y se llevaron en patrullas y camionetas oficiales a los jóvenes. Uno de ellos, un joven apodado el Chilango, apareció desollado al día siguiente.
A pesar de esos testimonios y del cadáver encontrado, lo primero que decidió el gobierno estatal, fue realizar una búsqueda casa por casa en Iguala porque se mantuvo la tesis de que los estudiantes estaban escondidos, cuando se sabía que se los habían llevado los policías. Casi una semana se perdió con la ridícula búsqueda casa por casa, hasta que uno de los policías detenidos habló de las fosas comunes.
El gobernador Aguirre, por cierto, tardó poco más de 72 horas en hacer su primera aparición pública después de los hechos y 24 horas más para que se tomaran medidas contra el alcalde de Iguala, lo que le dio tiempo más que suficiente para huir. Al momento de escribir estas líneas el alcalde Abarca no ha sido, aún, desaforado.
Tampoco estamos hablando de hechos aislados. Apenas el fin de semana se registraron siete muertes en Acapulco, incluyendo una madre y su hija, ambas maestras y todavía no se resolvía el asesinato del secretario general del PAN ocurrido al día siguiente de los hechos de Iguala. Hay que tomarle la palabra al presidente: en el estado de derecho “no cabe el más mínimo resquicio para la impunidad”.
Jorge Fernández Menéndez