08-10-2014 Mal comienza su gestión al frente del PRD Carlos Navarrete si su primera actuación pública en ese cargo es cobijar al gobernador de Guerrero, Angel Heladio Aguirre, cuando está abierta la investigación del secuestro y la presunta muerte de los estudiantes de Ayotzinapa.
Es verdad que el PRD expulsó a José Luis Abarca, el presidente municipal de Iguala, desde el domingo pasado, pero también es verdad que en el propio PRD estaban informados de quién era Abarca. No es santo de devoción de este espacio, pero el propio René Bejarano denunció públicamente que Abarca había matado personalmente a su rival en el interior del PRD en Iguala, Arturo Hernández. La denuncia no fue tomada en cuenta. Tampoco había que Abarca fuera presidente municipal, el que pasara en un abrir y cerrar de ojos de vender sombreros de palma a ser propietario de numerosos bienes raíces incluyendo una plaza comercial y de varios locales especializados en la venta de oro, todo casualmente logrado después de que los hermanos de su esposa se convirtieron en importantes operadores, primero, de los Beltrán Leyva y luego de Guerreros Unidos.
Nadie pidió cuentas entonces y nadie las pide ahora. Jesús Zambrano y otros dirigentes perredistas y de Morena, han insistido en que no se debe exigir la renuncia de Aguirre, porque con la misma lógica habría que exigir la de Eruviel Avila en el estado de México por el caso Tlatlaya. Ninguno es defendible pero son casos muy diferentes. Iguala es equivalente a Acteal o Aguas Blancas. No estamos hablando de un enfrentamiento con grupos delincuenciales en los que se pudieron haber violado derechos y asesinado a presuntos criminales. En Acteal hubo, además de un conflicto religioso y político, la acusación de que se habían formado grupos paramilitares que ejecutaron a 45 personas, incluyendo niños y mujeres. El entonces gobernador Julio César Ruiz Ferro tuvo que dejar el cargo por esa matanza, en la cual, según las investigaciones realizadas su única responsabilidad fue no actuar a tiempo ante denuncias de inminentes enfrentamientos entre comunidades.
La masacre de Aguas Blancas se había dado poco antes.El 28 de junio de 1995, agentes del agrupamiento motorizado de la policía de Guerrero, detuvieron unos camiones que transportaban a un grupo de miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, cercanos a lo que sería después el EPR, que se dirigían a un mitin en la población de Atoyac de Alvarez. Dispararon contra los campesinos y mataron a 17 de ellos. Primero se dijo que había sido producto de un enfrentamiento derivado de la agresión de los manifestantes. Después se descubrió, cuando se divulgaron los videos de los hechos, que había sido una matanza a mansalva. Ello le costó la gubernatura a Rubén Figueroa Alcocer. En los dos casos, en Acteal y en Aguas Blancas, hubo responsables materiales pero también políticos, aunque no se comprobara responsabilidad intelectual en los hechos.
Después ha habido muchos hechos de violencia: desde Villas de Salvarcar en Juárez hasta Tlatlaya. Pero Acteal y Aguas Blancas eran, son, diferentes y por eso levantaron tanta indignación.
Ahora en Iguala la participación de fuerzas públicas está comprobada, aunque muchas de las razones que se dan para tal salvajismo parecen tan insustanciales que no pueden más que hacernos recordar a Hanna Arendt con su reflexión sobre la banalidad del mal. No quedan dudas de que el alcalde está familiarmente ligado a personajes del narcotráfico; que tanto él como su jefe de policía se alteraron porque un grupo de manifestantes de Ayotzinapa podrían echar a perder la fiesta del informe de la presidenta del DIF (su esposa y hermana de los líderes de los Beltrán Leyva en la zona), que el jefe de policía, presente en la fiesta, dio la orden de detener a los manifestantes. Y si las declaraciones del procurador local Iñaki Blanco son exactas, que policías (que son los que detuvieron a los jóvenes y los transportaron con rumbo desconocido) coludidos con narcotraficantes, los mataron. Eso es un crimen de estado: un asesinato masivo, de opositores políticos, perpetrado por las instituciones puestas al servicio de un grupo criminal.
El problema es que Abarca era una carta abierta. Sabían el PRD y el gobierno estatal quién era o quién se sospechaba que era. El problema es que después de los hechos se falsearon declaraciones y que el gobernador no apareció hasta 72 horas después. El problema es que durante casi una semana se dedicaron a buscar a los desaparecidos casa por casa, argumentando que estaban, en realidad escondidos y le dieron tiempo al alcalde de escapar. El problema es que el PRD, en lugar de actuar como lo ha hecho siempre, exigiendo una investigación exhaustiva, va a Guerrero a cobijar al gobernador como si en ello le fuera la vida, sin comprender el daño que eso le hace a su propia causa. Navarrete aún puede rectificar el rumbo. ¿Está dispuesto a hacerlo?.
Jorge Fernández Menéndez