14-10-2014 Cuando el presidente Peña llegó la semana pasada a la reunión de la Conago estaba un poco más que molesto. Y tenía toda la razón. Primero, porque comprobó que en el encuentro de Aguascalientes estaban casi todos los gobernadores del país, pero faltaba uno: el de Guerrero, Angel Heladio Aguirre que decidió no ir a dar la cara sobre lo que sucedía en su estado. Pero más allá de eso, porque lo sucedido en Guerrero había dado al traste con una política seguida durante casi dos años para desactivar los temas de seguridad y hacer crecer la confianza en la economía y el desarrollo del país a partir de la agenda de reformas.
El reclamo en la parte privada de la reunión fue airado, y la demanda concreta: que los gobernadores se aplicaran, que se metieran en la depuración de sus cuerpos policías y que dieran solución a los problemas. La plática fue larga y la llevó, en buena medida el propio presidente, no tuvo casi réplicas. Me imagino que la molestia presidencial debe haber crecido con el paso de los días. Primero, el gobernador de Guerrero, ante la declaración del presidente Peña de que se castigaría también la omisión de los mandatarios en sus labores, lanza la mala ocurrencia de pedir una consulta nacional organizada por el INE para decidir si se quedaba o no en su puesto. Luego, la dirigencia del PRD, para matizar el disparate del gobernador, pidió “sólo” un referéndum estatal. En ese momento, Human Reight Wacht, la OEA, el departamento de Estado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU, entre otras instituciones, exigían al gobierno mexicano esclarecer los hechos en Iguala. El gobernador no tiene mejor idea que decir que los cuerpos hallados en las fosas (para el viernes había otras cuatro fosas comunes con un número indeterminado de cuerpos dentro de ellas) no correspondían al de los normalistas, a lo que tuvo que responder nada menos que el procurador general de la república, Jesús Murillo Karam, desmintiéndolo, ya que dijo que como no están concluidos los peritajes que está haciendo la PGR, no se podía establecer, en ningún sentido, la identidad de los cuerpos. Pregunta al margen, si lo cuerpos no son de los normalistas, ¿de quiénes son? si los normalistas no hubieran desaparecido ¿nadie se hubiera preocupado o indago sobre esas otras desapariciones?.
Ya con el gobernador declarando que tenía “la conciencia tranquila” sobre lo ocurrido en Iguala, lo que exalta su capacidad de relajarse o deja en entredicho la existencia de consciencia, su policía, ahora la estatal, vuelve a dar la nota al tirotear un automóvil del Tecnológico de Monterrey, hiriendo a un estudiante alemán. La explicación del subprocurador del estado es que le dispararon al carro de los universitarios del TEC porque ellos oyeron un disparo… y entonces, como es lógico, tendrá uno que explicarse a sí mismo, cualquier policía la emprende a balazos con todo el que esté cerca. Se trató de una confusión, dijo el subprcurador. En realidad, no es una confusión, no puede haberla, es una barbaridad y constituye otro crimen que tiene que ser investigado y castigado, pero que demuestra cómo funcionan las cosas, en el nivel municipal pero también en el estatal.
Cuando no se terminaba de enfriar la noticia del ataque al estudiante alemán del TEC, el departamento de Estado de los Estados Unidos actualizó su alerta de viajes, y además de varias advertencias respecto a diferentes entidades de la república, en el caso de Guerrero sugiere a los turistas de su país que aplacen todos los viajes no esenciales a todas las partes del estado, e incluso en Acapulco. Zihuatanejo y Taxco los invita, si van, a extremar precauciones.
Pues bien, incluso antes del ataque al carro del TEC y de la recomendación del Departamento de Estado, la encuesta de BGC y asociados que publica Excélsior todos los lunes, muestra que el 42 por ciento de los encuestados creen que el gobernador es el responsable de los hechos de Iguala (un 19 por ciento al gobierno en general y otro 20 por ciento responsabiliza al gobierno municipal) mientras que el 69 por ciento cree que este crimen se cometió por la complicidad de autoridades municipales y estatales con el crimen organizado y solamente el 17 por ciento de los encuestados considera que el gobierno estatal está haciendo lo suficiente para encontrar a los desaparecidos. No deja de ser desconcertante que un 62 por ciento opine que el gobernador no debe renunciar. ¿Por qué? No es porque no se lo vea como responsable (el 70 por ciento lo considera así), sino a que se ha insistido en que a unos meses de las elecciones ello no cambiaría nada. Quizás es así, pero se debe ir. Su salida, por lo pronto impediría que se desechen omisiones y responsabilidades y que se trasmita al mundo una imagen de impunidad, de manipulación de la información y de completo abandono institucional. Lo que viene siendo en ese estado, además, un hecho recurrente.
Jorge Fernández Menéndez