Opinócrata: según el gobernador Angel Aguirre, todo aquel que considere que debe dejar el cargo.
Decía el premio Nobel de la Paz 1952, Albert Schweitzer, que “tener la conciencia tranquila es un invento del diablo”. Lo recordaba porque siguen apareciendo fosas comunes en Guerrero, siguen apareciendo cuerpos que no son los de los normalistas desaparecidos, por lo que tienen que ser de otras personas hasta ahora ignoradas por la justicia; porque su estado está, literalmente, incendiándose, y el gobernador Aguirre afirma que él tiene la conciencia tranquila. ¿Quién no la tendría con 43 estudiantes desaparecidos y secuestrados por la policía y entregados a narcos para que los asesinaran?.
El martes presentará formalmente el PAN la solicitud para la desaparición de poderes en Guerrero. No es la primera que podrían desaparecer poderes en Guerrero, ya ha ocurrido por lo menos en otras ocasiones. La última fue el cuatro de enero de 1961. Raúl Caballero Aburto, había llegado al poder iniciando una administración marcada por la corrupción y la violencia. Durante sus tres años de gobierno, la escalada de denuncias en su contra creció en forma constante. Una fue por la aparición de fosas comunes: la más famosa el Pozo Meléndez, donde solía arrojar a sus víctimas, fueran gavilleros u opositores políticos.
Dos dirigentes locales, muy alejados entonces de cualquier intención armada, iniciaron un movimiento cívico y estudiantil contra el gobernador: se llamaban Genaro Vázquez y Lucio Cabañas. El primero terminó encarcelado por el gobernador, el otro perseguido. Pero las movilizaciones continuaron hasta que el 30 de diciembre de 1960, un electricista estaba colgando una manta en un poste a favor del movimiento estudiantil. Un policía ministerial le disparó y lo mató. Las movilizaciones crecieron en intensidad hasta que policías y soldados rodearon a la multitud, unas 20 mil personas y comenzaron a disparar. Hubo 19 muertos y decenas de heridos. Tres días después, el presidente Adolfo López Mateos ordenó el retiro de todas las tropas, quitar el bloqueo de las fuerzas de seguridad en las oficinas donde durante tres días se habían refugiado estudiantes perseguidos, abrir las cárceles a los que habían sido detenidos injustamente y el Congreso de la Unión decretó la desaparición de poderes en el estado aunque al gobernador le quedaban apenas unos meses en el poder.
La caída de Raúl Caballero y la desaparición de poderes no solucionó los problemas ancestrales de Guerrero que se arrastran hasta el día de hoy. Tampoco se terminó de hacer justicia: Caballero nunca fue enjuiciado por esos hechos y terminó de agregado militar en El Salvador. Pero la decisión de quitar a Caballero Aburto fue interpretado como un acto de mínima justicia y logró descomprimir aunque sea por unos meses la situación política estatal que, ante la línea de corrupción y represión de sus sucesores, terminó desembocando en la terrible época de los 70 en el estado.
El 4 de enero de 1961 el gobernador despachaba en Chilpancingo; el congreso sesionaba a pesar de las movilizaciones y el poder judicial funcionaba aunque hacia todo menos impartir justicia. La decisión que tomó López Mateos (eran los usos y costumbres de la época) y que refrendó el Congreso de la Unión de desaparecer poderes, fue una de las que le dieron autoridad y lo diferenciaron de su antecesor, Adolfo Ruiz Cortines. Y fue una medida justa: los poderes estaban rebasados en el estado, la ingobernabilidad era la norma.
Quién sabe si el martes cuando el PAN presente su propuesta de desaparición de poderes en la entidad habrá el mismo eco. Han pasado los años, ni el sistema político ni los protagonistas son los mismos. Pero el tema debe ser debatido: es justo hacerlo. Podría haber, sin embargo, opciones intermedias: la solicitud de licencia del gobernador mientras se investiga lo sucedido en Iguala podría atemperar las cosas y permitir una investigación más transparente, sobre todo en un punto: ¿por qué y cómo se dejó escapar al alcalde de Iguala, José Luis Abarca, a su esposa y a algunos familiares después de la desaparición de los normalistas, cuando existía un compromiso del gobernador con el gobierno federal de tener la situación, y al alcalde, bajo control?.
Así como los senadores del PAN aciertan en demandar la desaparición de poderes (aunque no se logre, como una medida para colocar en el debate en el senado el tema), se equivoca y mucho al pedir que sea removido de su cargo Jesús Murillo Karam. Primero porque ni siquiera el resto del PAN coincide con ello; segundo, porque Murillo se ha hecho cargo de la investigación hace apenas una semana y comienza a dar resultados (las detenciones de Cocula son una demostración y habrá más) y tercero, porque, hasta ahora, ha sido un procurador irreprochable. La mención de los senadores a Murillo parece más un ejercicio de equilibrio político que de justicia. Y porque el problema no es la PGR, es Guerrero.
Jorge Fernández Menéndez