23-10-2014 Ayer, al mismo tiempo que corrían como pólvora los rumores de que José Luis Abarca había sido encontrado muerto en un operativo en Puebla (en realidad en ese operativo en Puebla se detuvo a cuatro personas pertenecientes a un grupo criminal, pero ninguno relacionado con el caso Iguala), la PGR desmentía esos hechos pero daba un pormenorizado informe sobre las investigaciones realizadas desde que asumió el caso.
Un solo dato demuestra la desconfianza profunda de las autoridades federales en las del estado de Guerrero: se ha encargado a un tercero, en este caso el equipo de forenses argentinos que coadyuvan en la investigación, que volvieran a tomar las muestras de ADN que originalmente fueron recogidas por la procuraduría local y entregadas a la PGR, para cotejarla con los de los 30 cuerpos encontrados en las nueve fosas que ha hallado la procuraduría en la zona donde se supone fueron trasladados los normalistas. Se quiere confirmar que las muestras originales efectivamente sean de los familiares de los desaparecidos.
El relato que hizo Jesús Murillo Karam confirma la participación del alcalde Abarca, de su esposa y de su jefe de policía en los hechos y también la forma en que éstos se dieron. La policía de Iguala, la de Cocula, los grupos de Guerreros Unidos, autoridades municipales, todos participaron en el operativo y más tarde se transformaron patrullas, se modificaron bitácoras, se trató de ocultar los hechos. En buena medida eso explica lo terrible de que se hayan perdido los primeros cinco, seis días, buscando a los jóvenes casa por casa, dejando escapar a todos los principales responsables, desde el presidente municipal y su esposa hasta el jefe de policía pasando por el narcotraficante corresponsable de los hechos, que ahora sabemos que se apodaba El Gil.
Por eso, más allá de cualquier otro presunto delito, ahí reside la principal responsabilidad del gobierno estatal. Esa omisión, si somos generosos con las palabras, que permitió que todos se fugaran, que las pruebas se escondieran, que las huellas se borraran. No es verdad, como dijo el gobierno estatal, que el presidente municipal no podía ser puesto bajo vigilancia porque tenía fuero, y sin duda no lo tenían ni su esposa ni el jefe de policía, tampoco los elementos policiales que hasta que no llegaron las fuerzas federales, días después, no fueron investigados en absoluto por las autoridades locales que habían decidido que los jóvenes estaban escondidos. Sólo por esa responsabilidad, el exhorto realizado ayer por el PRI y el PAN para que Angel Aguirre deje su cargo estaría plenamente justificado.
Pero si se hace un análisis mucho más profundo de los otros trece municipios de Guerrero, además de Ixtapan de la Sal, mexiquense pero también gobernado por el mismo grupo político, donde han tomado el control las fuerzas federales, el escenario que tenemos es desolador: Iguala podría haber ocurrido en cualquiera de ellos, entre sus alcaldes hay de todo, desde algunos que han aparecido en videos con narcotraficantes hasta cantantes de corridos simpatizantes del cártel de la Familia. El control federal tendrá que ampliarse y cuando eso ocurra seguirán sumándose los datos sobre la narcopolítica y sus complicidades en el estado. Cuando comenzó la intervención federal dijimos que sería la Marina la que se encargaría de las costas, sobre todo de Acapulco y Zihuatanejo, el ejército de las zonas rurales, la Policía Federal de reemplazar a las municipales y el Cisen y la PGR de las investigaciones. Ese panorama se ha convertido en realidad y el operativo seguirá creciendo en la misma medida en que se extiende la debilidad del gobierno estatal y sus aliados, que ya no sólo recurren a las amenazas o los intentos de comprar silencio, sino también a campañas de trolls que inundan redes sociales con mentiras e inventos contra sus críticos.
El lunes el periódico La Razón demostró cómo desde esos grupos y otros cercanos a Morena (cuyo líder sigue sin decir una palabra sobre las relaciones de su precandidato al gobierno del estado Lázaro Mazón, con Abarca) se están inventando trending tropics en twitter utilizando cuentas falsas, creadas ex profeso con ese fin. Ayer volvieron a hacerlo inventando supuestos pagos a periodistas, incluido un servidor, entre los que se encuentran algunos de los que más hemos criticado a Aguirre. La campaña fue lanzada a las doce de la nochea través de cuentas falsas, todas con nombres de muchachas dignos de un club nocturno de cuarta, algunas con fotos sin ropas o muy sugerentes, que no tienen ninguna más de cuatro o cinco seguidores y que es la primera vez en que escriben un tuit.
No sólo son cobardes que no se atreven a poner sus nombres, a dar la cara, no tienen vergüenza, pero cómo podrían tenerla si son los mismos que solapan masacres sin rubor alguno. Son, en última instancia, medidas desesperadas ante una crisis que sin duda golpea al país, pero que a sus principales actores sencillamente los está hundiendo.
Jorge Fernández Menéndez