05-01-2015 La elección de Luis María Aguilar como nuevo ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha mostrado, como en pocas ocasiones anteriores, la confusión (y también la posibilidad de polarización) que vive el país en todos sus ámbitos: para la elección del presidente de la Corte, fueron necesarias 32 rondas de votación que se prolongaron durante horas. Los ministros Aguilar y Arturo Zaldívar, que logró congregar a más y más firmes adherentes de los que se esperaba, durante 28 ocasiones aparecieron empatados con cinco votos cada uno.
Alguien cambió su voto en esa última ronda para lograr los seis necesarios (se dice que fue Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena) y tener así el nuevo presidente de la Corte, una posición por la que contendieron cinco (hubieran sido seis con el propio Gutiérrez Ortiz Mena) de los ocho ministros habilitados para hacerlo. Y faltó un voto, un ministro en reemplazo del fallecido Sergio Valls, una propuesta que el ejecutivo federal decidió no enviar para completar los integrantes de la Suprema Corte, seguramente para que no se acusara a Los Pinos de haber impulsado con ese voto, en una elección que se sabía muy dividida, a uno de los aspirantes.
Luis Miguel Aguilar será un buen presidente de la Corte. Siempre en este tipo de procesos intervienen muchos factores y hay presiones de todo tipo, pero no creo que estuviéramos, como se dijo, ante un enfrentamiento entre conservadores (Aguilar) y liberales (Zaldívar), sino entre quienes privilegiaban un candidato con una extensa carrera judicial, producto de ese sistema de carrera, y quienes optaban por una opción con una marca mucho más académica, un ministro presidente que llegara, de alguna forma, desde fuera. Ganó la primera opción probablemente por el peso que el sistema judicial sigue teniendo a la hora de definir esas responsabilidades, pero también se puso de manifiesto que existe un espacio de inconformidad muy amplio y una división en el más alto tribunal del país que no puede ignorarse.
Eso se debe, en muy buena medida, a las propias indefiniciones y dudas existentes en el poder judicial sobre cuál debe ser su papel, particularmente con la reforma en ciernes, pero además, con un sistema que no funciona como se espera, sobre todo en sus niveles más bajos, incluyendo los incontables hechos de corrupción que se han dado. Pero las dudas van más allá: es verdad que el gobierno federal tiene muchísimo menos margen que en el pasado para imponer puntos de vista en el ámbito judicial, pero si no se percibe claridad en la marcha del país, eso trasmina todo, desde el legal hasta la vida social y económica.
Este 2015 debe ser la oportunidad para reencauzar muchas cosas. Los cambios en el máximo tribunal deberán servir como pauta para muchos otros y esos movimientos deben estar marcados por la certidumbre y la claridad de rumbo, por la forma de hacer y entender la política en el país.
Hay muchas decisiones pendientes: algunas de carácter tan urgente como la del restablecimiento de las normas de justicia y seguridad donde se están violando constantemente. Pero también en hacer realidad lo que se ha hecho ley. Decía Albert Einstein que “nada destruye más el respeto por el Gobierno y por la ley de un país que la aprobación de leyes que no pueden ponerse en ejecución”. Pues bien, eso es lo que está en juego: la puesta en ejecución de las leyes y de la mano con ellas, el respeto por el gobierno y las propias leyes.
Porque si bien en la Corte, o en muchos terrenos de la política o la economía, hay diferencias internas incluso muy profundas entre diferentes actores, también es verdad que ellas son solucionables, se pueden allanar por el diálogo, la negociación e incluso por la legítima confrontación democrática y electoral, que determina mayoría y minorías (aunque sea de un solo voto, como ocurrió en la SCJN). Pero hay otra división, otro tipo de polarización que apuesta a la violencia y que simplemente busca la ruptura. Mucho de lo que hemos visto en los últimos meses tienen que ver con esa lógica de poder: se quiere demostrar que las leyes no se pueden aplicar, no importa qué tanto apoyo o respaldo hayan tenido en su aprobación. Y se han beneficiado, para ello, de los errores que se han cometido desde el propio poder y desde el sistema de partidos e instituciones que lo sustenta.
Hay muchas pruebas pendientes en este sentido, pero una es inmediata: la reforma educativa. No es casual que los estados en donde ha habido más conflicto, más confrontación, más violencia, estén en relación directa con la presencia de grupos que quieren impedirla. El presidente Peña reinició sus actividades de este 2015 con una visita a Oaxaca, un estado que no había visitado en todo el sexenio y que anida a muchos de los pilares de esa resistencia. Ojalá, que esa visita sea forma y fondo de una manera distinta de ejercer el poder. Una parte de esos cambios que se esperan.