15-01-2015 Las provocaciones de los miembros de la CETEG, acompañados por algunos familiares de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, en contra de cuarteles militares en Iguala y Chilpancingo pudieron haber terminado en una tragedia, que es quizás lo que buscaban quienes las organizaron.
No se puede atacar un cuartel militar con bombas molotovs, robar camiones de carga y lanzarlos contra sus puertas para tratar de ingresar por la fuerza y pensar que no va a haber reacción de los encargados de su defensa. En realidad hay que alabar a los soldados y oficiales que no hicieron uso de sus armas en forma letal contra los atacantes porque eso es lo que hubiera ocurrido en una situación similar en cualquier parte del mundo. Uno pensaría también que en el exterior del cuartel habría fuerzas de seguridad civiles para evitar tales desmanes pero sabemos que en el Guerrero de Rogelio Ortega eso es imposible, aunque los atacantes sean unas decenas de personas enmascaradas que no se sabe si son maestros, normalistas o simplemente provocadores profesionales.
El argumento que enarbolan para esas agresiones es que quieren revisar los cuarteles porque dicen que allí pueden estar los jóvenes desaparecidos. Es una estupidez, pero una estupidez que algunos hacen suya por razones políticas. Los jóvenes no están en ningún cuartel: no hay una sola prueba, un dato que lleve a eso, y por el contrario existe una exhaustiva investigación de la PGR que explica qué sucedió con ellos, misma que ha sido ratificada con los resultados de ADN verificados en un instituto de Innsbruck, en Austria. Uno de los padres dice que el geolocalizador del celular de su hijo decía que estaba dentro del cuartel. Por una parte lo único que se exhibe en ese sentido es el propio dicho, pero más allá de eso ¿a quién se le ocurriría realizar una acción represiva de ese tipo de quedarse con lo celulares de las víctimas o con cualquiera de sus pertenencias?¿alguien puede pensar con sensatez que meses después de los hechos los jóvenes pueden estar dentro de un cuartel?.
El ataque a los cuarteles es una escalada de las provocaciones que están llevando adelante los miembros de la CETEG, que son los que manipulan a los familiares y a los normalistas. Y muchos aseguran que buena parte de esa puesta en escena la dirige el gobernador con licencia Angel Aguirre, mientras que su sucesor, Rogelio Ortega lo que busca es alianzas con esos grupos, quizás para que en caso de que se suspendan las elecciones, él mismo pueda permanecer un tiempo más en su cargo.
Lo cierto es que el papel de Aguirre en el PRD local sigue siendo increíblemente sólido: ya ha quedado claro que Armando Ríos Piter renunció a buscar la candidatura porque desde la propia dirigencia perredista se le pidió que se reuniera con Aguirre para que éste le diera su beneplácito a cambio de impunidad, a lo que Ríos Piter se negó. Lo increíble es que se lo solicitaran: Aguirre es uno de los presuntos responsables de los hechos de Iguala. No sólo por la estrecha relación que mantenía con el matrimonio Abarca y sobre todo con María de los Angeles Pineda, sino también por su negligente actuación en los días posteriores a la desaparición, cuando primero no se ocupó del caso y luego difundió la versión de que en realidad los jóvenes estaban escondidos en Iguala e iniciaron una absurda búsqueda casa por casa. Aguirre durante toda la primera semana no hizo nada, incluso en contradicción con su procurador Iñaki Blanco, y fue hasta que la PGR tomó la investigación, una semana después, cuando se comenzó a saber qué había ocurrido.
El PRD se resistió durante semanas a exigirle a Aguirre que pidiera licencia, lo hizo cuando su situación era ya insostenible y ahora resulta que Aguirre pondrá candidato y es el fiel de la balanza para ese partido en el estado.
Por eso, para la CETEG y asociados, la lucha pasa por acusar al gobierno federal, a los militares, a quien sea menos al ex gobernador que es uno de los verdaderos responsables y que por alguna extraña razón aún goza de libertad. Manejaba antes y maneja ahora a esos grupos. ¿Una demostración más?. La defensa a ultranza del PRD de Nestora Salgado, esta mujer que fue líder de las autodefensas de Olinalá, grupos con estrechas relaciones con organizaciones armadas y que está acusada de decenas de delitos, incluyendo medio centenar de secuestros. Hay pruebas, testimonios de sus víctimas, al momento de ser detenida se liberó a varios secuestrados que estaban en cautiverio, portaba armas largas y las usaba contra sus rivales.
Ahora el PRD exige su liberación, respaldada por Aguirre y Ortega, mientras acusan a las organizaciones civiles que encabezan Alejandro Martí e Isabel Miranda de tener intereses políticos para mantenerla encarcelada. Como dijo Martí, buscar la liberación de Nestora desde el propio gobierno estatal es la mejor demostración de que el verdadero control en Guerrero lo tiene un grupo político con intereses en la guerrilla y el narcotráfico.