20-01-2015 Treinta años, tres décadas, es lo que ha necesitado la justicia mexicana para cerrar el juicio contra Rafael Caro Quintero, por el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA, Enrique Camerena, y del piloto mexicano Alfredo Zavala. Finalmente, la justicia ha logrado terminar de cerrar el caso: Caro Quintero es el culpable. El único problema es que otra instancia de ese mismo sistema de justicia hace poco más de un año, con una decisión confusa y no divulgada, lo dejó en libertad.
La coartada utilizada para dejar en libertad a Caro Quintero, fue la misma que se usó en el caso de Florence Cassez y que desde entonces se ha utilizado tanto para dejar en libertad a Caro, como para intentar hacer lo mismo con Nestora Salgado: faltas al debido proceso. En el caso de Caro Quintero, se dijo que se lo había juzgado en el ámbito federal cuando el caso debería ser tratado en el fuero común; en el Florence porque se afectaron sus derechos al momento de ser detenida; en el de Nestora porque se supone que teniendo doble nacionalidad se tendría que haber avisado de su detención al consulado estadounidense (algo absurdo, porque su nacionalidad es mexicana y está residiendo en territorio nacional).
El derecho al debido proceso no debería ser un instrumento para dejar en libertad a criminales probados. En todo caso esas procesos se deben reponer, porque como siempre sucede, los derechos de los criminales parecen estar por encima de los derechos de las víctimas: no importa si la participación de Caro en la muerte de Camarena esté más que debidamente comprobada; no importa que las víctima de Cassez se hayan cansado de denunciar su participación y que incluso viviera en la casa donde fueron rescatados los secuestrados; no importa que existan decenas de testimonios y pruebas contra Nestora o que incluso haya sido detenida infraganti. Siempre habrá algún juez, algún tribunal, dispuesto a olvidar los hechos y encontrar, en las faltas al debido proceso, un instrumento para dejar a los criminales en libertad.
El común denominador de todas estas historias es la participación de la política en la justicia. A Cassez se la liberó por una decisión política inocultable; a Nestora la quieren liberar grupos políticos como parte de acuerdos con organizaciones radicales y armadas para que los apoyen en las elecciones de junio en Guerrero. En la historia de Caro Quintero la política está tan involucrada y a niveles tan altos que es imposible deslindarla del proceso judicial. La muerte de Enrique Camarena tuvo repercusiones nacionales e internacionales de todo tipo: modificó la política de Washington ante el narcotráfico; fue un elemento clave, aunque no reconocido, en toda la trama del Irán-Contras; deterioró a niveles inimaginables la relación bilateral; exhibió a personajes que dentro de la PGR de aquellos años y de la Dirección Federal de Seguridad trabajaban abiertamente con el narcotráfico (llevando incluso a la desaparición de ésta última); modificó el curso de la sucesión presidencial en México.
Las lecturas del caso Camarena y la participación de Caro Quintero en toda esa historia repentinamente fue desestimada por un tribunal que el 9 de agosto de 2013 decidió dejarlo en libertad. Pocas cosas han puesto en crisis la relación México-Estados Unidos desde la asunción de Peña Nieto como la salida del reconocido narcotraficante, más aún en la forma en la que se decidió e implementó.
Pero estas son las historias más conocidas y nada impide que se siga actuando igual: hace unos años un juez decidió liberar a todos los detenidos en el llamado michoacanazo, consideró que no había delito que perseguir ya que las pruebas entregadas, en su mayoría testimonios de otros detenidos y grabaciones telefónicas, no eran válidas. Hoy la justicia internacional busca al Chapito, el hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, pero aquí estuvo detenido muchos meses hasta que un juez decidió dejarlo en libertad, también dijo que no había pruebas suficientes para mantenerlo en prisión. La semana pasada otro juez decidió que 43 de los 44 detenidos en Apatzingan, muchos de los cuales participaron en la emboscada a fuerzas federales que dejaron once muertos, deberían se dejados en libertad por falta de pruebas. Quienes toman casetas, secuestran camiones con todo y pasajeros y equipajes, quienes roban camiones de transportes llevándose la carga; quienes incendian y destruyen desde cuarteles militares hasta módulos del INE, son también, todos, dejados en libertad, incluso en acciones tan descabelladas como virtuales canjes de rehenes (un detenido a cambio de un policía secuestrado) por razones políticas.
En la justicia, o mejor dicho en su ausencia, está el corazón de la impunidad y de las fallas al estado de derecho en nuestro país. Siempre se puede atender a los criminales. Jamás hay lugar para las víctimas.