27-01-2015 120 días después del secuestro y presunto asesinato de los jóvenes de Ayotzinapa en Iguala, la investigación sobre el tema debe presentar ya un corte de caja porque existen elementos suficientes para establecer más que una versión, una verdad jurídica para hacer justicia en el caso pero también para dejar de que impere la impunidad entre quienes están usando Ayotzinapa para fines que nada tienen que ver con la justicia, los derechos humanos o la seguridad.
Hoy sabemos qué ocurrió el 26 de septiembre en Iguala, cómo fueron los muchachos agredidos, detenidos, llevados a las instalaciones policiales en Iguala, entregados a la policía de Cocula y a un grupo de narcos, llevados al basurero de ese municipio, incinerados y sus restos arrojados al río. Hay un centenar de detenidos, testimonios y confesiones; restos identificados auqnue sea de una sola de las víctimas que confirma los dichos; autores materiales e intelectuales detenidos. Por supuesto que falta por hacer, pero manipular los hechos como intentan algunos grupos es inaceptable, en primer lugar para los familiares de las víctimas pero también para el resto de la sociedad.
Hay manipulación, hace semanas que insistimos en ello, en los voceros y los abogados de los familiares, que se presentan como tales sin serlo. Existe manipulación cuando se dice que los jóvenes estuvieron en un cuartel militar cuando no existe una sola prueba en ese sentido; es un sinsentido decir que se usaron hornos crematorios para quemar sus restos; o asegurar que no pueden quemarse los cuerpos en las condiciones en las que dicen los investigadores. Primero de todo porque no existe razón alguna, móvil alguno, para haber realizado esas acciones. Segundo, porque lo que sí existe es el testimonio de los actores reales de cómo sucedieron los hechos.
De lo que no existe respuesta es de otras cosas. La primera es saber porqué esa noche mandaron desde la normal de Ayotzinapa a los jóvenes hasta Iguala. Primero, les dijeron que irían a Chilpancingo, y ya en los autobuses, robados por cierto, les dijeron que iban a Iguala a interrumpir un acto político. Era el informe de la esposa del presidente municipal, María de los Angeles Pineda, cuyos hermanos y padres fueron líderes del cártel de Guerreros Unidos, ella misma identificada como una de las jefas de esa organización. El líder de Guerreros Unidos declaró al ser detenido en Cuernavaca que él no participó de los hechos pero que estuvo informado de ellos y que sus sicarios en Iguala lo que le dijeron es que había llegado un grupo de los Rojos (un cártel enemigo de Guerreros Unidos, que tienen fuerte presencia en Chilpancingo y en toda la zona aledaña a Ayotzinapa) para matar a adversarios. La versión aparentemente era falsa: podría haber entre los estudiantes dos o tres personajes que tuvieran historias diferentes (los únicos que llevaban cabello largo y que eran responsables del grupo, existen testimonios al respecto también) pero la enorme mayoría eran chavos de primer ingreso, que acababan de comenzar en la normal y que tenían la obligación de participar en marchas, eventos o manifestaciones como las que se suponía tendrían que hacer en Iguala. Alguien se encargó de decirle a los Rojos que iban a atacarlos, por eso el nivel de violencia contra los chavos. ¿Quién los envió, quién hizo confundir a un grupo de estudiantes desmadrosos con un comando de sicarios, quién ordenó una muerte tan brutal?¿dónde están, cien días después, los líderes y directores de la normal de Ayotzinapa que no han dado la cara hasta ahora ni proporcionado una explicación sobre su papel en estos hechos?.
Lo cierto es que los secuestros y muertes de Iguala han servido para muchos de los objetivos de estos y otros grupos. El nivel de violencia y vandalismo es inaceptable: decenas de bienes públicos y negocios privados destruidos; carreteras bloqueadas y casetas de cobro tomadas para hacer negocio, tanto que hasta los manifestantes se pelean entre ellos para ver quién se queda con esos recursos; pérdidas por más de mil millones de pesos de empresas privadas, grandes y pequeñas, por el robo sistemático a sus transportes (más de 500 en los tres últimos meses); más de 200 camiones de transporte de pasajeros secuestrados, en ocasiones quedándose hasta con los equipajes.
La lista es mucho más amplia y la impunidad ante estos hechos es absoluta. Ese tipo de violencia y la pretensión de impedir las elecciones en el estado no tiene nada que ver con los secuestros de Iguala: son parte de una agenda política y desestabilizadora donde participan desde grupos armados hasta organizaciones políticas extremadamente radicales (y los cacicazgos locales que muchas veces utilizan para su beneficio a unos y otros, como también lo hacen los grupos criminales, se llamen Rojos o Guerreros Unidos, o cualquier de los que operan en el estado).
120 días después existe una investigación seria y que tiene resultados concretos. 120 días después no pueden persistir la impunidad y la violencia.