04-02-2015 Ningún tema es más importante para la sociedad que el económico y, relacionado con él, el de la corrupción. Existe la percepción de que la corrupción ha crecido y convertido la lucha contra la corrupción en un capítulo inaplazable para el gobierno y para la sociedad. Y también por ello es un tema, si no se cuenta con un marco regulatorio adecuado y eficiente, que se presta a todo tipo de especulaciones y manipulación política. En estos terrenos, el nuestro es un sistema que cuenta con normas rígidas que se aplican de manera flexible cuando lo que se necesita es un sistema flexible que se aplique de forma rígida, estricta.
El anuncio presidencial de ayer, va en ese sentido. Quizás se demoró semanas de más en implementarse, pero también es verdad que durante buena parte de ese tiempo se estuvo esperando que el congreso diera respuesta a las iniciativas presentadas en torno al sistema nacional anticorrupción que siguen, por desacuerdos entre las fuerzas políticas, en la congeladora. La administración federal hizo lo que tendría que haber hecho quizás desde diciembre, cuando esa parálisis fue manifiesta: tomar una serie de acciones ejecutivas que no son contradictorias con el futuro del sistema nacional anticorrupción, que sirven como norma para el propio ejecutivo federal y todas sus dependencias y que le otorga un lugar central a la investigación sobre temas polémicos como son el de la casa de la señora Angélica Rivera, del secretario de Hacienda, Luis Videgaray en Malinalco y la de descanso del propio presidente Peña en Ixtapan de la Sal, para que se determine si existe o no conflicto de interés en ellos.
Las acciones ejecutivas anticorrupción incluyen la presentación de una declaración de los funcionarios públicos sobre posibles conflictos de interés que pudieran tener en su desempeño público, similar a la que se utiliza en muchas otras democracias del mundo; establece protocolos de contacto entre quienes participan en el otorgamiento de contratos públicos con sus beneficiarios o concursantes y propone establecer con claridad los niveles de responsabilidad de los distintos funcionarios. Son, como decíamos medidas positivas y que permitirán hacer mucho más dinámica y transparente la operación de la administración pública federal.
La designación de Virgilio Andrade como secretario de la Función Pública (una entidad que se pensó desaparecer en el pasado y que vuelve a adquirir así la preponderancia que nunca debió perder) es un acierto. Quienes conocemos a Andrade desde hace muchos años, quienes conocen su forma de vida y la de su familia, saben que es uno de esos personajes que en raras ocasiones da la política mexicana, en la que se conjugan preparación técnica y profesional, como lo demostró, entre otros ámbitos, como consejero del IFE, con una formación de Estado que, más allá de ideologías, lo aleja de partidismos cerrados. Tendrá que implementar todas estas acciones ejecutivas pero también realizar las investigaciones pedidas por el propio presidente Peña, llegar a conclusiones, hacer recomendaciones y exponerlas, además, ante un panel de expertos para ratificarlas. Dudo que haya muchos mejor calificados para realizar esa tarea.
Ahora bien, siendo positivo lo anunciado, se requiere de mucho más. En principio porque estas acciones ejecutivas anunciadas se aplicarán sólo al gobierno federal. Este tipo de mecanismos de control se deben generalizar para todo ente que utilice recursos públicos porque la corrupción acampa en gobiernos de los estados y municipios, en fracciones parlamentarias, en jueces, en dirigentes políticos y sindicales, y los mecanismos existentes no terminan de ser eficientes y contundentes para evitar, juzgar y castigar la corrupción, en sus diferentes formas, cuando se presenta en todos esos espacios de poder.
Ejemplos hay muchos. Por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación detectó desde la cuenta pública del 2009 las irregularidades e inconsistencias en la construcción de la Línea 12. La ASF realizó tres auditorías a las obras, en 2009, en el 2010 y en el 2011. En las tres se detectaron problemas graves. En la primera denunció que las mismas se llevaban a cabo sin un plan ejecutivo ni un análisis costo beneficio para los tramos que fueron modificados. También identificó, desde entonces, el conflicto de intereses existente entre el hecho de que el responsable del proyecto, Enrique Horcasitas, era el hermano del directivo de ICA responsable de su construcción, al mismo tiempo se autorizaban incrementos al costo y a los anticipos del proyecto (de más del 70 por ciento) en detrimento del GDF. Pero esas denuncias de la ASF correspondientes a 2009, fueron encontrados en 2010. Y se hicieron públicas hasta febrero de 2011, cuando ya se habían ejercido los recursos de 2010 y aprobado los de 2011. Y fueron ignoradas por el gobierno capitalino hasta que concluyó la obra en diciembre del 2012. Y hoy nadie se quiere hacer responsable.