18-03-2015 Me parece muy bien que la Junta local del INE en Oaxaca tenga preparadas hasta tres direcciones alternativas diferentes para las distintas casillas electorales del 7 de junio, en caso de que la sección 22 de la Coordinadora decida impedir que la gente vote. También me parece muy bien que el PRD pida, en Guerrero, que a todos los candidatos a gobernador en el estado se les coloque seguridad de la Policía Federal, aunque su candidata, Beatriz Mojica, haya sido la primera en decir que no quiere esa custodia. Está muy bien que los partidos le pidan al INE que garantice en los dos estados los comicios y la seguridad.
El problema es que el INE no podrá garantizar los comicios y la seguridad, ni los mismos se podrán realizar en esos dos estados con certidumbre y seguridad si antes los gobiernos, los locales y el federal, no adoptan las medidas imprescindibles para garantizarlo. ¿De qué servirán las declaraciones o la buena intención de la junta local del INE de tratar de instalar las casillas, incluso en sus direcciones alternativas, si estos grupos toman, cuando quieren, instalaciones públicas, carreteras, negocios privados?¿alguien cree que con direcciones alternativas para las casillas o con custodias federales se garantizará que los comicios se lleven a cabo o que no se ejerza violencia contra la ciudadanía o algún candidato?.
La realización de las elecciones está en riesgo en esas dos entidades y sobre todo en Guerrero, no porque el Estado no pueda garantizar los comicios, sino porque, para hacerlo, se requieren muchas medidas adicionales que no se están adoptando. El gobernador Rogelio Ortega no ha tomado, hasta hoy, ninguna medida que permita garantizar con certidumbre las elecciones. Hay muchas declaraciones, muchos actos públicos, pero lo cierto es que si hoy fueran los comicios, según ha reconocido el propio gobernador, la CETEG tendría controladas, e impediría la instalación, de cerca del 60 por ciento de las casillas. Pasado mañana, estos grupos anunciaron que tomarán varias embajadas en la ciudad de México y realizarán el día 26 una movilización general cuya principal demanda es impedir las elecciones.
Por lo pronto desde este jueves se realizará en Acapulco la Convención Nacional Bancaria: estarán todos los principales financistas del país, el presidente Peña, buena parte de su gabinete e innumerables invitados, incluyendo legisladores y dirigentes de todos los partidos políticos, y comunicadores. Hace alguna semanas, cuando se realizó el abierto de tenis en ese puerto turístico, los miembros de la CETEG intentaron tomar el aeropuerto, y luego de horas de negociaciones infructuosas y de que atropellaron con un autobús a un grupo de granaderos, fueron desalojados. Ahí murió, aparentemente arrollador por el mismo camión que agredió a los policías, un maestro jubilado, dirigente local de la CETEG.
La Convención culminará el sábado, pero el lunes 23 comenzará el Tianguis Turístico de Acapulco que concluye el jueves 26 de marzo, cuando se cumplen seis meses de la desaparición y muerte de los jóvenes en Iguala. Una vez más, el puerto estará ocupado por miles de visitantes de todas partes, incluyendo los operadores turísticos más importantes del mundo, funcionarios, el presidente Peña, invitados, medios. El Tianguis es la cara que México le da al mundo en una actividad que genera, sólo en el ámbito internacional, más de 15 mil millones de dólares al año, con los actuales precios del petróleo, la segunda fuente de ingresos al país. Y unos días después comienzan las vacaciones de semana santa, que tienen en Acapulco uno de los destinos preferidos para el turismo local.
Esos tres eventos: la Convención, el Tianguis y el periodo vacacional, serán el termómetro que permitirá medir la capacidad de las autoridades para garantizar la realización con paz y certidumbre de los comicios en Guerrero. Si cualquier de ellos es seriamente dificultado por la CETEG o sus aliados, se pondrá muy en duda la posibilidad de hacer elecciones el 7 de junio. Y se debe insistir en un punto: si no se pueden realizar elecciones, sino se puede garantizar que la gente vote y elija a sus autoridades, un derecho inalienable, la única alternativa es desaparecer poderes en el estado, para reconstruir, desde arriba las instituciones y garantizar la seguridad.
Por cierto, ayer rindió su informe de trabajo el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, dijo que la reforma educativa es tarea de apertura y no de aislamiento e intolerancia; de acuerdos y disensos, no de espectacularidad. Una tarea de “precisión, sin ruidos, de crítica dura y propositiva, de debate y antagonismo, pero no de aniquilamiento”. Todo eso está muy bien, pero ¿cómo abrir el sistema educativo, apostar a la tolerancia, a la critica dura y propositiva con grupos que le ponen a las autoridades, y a la gente, un revólver en la sien a la hora de negociar?.