26-03-2015 Dicen que un presupuesto es política concentrada. Es verdad, el ejercicio presupuestal tiene, sin duda, normas, reglas estrictas, que se deben respetar, pero la decisión de saber cómo gastará o invertirá sus recursos un país, o una familia, depende de las aspiraciones, los objetivos, la visión. Por supuesto que nadie puede gastar, fuera de un límite programado temporalmente, mucho más de lo que ingresa, pero cuando hablamos de planificar a largo plazo la economía de un país no debemos, como dice Peter Drucker “pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes”.
Ya ayer en Excélsipr, Pascal Beltrán del Río hizo una precisa descripción de qué significa un presupuesto de base cero que las autoridades, tanto el presidente Peña como el secretario de Hacienda Luis Videgaray, han dicho que se aplicará para el ejercicio del 2016. El presupuesto base cero implica una revisión completa, absoluta del mismo y una reconfiguración de los egresos del país para ponerlo en equilibrio, liberar partidas y recursos y disponer de un gasto administrado más allá de la inercia y los compromisos que se van adquiriendo con el tiempo y terminan siendo derechos adquiridos por muchos grupos.
Como escribía Pascal, hoy el presupuesto tiene ataduras terribles: el 23.4 por ciento del mismo se va a gastos de salarios y servicios cuando en Estados Unidos ese porcentaje es de apenas el 7.2 por ciento. Y además están los gastos en participaciones federales y los intereses del endeudamiento que difícilmente pueden ser modificados. En los hechos, se puede operar sólo sobre una quinta parte del presupuesto si se decide no afectar esas enormes partidas.
Pero el presupuesto, reiteremos, es política concentrada. Todo se puede transformar en la ley y en el escritorio, pero la pregunta clave es si el gobierno está en condiciones de efectivamente construir un presupuesto de base cero y de imponerlo políticamente, sobreponiéndose a la enorme cantidad de intereses afectados. Ejemplos de cómo la ley no siempre se transforma en realidad y de cómo la política opera sobre ésta y no sobre los propósitos legales, los encontramos hoy en la reforma educativa. El subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, en su comparecencia ante los senadores, que no fue precisamente tersa, sobre los acuerdos que su oficina ha establecido con la CNTE, en Guerrero y Oaxaca, (que muchos opinan que terminan dinamitando, me incluyo, en esos estados la reforma educativa) sostuvo que la reforma era administrativa, que la ley aprobada tenía repercusiones en la estabilidad institucional y que su responsabilidad es garantizar esa estabilidad y que las leyes no fueron aprobadas por él. Es un contrapunto, diremos nosotros, entre la ley y la real politik.
Si ello ha generado convulsiones en esos estados que afectan, como dijo el subsecretario, la estabilidad del país, imaginemos por un momento, las repercusiones que tendrá un presupuesto base cero que reduzca plazas laborales, destine una partida importante para liquidaciones de trabajadores estatales, revise las participaciones a los estados y los obligue a éstos a cobrar sus propios impuestos, que revise y acabe con partidarias de supuesto apoyo al campo o a ciertas industrias o servicios que en realidad son un gran negocio para líderes campesinos, sociales o selectos empresarios.
Un ejemplo: lo más importante que se ha hecho en la última década en este sentido ha sido la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, una empresa paraestatal ineficiente, redundante con la CFE, que ocasionaba pérdidas de miles de millones de pesos al año, con recursos que se quedaban a veces en manos de sus administradores y siempre en su sindicato. Han pasado casi seis años desde entonces y el tema sigue un largo proceso político, impuesto por su sindicato inexistente de una empresa disuelta, negociado precisamente en las mismas oficinas del subsecretario Miranda. Imagínese ahora un proceso similar multiplicado por decenas, pueden ser cientos o miles, de grupos afectados en sus intereses.
El tema no es si es justo o no revisar el presupuesto 2016 desde una base cero, lo que sería una medida necesaria ante un instrumento que ha sido ya demasiado manoseado a lo largo de los años. La pregunta es si el gobierno federal puede imponer políticamente medidas de esa envergadura. Si lo puede hacer dentro del propio gobierno federal, en los estados y en el congreso, donde en junio estará en disputa su propia mayoría en la cámara de diputados. Porque los intereses afectados trascenderán partidos y fronteras. No vaya a ser que nos encontremos con cientos de pequeños CNTE o SME a lo largo y ancho del país. Porque ese camino, son muchos los que ya aprendieron a recorrerlo.
Habrá que recordar con Adam Smith que “el único presupuesto bueno es el presupuesto equilibrado”. Y entre la política y la economía hay que encontrar un punto de equilibrio.