08-04-2015 Mientras el Instituto Nacional Electoral consideró inaceptable que la CETEG y sus aliados traten de impedir los comicios en Guerrero (donde el fin de semana pasado incluso secuestraron a funcionarios electorales) una nota merecía mucho mayor trascendencia de la que tuvo porque explica perfectamente la situación que se vive con la CETEG y los grupos que la apoyan, incluyendo los representantes de los familiares de los jóvenes desparecidos en Iguala.
Como se ha demostrado en las investigaciones, los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa fueron secuestrados, asesinados e incinerados por sicarios del cártel de los Guerreros Unidos en complicidad con policías municipales de Iguala y Cocula. Sufrieron esa muerte brutal porque los de Guerreros Unidos creían que en realidad eran un contingente de un cártel rival, los Rojos. Según el testimonio de los sicarios y policías detenidos, consideraban que entre los estudiantes había por lo menos siete integrantes de los Rojos, que iban a reventar el informe de María de los Ángeles Pineda, la esposa del presidente del presidente municipal José Luis Abarca (y líder local de Guerreros) y matar a sus jefes de plaza.
Pero también esos mismos sicarios y policías detenidos aseguran, como se presume desde hace mucho tiempo, que los Rojos se habían infiltrado en la escuela de Ayotzinapa, con alianzas con maestros y directivos pero también con grupos políticos radicales y autoridades, sobre todo de Chilpancingo. Incluso sostienen que el director de la normal y otros funcionarios recibían pagos regulares para permitir la operación de los Rojos.
A pesar de que buena parte de esta historia está plenamente documentada, ni la CETEG ni los directivos de Ayotzinapa ni los que aparecen como representantes de los familiares han pedido que esos grupos rindan cuentas por haber mandado al matadero a esos jóvenes. Pero no sólo eso, la semana pasada los representantes de los familiares, con manifestaciones y pancartas, bloquearon la carretera federal México-Acapulco y pidieron “ayuda” y dijeron estar dispuestos a reunirse con el líder del cártel de Los Rojos, Santiago Mazari Hernández, apodado El Carrete y uno de los criminales más violentos del país, para supuestamente localizar a los jóvenes desaparecidos.
En una de las cartulinas escribieron: “Señor Santiago Mazari Hernández, nosotros los padres de familia le pedimos de favor ayúdenos a dar con el paradero de nuestros hijos porque este mal gobierno no ha sido serio con nosotros, al contrario nos ha lastimado con sus mentiras. Nosotros somos gente pobre y han pisoteado nuestra dignidad”.
Uno no sabe si se trata de simple ignorancia, de manipulación o de una estrategia conjunta. Los Rojos son un grupo criminal brutal, tan responsable de la muerte de los jóvenes como sus enemigos de Guerreros Unidos: han sembrado de cadáveres Guerrero y Morelos y parte del estado de México. El “señor” al que le piden ayuda los representantes de los familiares es Santiago Mazari, hasta hace unos años un sicario de los Beltrán Leyva en Morelos, pero a la muerte de Arturo aniquiló a sus rivales para quedarse con el control de ese estado. Quizás para comprender el entusiasmo de la CETEG y sus aliados con El Carrete hay que recordar que es sobrino del ex alcalde de Amacuzac y hoy diputado local petista, Alfonso Miranda Gallegos, a quien en innumerables ocasiones se ha acusado de ser el operador político y abogado de los Rojos. Alfonso Miranda Gallegos, como lo hacía Abarca para los de Guerreros Unidos, se asegura que brindó protección a Los Rojos desde su cargo de alcalde de Amacuzac utilizando a la policía municipal como “halcones” y brazo operativo del grupo criminal.
En Morelos, Guerreros Unidos y Rojos se disputan Cuernavaca, Jiutepec y Temixco y ambos cárteles pelean por el control del corredor de drogas Acapulco-Cuernavaca. Además del tráfico de drogas, los Rojos extorsionan, secuestran, roban y cobran derecho de piso en Morelos y Guerrero.
El propio Alfonso Miranda Gallegos fue acusado por su sucesor, el ahora alcalde Noé Reynoso Nava del secuestro de su padre y de la muerte del director de Seguridad Pública de Amacuzac, Justo Buenaventura Jaimes Villarreal. A su vez, Miranda Gallegos, acusa a Reynoso Nava de respaldar a Guerreros Unidos. Desde febrero del 2014 ambos son investigados por el congreso de Morelos sin ningún resultado.
La violencia ha sido cotidiana entre ellos. Ese enfrentamiento es el que acabó con los jóvenes desaparecidos en Iguala; como parte de ese enfrentamiento sus dirigentes los mandaron, sin que la enorme mayoría de los jóvenes fueron conscientes de ello, al matadero en Iguala. A esos criminales que mataron a sus hijos quieren ahora recurrir los representantes de los familiares. O sufren del síndrome de Estocolmo o, en medio de esa lucha criminal, algunos de estos representantes ya han tomado partido.