10-04-2015 El miércoles el departamento del Tesoro de Estados Unidos colocó entre las listas de las organizaciones criminales más peligrosas al cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y al de los Cuinis. Unos días antes, en una nueva emboscada de grupos criminales en una carretera a Puerto Vallarta, fueron asesinados 15 policías de la fuerza única de Jalisco, varios quedaron heridos y más tarde mataron al director de seguridad pública de Zocalco de Torres, Miguel Caicero.
Es verdad que, como dijeron la autoridades locales, ese ataque terrible sería consecuencia de la detención de un líder regional de Jalisco Nueva Generación, pero ello demuestra, por una parte, el nivel de control de esa organización sobre ese territorio, y por la otra el grado de intimidación: imaginemos por un momento qué estarían dispuestos a hacer ante un golpe mucho más duro, si por la detención de un jefe regional matan a quince policías y a un director de seguridad. En los últimos meses son ya 32 los elementos estatales que han sido asesinados en Jalisco por el CJNG. Un par de semanas atrás, como reseñamos aquí, esa misma organización emboscó en Ocotlán a elementos de la Gendarmería matando a cinco de sus integrantes (los primeros caídos de esa institución).
Como dicen las autoridades de Estados Unidos esos cárteles, mucho más el Jalisco Nueva Generación, se han convertido en un verdadero desafío para las autoridades, las locales y las federales. Y el tema ya era, desde muchos meses atrás, una de las principales preocupaciones de instituciones como la PGR y su agencia federal de investigaciones. No sé si esas advertencias fueron tomadas a tiempo o no, lo cierto es que desde hace semanas la actividad de ese cártel se ha vuelto cada día más intensa y violenta, con costos humanos mayores.
Eso ya lo tiene identificado el gobierno estadounidense. El comunicado del departamento del Tesoro dice que “el CJNG y Los Cuinis han hecho crecer rápidamente su imperio criminal en los últimos años mediante el uso de la violencia y la corrupción”. En la lista se incluye a los líderes de ambos grupos criminales, Nemesio Oseguera Cervantes y Abigael González Valencia. Ambos son considerados como Narcotraficantes Especialmente Designados de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Kingpin Act). Ya están en las grandes ligas de los narcotraficantes del país y del mundo.
Pero lo preocupante, además de la violencia (no deja de llamar la atención que mientras la percepción global de inseguridad se ha reducido un 4.5 por ciento a nivel nacional, esté creciendo en Jalisco y en estados contaminados por estos mismos grupos como Querétaro, donde precisamente por ello crecen las posibilidades de Francisco Domínguez) es la corrupción, como dice el departamento del Tesoro. A raíz de este anuncio del Tesoro queda prohibido a los ciudadanos estadounidenses realizar transacciones financieras o comerciales con grupos y personas relacionadas directa o indirectamente con ellos, y bloquea cualquier activo que puedan tener bajo la jurisdicción de Estados Unidos. Es una decisión que ataca a personas o a algunas empresas en concreto pero que puede tener un alto grado de contaminación en otras actividades económicas. Y ya ha habido estados, donde ese tipo de contagio ha costado mucho social y económicamente. Es un tema de realidades y también de percepciones.
Desde hace meses el CJNG se ha convertido en un problema grave de seguridad pública e interior. Hace más de un año lo había advertido el presidente Peña incluso en una entrevista con El País en España; lo advirtió el entonces procurador Jesús Murillo Karam; volvió a destacarlo el presidente Peña en noviembre, cuando colocó a Jalisco en los estados con mayores desafíos de seguridad junto con Michoacán, Guerrero y Tamaulipas. Y la semana antepasada provocó una fuerte llamada de atención la emboscada a agentes federales en Ocotlán. Es hora de tomar el tema con toda firmeza. Estamos hablando, como dice el departamento del Tesoro, de organizaciones que se han expandido rápidamente mediante el uso de la violencia y la corrupción y que se sitúan, ahora, “entre las más poderosas del tráfico de droga en México”.
Por cierto, extraño el caso de la nueva avioneta con cocaína localizada en Venezuela, donde una vez más encuentran el avión pero no a los pilotos y éstos se dejan nada menos que sus pasaportes, junto con la droga en el avión. Y resulta que uno de eso pasaportes resultó ser de un ex funcionario de la PGR, dado de baja hace ya algunos años por sospechas de irregularidades en su actividad (relacionada precisamente con la flota aérea de la Procuraduría). ¿Usted cree que alguien al huir se dejaría nada menos que su pasaporte en un avión lleno de droga?. Los designios del régimen de Maduro son inescrutables.