21-05-2015 Desde que existen las nuevas instituciones electorales, que entraron en vigor en los comicios de 1991 y se consolidaron para 1994, no recuerdo un proceso electoral que esté tan mal encarado como el que estamos viviendo en estos días. No se trata ya de las condiciones de competencia, ni siquiera de las demandas, cotidianas, de presuntos fraudes o irregularidades, ni siquiera de los hechos aislados de violencia: de lo que se trata es del profundo deterioro de las instituciones electorales, consecuencia de una reforma realizada con prisas, con desaciertos notables y que, por su complejidad y restricción, impide imponer normas claras, por lo que en lugar de transparentar el proceso logra enturbiarlo como nunca antes.
Una reforma implementada en tiempos demasiado cortos y con un consejo general del INE, consecuencia una vez más de las desaparición de sus antecesores, permeado, como nunca antes, por los intereses partidarios, muy estrictos con algunas fuerzas políticas como el Partido Verde, y muy permisivos, hasta el exceso, con otras, como Morena.A eso se suma el interés manifiesto de varios grupos, en general los que operan en torno a la Coordinadora, de boicotear los comicios, para que no haya elecciones el 7 de junio, por lo menos en dos estados: Oaxaca y Guerrero. Quieren impedir los comicios no por la razón sino por la fuerza. No sólo es un delito, sino también una violación al derecho de los ciudadanos a poder elegir libremente a sus representantes.
Pero el intento de boicotear los comicios va acompañado por otra iniciativa que se presenta como progresista y que es profundamente reaccionaria, que se muestra como alternativa a grupos como la Coordinadora y que es, en realidad, su complemento: la iniciativa que impulsaban personajes comoDenisse Dresser o Sergio Aguayo para que la gente no vaya a votar. Es, para decirlo suavemente, una tontería absoluta. Pedirle a la gente que no vote, es lo mismo que piden la CETEG o la Sección 22: que no se vote para que gobiernen los comités populares, designados por votación directa, o sea, por ellos mismos. Por otra parte, no votar no fortalece a la ciudadanía, sino a los aparatos partidarios.
Y debemos hablar de la poca seriedad de algunas encuestas. Siempre hay disparidades en las encuestas serias, hay variaciones que, generalmente, se matizan cuando son colocadas dentro de una tendencia construida con las otras. Pero cuando se comienzan a utilizar las encuestas como propaganda política, el resultado, como ocurre con las instituciones electorales, es el desprestigio del instrumento de medición y de los propios partidos que los utilizan y promueven. Dos ejemplos: en la encuesta de un periódico regiomontano, el candidato Jaime Rodríguez, El Bronco, está arriba, por encima incluso de la candidata Ivonne Álvarez del PRI, con más de 34% de las preferencias. Ese medio, evidentemente, simpatiza, lo muestra su línea editorial, con El Bronco. Todos los demás ponen a Ivonne arriba y con El Bronco cerca. Otro medio, competencia del anterior, presenta una encuesta de una prestigiada empresa en la cual El Bronco está en un lejano tercer lugar, con apenas 15% de expectativas de voto, mientras que el PRI tiene en Nuevo León 38% y el PAN, 33 por ciento.
Algo similar ocurrió en la delegación Miguel Hidalgo: todas las encuestas, hasta ahora, le daban una cómoda ventaja al candidato perredista David Razú, de entre 15 y 20 puntos sobre sus contrincantes. Pero ayer, el mismo medio que pone primero a El Bronco en Nuevo León, coloca a la panistaXóchitl Gálvez, que en las otras encuestas apenas supera el 15%, a la cabeza con más del doble, 33 por ciento.
Es imposible que una encuesta, en mediciones tomadas con escasos días de diferencia, arroje resultados tan diametralmente distintos.
Simplemente, algunas de esas mediciones está mintiendo y no hablamos sólo de una encuesta mal realizada, sino lisa y llanamente de encuestas manipuladas.
Alguna de esas empresas perderá prestigio y poder dentro de poco más de dos semanas. Pero, por lo pronto, han confundido al electorado y, en algunos casos, le han mentido. Se supone que el INE debe revisar encuestas, empresas que las dan a conocer y su metodología, para ver si son confiables. Pese a esas diferencias notables, el INE no se ha pronunciado.
Y no lo ha hecho, entre otras razones, porque tiene sus propios problemas. Si la decisión de volver a registrar a Marcelo Ebrard, contraviniendo las disposiciones expresas del tribunal electoral es un error gravísimo (político, legal y de percepción pública); la grabación, por supuesto ilegal, pero políticamente demoledora, que se ha divulgado del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, hablando con el secretario ejecutivo Edmundo Jacobo, es un golpe en toda la línea de flotación del Instituto, que hará más complejo aún llevar a buen puerto el barco electoral.