13-07-2015 Si hace un año y 139 días el presidente Peña había sido despertado en la madrugada para anunciarle que, por fin, casi trece años después de que se fugara del penal de Puente Grande, Joaquín el Chapo Guzman había sido capturado en Mazatlán, en la medianoche del sábado, poco antes de hacer escala en el aeropuerto de Gardner, en la isla de Terranova, rumbo a París, el presidente recibía una llamada que enturbia el futuro de su administración: era informado de que, por segunda ocasión, el narcotraficante más importante de México y del mundo, el hombre que se había dicho desde febrero del 2014 que no era necesario extraditarlo a Estados Unidos porque se habían tomado todas las medidas necesarias para que no volviera a fugarse, había desaparecido de su celda en el penal de máxima seguridad del Altiplano.
Esa llamada, abrió la más profunda y grave crisis política que ha vivido la administración Peña. Decimos bien: crisis política, no una crisis coyuntural ni siquiera de seguridad.
El desafío obviamente no es sólo atacar la situación, buscar responsables, descubrir que custodios u otros funcionarios de la prisión (y de la zona aledaña) trabajaban en realidad para el Chapo Guzmán, sino realizar los cambios profundos que se requieren en la seguridad del país y que no se efectuaron después de la primera fuga del Chapo y tampoco en los años posteriores, en algunos casos por desidia, en otros por falta de apoyo político, en muchas ocasiones porque se quiere enmascarar la situación que vive el país en este ámbito con medidas cosméticas que no van al fondo de la enfermedad. Apenas esta semana entrevistábamos al secretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos que nos decía que el ejército, las fuerzas armadas, realizan ya demasiadas funciones de seguridad interior, y que en estos terrenos “hay mandatos que se han dado y que no veo que avancen a la velocidad que, al menos nosotros, quisiéramos…si no tenemos policías ningún concepto (de seguridad) va a funcionar”. Los custodios son policías, los que deben vigilar el perímetro del penal o hacen inteligencia también.
La base de la pirámide está endeble o simplemente podrida. No puede ser que a catorce años de su primera fuga, el Chapo se vuelva a escapar utilizando en esta ocasión un método más sofisticado (no se fue en un carro de lavandería por la puerta del penal sino utilizando un túnel de mil quinientos metros de longitud) pero que se basa exclusivamente en la misma premisa: comprar la complicidad de la estructura de seguridad que debería cuidarlo.
Incluso en varios términos lo ocurrido en la noche del sábado es más grave que lo sucedido en enero del 2001. Estamos hablando de haber construido un túnel de kilómetro y medio de largo; de haber atravesado a una profundidad de más de 10 metros, los propios cimientos del penal; de tener la capacidad de conocer exactamente la ubicación de la celda del Chapo y poder desembocar esa construcción exactamente en su regadera. Implica haber vulnerado las alarmas que se supone existen para evitar este tipo de construcciones en un penal de máxima seguridad; haber tenido cooperación de guardias o de funcionarios desde mucho antes de la fuga; significa que no se realizaron, o se realizaron negligentemente, las labores que siempre se efectúan en la zona circunvecina del penal del Altiplano (y de todos los de máxima seguridad) para tener controladas construcciones, movimientos extraños o sospechosos en la zona. Implica fallos terribles en la inteligencia: según las primeras versiones en la construcción del túnel debe haber implicados cerca de 50 personas (se supone que se construyó con métodos manuales para no mover maquinaria) y obviamente esa tiene que haber sido una labor de meses. También durante mucho tiempo tiene que haber habido complicidad interna en la prisión. ¿Semejante movimiento de personas y materiales sin detectarlo siquiera?.
Pero no es lo más importante. Si no hay cambios mucho más profundos, si no se comprende que se requiere de un esfuerzo nacional que vaya mucho más allá de las responsabilidades compartidas, estas historias se seguirán repitiendo, en ocasiones con personajes tan famosos como el Chapo, en otras con decisiones judiciales incomprensibles, como con el Menchito. Lo cierto es que esos cambios de fondo no se han inducido desde el gobierno federal, la seguridad no estuvo en el Pacto por México y el decálogo de noviembre quedó en letra muerta; en el ámbito legislativo han sido lisa y llanamente ignorados (ver nuevamente la entrevista con el general Cienfuegos cuando explica porqué los legisladores no quieren aprobar un marco legal para el desempeño militar en la seguridad interior); los gobiernos estatales hacen como que se esfuerzan pero en la mayoría de los casos no asumen responsabilidades; en sectores sociales y políticos se prefiere victimizar a los victimarios. Y la gente está harta. La fuga del Chapo destruye muchas cosas, pero sobre todo la confianza y la credibilidad.