08-09-2015 El grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que estuvieron investigando el caso Iguala han llegado a una serie de conclusiones que lo único que demuestran es que su indagatoria no pasa más allá de lo que ha dicho cualquier investigación periodística y es igual de poco concluyente.
El punto más destacado es que, según José Torero, un experto peruano que trabaja en una universidad de Australia, los cuerpos no pudieron ser incinerados en el basurero de Cocula porque se necesitaría mucho más material y más horas para poder hacerlo. Los de la CIDH hacen suyo el peritaje de Torero, pero al hacerlo desechan los realizados por la PGR y los de expertos mundiales reconocidos como John De Haan, Elayne Juniper Pope o Guillermo Rein, que han declarado que la incineración de los cuerpos sí era posible en ese lugar y en esas condiciones. Pero además, desconocen de un plumazo una parte clave de la investigación: las declaraciones ministeriales de los detenidos que reconocieron que ellos mataron a los jóvenes, incineraron los cuerpos y luego arrojaron los restos al río en bolsas negras de basura. Es una investigación en la que se cuentan 487 informes periciales, 386 declaraciones, hay cerca de 120 detenidos, 95 teléfonos móviles investigados y 14 registros, así como restos óseos que fueron recuperados en una bolsa en el río Cocula y que fueron enviados al laboratorio austriaco de Innsbruck donde, por lo menos, un fragmento se identificó, a través de pruebas genéticas, como correspondiente a uno de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Desechar todo eso a partir de un peritaje de alguien que no ha estado siquiera en el lugar de los hechos es una irresponsabilidad. No se cuestiona el grupo de expertos el porqué los jóvenes fueron a Iguala esa noche. En realidad habían sido convocados para ir a Chilpancingo, ya en el camino uno de los líderes del grupo les informó que siempre no, que iban a Iguala a reventar, les dijo y según testimonios de los sobrevivientes, un acto político. Ya en Iguala roban autobuses y según el grupo de expertos podrían haber robado, por confusión, un autobús que contenía droga y eso es lo que provocó una reacción tan violenta de policías ligados al cártel de Guerreros Unidos, ligados a su vez al presidente municipalJosé Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda.
Para los expertos todo es por simple confusión, pero se está obviando que entre esos estudiantes había, también según testimonio de los asesinos confesos, integrantes de Los Rojos, el cártel rival de Guerreros Unidos. Según los detenidos, los jóvenes fueron llevados a Iguala como una medida de distracción para asesinar a los jefes de plaza de ese grupo en la ciudad. Nadie lo ha desmentido.
También, hace agua el informe cuando dice que ni el Ejército ni la Policía Federal intervinieron para evitar los hechos. En la zona la responsabilidad de la seguridad no era de la Policía Federal, sino de la policía local. Respecto al Ejército, el propio general Salvador Cienfuegos nos decía, cuando lo entrevistamos el 8 de julio pasado que, no era su responsabilidad salir de los cuarteles, como no habían salido en más de 100 movilizaciones que habían hecho esos jóvenes en Tixtla, en Chilpancingo, en Iguala. Además, “cuando estos hechos se dan, decía el secretario de la Defensa, en el cuartel no había gente; la destinada a atender cualquier emergencia había salido desde la mañana de ese día a atender un accidente de una pipa que traía un líquido muy tóxico y hasta en la noche se solucionó ese problema.
“Cuando regresan, ya habían sucedido esos hechos y salen cuando se sabe que hay personas, que dicen armadas, en una clínica. Ellos acuden y encuentran ahí alrededor de 25 jóvenes que se identifican como estudiantes, que no estaban armados, uno de ellos tenía una herida en el labio superior, sangraba, se les ofreció una ambulancia o algún servicio y no lo quisieron. Aun así, el oficial, pidió la ambulancia, están todos los reportes, llegan dos ambulancias, no una, para atenderlos, pero cuando llegan las ambulancias ellos ya se habían ido”.
Incluso, me decía el general Cienfuegos que “si ya vamos a lo que pudo haber pasado de haber tenido gente y haber salido a contener este problema, se tiene que apoyar a la autoridad y la autoridad es la Policía, que hoy sabemos que estaba penetrada. Pero cuando se están enfrentando a los jóvenes, están en una actitud de policías, ¿a quién atendemos? ¿A la policía o a los jóvenes que estaban enfrentando a la policía? Entonces, yo diría que en ese momento qué bueno que no había con qué haber salido, porque de haber salido hubiéramos creado un problema mayor”. Hace bien el gobierno federal en ordenar un nuevo peritaje en Cocula y en incorporar las conclusiones del grupo de expertos de la CIDH a los expedientes del caso. Pero debería quedar muy en claro que ese grupo no ha aportado nada nuevo ni definitivo a la investigación. Simplemente ha especulado sobre lo sucedido.