25-09-2015 Cuando no se quiere asumir la realidad, los acuerdos son imposibles. Los familiares de los jóvenes secuestrados y, según todas las pruebas existentes, muertos en Iguala en la noche del 26 al 27 de septiembre, se reunieron ayer con el presidente Enrique Peña Nieto y presentaron un pliego petitorio de ocho puntos que resultan imposibles de cumplir, sobre todo, la creación de una fiscalía con dos áreas, una destinada a realizar una nueva investigación sobre lo sucedido esa noche, y la otra dedicada a investigar, así dicen, el “montaje” mediante el cual se intentó “engañar” a los padres.
No hay ningún montaje que haya buscado engañar a los padres. Existe una investigación que, salvo en el tema de la calcinación de los cuerpos en el basurero de Cocula, incluso, coincide en todas las grandes líneas con la realizada por el controvertido grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este grupo, que basó su conclusión con un solo peritaje a cargo del perito José Torero, ignorando todos los llevados a cabo por la Procuraduría General de la República, ha aceptado la creación de un nuevo equipo forense, donde si lo desea se integraría Torero, para realizar un nuevo peritaje en el basurero.
La tesis del “montaje” es doblemente peligrosa porque si avanzara implicaría la posible liberación de los 113 detenidos e inculpados por el caso, la mayoría de ellos confesos de haber secuestrado, matado e incinerado a los jóvenes. No puede considerarse que hubo un “montaje” cuando en el lugar se encontraron restos que le permitieron identificar a, por los menos, dos de los jóvenes al más prestigioso instituto de estudios genéticos del mundo, con sede en Innsbruck, en Austria. ¿Un montaje en el que participan confesando sus responsabilidad sicarios y policías, aunque ello les ocasione estar privados de su libertad de por vida?, ¿un montaje en el cual se involucra alegremente un instituto científico austríaco? Es una barbaridad plantearlo y a partir de allí pedir, como se pidió ayer, una fiscalía especial para investigarlo.
Si hubo un montaje, esos más de 100 detenidos, esos policías municipales, esos sicarios y criminales serían parte de él, estarían injustamente acusados y tendrían así una línea de defensa inatacable para buscar la libertad. Las fallas al debido proceso han propiciado injusticias mayores.
Los personajes que manejan a los familiares también han rechazado la creación de una fiscalía especializada en la búsqueda de personas desaparecidas. ¿Por qué? Quién sabe. Pero en un país donde hay miles de personas desaparecidas, incluyendo los jóvenes de Ayotzinapa, contar con una instancia con esas facultades es imprescindible.
Pareciera que los grupos que giran en torno a los padres lo que quieren es imponer una agenda política, en la cual hacer justicia es lo de menos: no importa si con tal de imponer la línea de que “fue el Estado” o más sencillamente el gobierno, descalifiquen una investigación que puede llevar a esclarecer totalmente lo que sucedió con los jóvenes y se termine propiciando la liberación de los detenidos confesos por el crimen. No importa si las pruebas científicas confirman lo que ellos no quieren escuchar. Tampoco importa que se termine violando todas las leyes nacionales, proponiendo crear tribunales extraterritoriales para juzgar crímenes de carácter delincuencial dentro del país.
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación,Roberto Campa, llegó a acuerdos concretos con los integrantes del comité de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Con ellos se pudo llegar a los acuerdos que los personajes que representan a los familiares despreciaron.
Ayer mismo en el Senado se discutió, también, la creación de una comisión investigadora para el caso Iguala. La comisión se aprobó y no servirá para mucho aunque el senador Pablo Escudero
puso sobre la mesa un punto clave: si la idea es investigar lo sucedido, hay que ir al fondo del tema y comenzar por citar a quienes colocaron en el poder a las autoridades de Guerrero, Iguala y Cocula, desde Jesús Zambrano hastaLópez Obrador, desde Lázaro Mazón hasta Ángel Aguirre. Nada saldrá de esa comisión en términos de la verdad, pero a ver hasta dónde llega el cochinero político.
ESOS SON NUESTROS CORRUPTOS
La frase se la atribuyen a Franklin D. Roosevelt cuando le dijeron que no se podía sostener a Anastacio Somoza como presidente de Nicaragua, porque era un “hijo de puta”. El presidente estadunidense contestó que “tal vez
Somoza sea un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta”. Lo recordé cuando leí que la diputada capitalina, del grupo de
René Bejarano, Aleida Alavez dejó el Partido de la Revolución Democrática para convertirse en diputada por Morena y permitirle así al partido de López Obrador mantener un grupo mayoritario en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Resulta que Alavez ganó en Iztapalapa donde el Movimiento Regeneración Nacional asegura que les hizo fraude. Pero no tienen problema alguno en aceptar en su partido a quien es producto y operador de ese supuesto fraude. ¿Cómo no recordar el dicho de Roosevelt sobre Somoza?