19-10-2015 El 28 de octubre el ministro Arturo Zaldívar presentará ante la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación un proyecto que busca declarar anticonstitucionales varios artículos de la Ley General de Salud que prohiben la siembra, cultivo y posesión de mariguana con fines recreativos. El proyecto no permite la comercialización de la droga.
Es la respuesta a un amparo promovido por una organización civil, la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Tolerante y Responsable que había solicitado, desde dos años atrás, permisos para cultivar mariguana con fines recreativos. Fueron rechazados por la Cofepris y por dos tribunales, pero lograron llegar hasta la Suprema Corte, que tendrá a debate el 28 de octubre la propuesta del ministro Zaldívar.
En ella Zaldívar sostiene que el consumo o no de marihuana “pertenece a la autonomía individual, a la posibilidad de decidir responsablemente si desea experimentar los efectos de la sustancia”, asumiendo, según Zaldívar, que su consumo de mariguana en personas adultas “no supone un riesgo importante para la salud”.
El proyecto de Zaldívar logra avanzar con claridad en uno de los temas más debatidos en la actualidad: la legalización o no de las drogas y sus márgenes. Un debate que hay que sacar de las opiniones de coyuntura para ponerla en manos de especialistas. Muchos de los presupuestos que se plantean para impulsar la legalización de las drogas, o en este caso de la mariguana, son falsos: no hay evidencia de que la violencia vaya a disminuir porque se legalice el consumo y la comercialización de mariguana no se reducirá porque los cárteles que comercializan mariguana también producen o comercializan otro tipo de drogas, incluso, más lucrativas, porque su negocio ha trascendido hace ya tiempo el narcotráfico y muchas de las bandas se dedican a la extorsión, el secuestro, el robo. Las ganancias de Los Templarios en Michoacán, sin duda, venían del narcotráfico, pero eran mucho mayores por las extorsiones a limoneros y aguacateros y, sobre todo, por la exportación ilegal de material de hierro a China. Eso no se detendrá por la legalización, al contrario, al restringirse el ámbito de actividad de los grupos delincuenciales, puede ser que se fortalezcan, precisamente, en los espacios en los que puedan seguir garantizando sus ingresos.
El enfoque del ministro Zaldívar es diferente y parte del derecho de un adulto a consumir esa droga con fines recreativos si así lo desea, partiendo del principio, según el ministro, de que no supone un riesgo importante para la salud. Al respecto hay versiones encontradas: partamos de una base, para un adolescente, la mariguana conlleva riesgos muy importantes para su salud y su desarrollo, además de que, como el alcohol, es puerta de entrada a otros consumos. Para un adulto el consumo de mariguana no es mucho más dañino que el alcohol o el tabaco, pero limita a la persona en varias actividades por sus efectos evidentes (como lo hace, también, el alcohol).
Existen condiciones sociales que no se pueden obviar al hablar de la legalización de la droga. Por alguna razón, la legalización en estados de la Unión Americana se ha dado, hasta ahora, en las entidades más ricas y con mejor calidad de vida, Colorado, Washington, y no en el sur profundo donde las carencias suelen ser notables. No es lo mismo legalizar la mariguana en Uruguay, el país con la mejor calidad de vida y menor población de América Latina, que en Brasil o México. Es diferente contar con sistemas de sanidad y de prevención eficientes y universales, que enfrentar el consumo de drogas desde la pobreza y la marginación. Es distinto consumir desde la tranquilidad de un hogar de clase media que en el abandono de la periferia de cualquiera de nuestras grandes ciudades.
Pero el ministro Zaldívar tiene razón. Estableciendo condiciones específicas y sin dañar a terceros, cualquiera tiene el derecho de consumir lo que le apetezca, incluyendo mariguana. En términos legales sí, desde hace años, está legalizado el consumo y la portación de dosis mínimas de drogas por persona, no sería contradictorio que se le permitiera a quien así lo desee cultivar hasta un número determinado de plantas para su consumo personal, con la prohibición de comercializarla.
Sería una medida que generaría, también hay que reconocerlo, otros fenómenos, pero que terminaría garantizando derechos al mismo tiempo que pone limitaciones a lo que se suele obviar cuando se habla de la legalización, que son los costos de la misma para la salud pública (no según la opinión, respetable, pero amateur de sociólogos, diputados o escritores, sino de especialistas en salud pública). Es una medida intermedia en un proceso que más tarde o más temprano se terminará dando con mayor amplitud (nos guste o no), pero en el que por las condiciones sociales de nuestro país no podemos ser vanguardia, pero tampoco vagón de cola.