02-11-2015 Días atrás, en parte, sólo en parte, como respuesta a la difusión del filme La Noche de Iguala (donde se pone el acento en la relación de distintos grupos de poder del estado de Guerrero, en particular del matrimonio Abarca, las policías de Iguala y Cocula, sectores de la normal de Ayotzinapa, y del gobierno del estado, con cárteles del narcotráfico, en particular de los Rojos y los Guerreros Unidos) se lanzaron varias campañas, por una parte contra ese documental (porque se contrapone a la estrategia de “fue el Estado”), pero sobre todo tratando de mostrar a los propios Abarca como chivos expiatorios de una conjura que nadie sabe muy bien qué fin podría tener.
El problema es que ni una cosa ni la otra se sostienen: decir que los jóvenes de Ayotzinapa no murieron por la lucha entre fracciones del narcotráfico, del que participan como parte, como actores, diferentes sectores políticos, de uno y otro bando, es ignorar la evidencia. Lo hacen porque va en contra del sentido (“fue el Estado”) que quieren darle a una agenda política sesgada y cuyo objetivo se ubica precisamente en desmontar las instituciones del Estado mexicano (agenda enarbolada hasta por algún escritor bastante poco exitoso últimamente y que presume de su actitud de denuncia y su supuesta superioridad moral… lo que no le impide vivir alegremente y desde hace tres sexenios de los recursos del gobierno, en México y en el extranjero).
Lo de los Abarca se cayó por su propio peso: es insostenible, incluso los voceros de los padres de los familiares, tan inmersos en aquella agenda, tuvieron que dar marcha atrás con esa pretensión. Este fin de semana, María de los Angeles Pineda, esposa de José Luis Abarca, y cuyos padres y cuatro hermanos, son o han sido parte de la dirigencia de los Beltrán Leyva y luego de Guerreros Unidos, ha sido ya procesada por narcotráfico y lavado de dinero. Por más que en una poco comprensible decisión, la investigación del caso Iguala haya sido pasado de la SEIDO a la subprocuraduría de derechos humanos, lo cierto es que los temas torales de ese caso siguen vinculados siempre al crimen organizado y sus redes políticas.
La mejor demostración la tuvimos el viernes cuando se anunció la detención de Adán Casarrubias, sucesor de su hermano Sidronio (autor intelectual del asesinato e incineración de los jóvenes de Ayotzinapa) en compañía del nuevo alcalde perredista de Cocula, Eric Ramírez, y un presunto asesor del PRD en la cámara de diputados, Eloy Flores (la cámara dice que no tiene a nadie registrado como asesor con ese nombre, pero no deja de ser significativo que al momento de ser detenida esta persona intentara usar esa supuesta actividad para no ser consignado), los tres en el mismo automóvil dirigiéndose de Cuernavaca hacia Guerrero.
La familia del alcalde dice ahora, sin prueba alguna, que fue presionado para ese encuentro, pero la versión es inverosímil. Nada hace presumir que estaba bajo coacción y cuando fue apresado ni siquiera se sabía que era el edil de Cocula, las autoridades iban por el nuevo jefe de Guerreros Unidos. El hecho vuelve a demostrar no sólo que los grupos criminales y políticos de la zona, más allá de partidos, siguen con su relación más de un año después de los hechos de Iguala (el nuevo edil de Iguala, priista, primero designó a un ex jefe de policía de los Abarca como secretario de seguridad, aunque lo tuvo que quitar por la reacción pública, y varios familiares de ese matrimonio continúan en funciones pública en el municipio), sino que la investigación sobre ese círculo de corrupción puede profundizarse aún mucho más. Es Iguala, es Cocula y son otros catorce municipios.
Por otra parte, otra mentira se comenzó a desdibujar esta semana. José Luis Hernández, director de la normal de Ayotzinapa, que no dio la cara durante todo el año posterior a los hechos, pese a que prácticamente desde el inicio de las investigaciones, los sicarios y autores intelectuales del crimen, pertenecientes a Guerreros Unidos, lo acusaron de utilizar a estudiantes de esa escuela en acciones en beneficio de los Rojos (aquella movilización intempestiva a Iguala el 26 de septiembre del año pasado habría sido, dicen los detenidos, para enmascarar una incursión de los Rojos en territorio rival), sí había sido citado por la PGR, sí había ignorado los citatorios y sí tendrá que ir esta semana a declarar sobre el tema. A ver si con eso comienza a develarse una pregunta que ni los voceros oficiales o extraoficiales, ni los expertos independientes, quieren hacer y mucho menos responder: ¿por qué fueron enviados al matadero esa noche a Iguala, a territorio enemigo, los jóvenes de primer ingreso de Ayotzinapa, a los que originalmente les habían dicho que irían a la políticamente amigable Chilpancingo?.