04-11-2015 Hoy se supone que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abordará la propuesta del ministro Arturo Zaldívar respecto al amparo promovido por una asociación civil para que se permita la producción y consumo de marihuana para fines lúdicos. Según el proyecto de resolución del ministro Zaldívar, divulgado ya hace varias semanas, se permitiría la producción y el consumo pero se prohibiría la comercialización de ese producto.
En principio simpatizo con el proyecto, me parece coherente con el respeto de los derechos individuales y con la capacidad de elegir que tenemos mientras no se afecte a terceros. Hasta ahí, aquí ya lo hemos escrito, el punto es difícil de rebatir. El problema es otro: primero, la ausencia en el proyecto del ministro de opiniones de especialistas en adicciones y salud pública respecto a los daños no sólo del producto sino también de sus efectos colaterales, y sobre todo la ausencia de un debate real en torno a la marihuana mientras se busca su legalización por la puerta trasera de la Suprema Corte en lugar de recurrir al Congreso, porque se asume que no existen consensos ni sociales ni políticos para esa legalización (en realidad más del 70 por ciento de las personas en todas las encuestas no están de acuerdo con la legalización).
Por eso no se termina de asumir que estamos ante un caso de salud pública, no sólo ni necesariamente de derechos individuales. México no es una ciudad tan próspera como Denver o Seattle, ni siquiera la muy tranquila y educada Montevideo (todos sus habitantes no llegan a ser la mitad de los de Iztapalapa), ni hablemos de Holanda, sino un país muy grande, con enormes desigualdades sociales, donde no estamos garantizando ni siquiera el acceso de todos a la salud pública o la educación; donde 50 millones de personas viven en la pobreza y en el cual un 25 por ciento de sus hogares son mantenidos exclusivamente por una mujer, en la mayoría de los casos con varios hijos.
Es verdad que los daños de la marihuana en los adultos no son mayores, mejor dicho son diferentes, a los del tabaco o el alcohol, pero en niños y adolescentes esos daños son innegables. No hablemos de consumidores de una clase media más o menos acomodada, sino de las clases más populares: pregúntele a una madre de Chalco o Ecatepec si quiere que la droga, cualquiera de ellas, sea legal.
Se dirá que estaría prohibido su consumo para menores de edad y que se invertirá en acciones preventivas para evitar que los menores consuman. ¿Alguien cree que algo de eso se podría cumplir? Hoy no se puede evitar que los menores consuman alcohol, tampoco tabaco, por la enorme permisividad en su venta: ¿cómo se evitaría el consumo de marihuana en menores una vez que la misma esté legalizada para su consumo lúdico? ¿Acciones preventivas? ¿atención de adicciones?: los centros públicos como los de Integración Juvenil están ya rebasados en su capacidad y eso ha alimentado el negocio de multitud de supuestos centros de rehabilitación que son unos infiernos, o la creación de otros que son una suerte de spa de lujo.
No tenemos recursos suficientes para atender las diálisis o la diabetes en la salud pública ¿y vamos a invertir en más centros de rehabilitación para los consumidores que genere una droga que vamos a introducir legalmente al mercado? ¿No es paradójico que se haya desarrollado una durísima campaña para impedir que se redujera el impuesto sobre los refrescos, poniendo el acento en los daños de los dulces sobre la salud, y desde los mismos ámbitos políticos se esté demandando la legalización de la marihuana?
No hablemos, ya lo hemos analizado, del mito de que la legalización disminuirá la violencia. Es tan cierto que la prohibición del alcohol detonó la violencia y el poder de la mafia como comprobar que su posterior legalización no disminuyó un ápice el poder de aquella ni tampoco la violencia. No se necesita un estudio científico para saberlo: basta ver El padrino.
En síntesis no sé (y he estudiado el tema durante tres décadas) cómo podemos compatibilizar los derechos individuales que deberían permitir que cada uno consumiera lo que desee siempre que no afecte a terceros, en lo que creo profundamente, con el derecho del Estado a regular la salud pública, y las exigencias de una sociedad y un país desiguales, con servicios de salud y educación limitados. No creo que el que alguien tenga unas macetas de marihuana en su casa para su propio consumo rompa los parámetros de la salud pública ni mucho menos que eso lo convierta en delincuente, pero tampoco sé cómo vamos a evitar que la droga se termine comercializando y consumiendo libremente, no en alguna casa de fin de semana, sino en un barrio popular, por niños que esperan en la calle que su madre regrese de trabajar hasta bien entrada la noche. ¿Qué eso ya sucede? Ya lo sé, todos los sabemos. La pregunta es qué tanto queremos profundizar ese fenómeno. Y no creo que los ministros de la Corte tengan una respuesta veraz.