10-11-2015 La partidización de los graves hechos de inseguridad que se viven en el país busca, obviamente, sacar raja política de ellos, pero en ese camino contaminan la propia lucha contra los criminales. Ejemplos hay muchos, el caso Narvarte es uno de ellos. Allí se quiso hacer pasar por un crimen político un hecho terrible, pero que fue, evidentemente, realizado por razones criminales, relacionadas con el robo de drogas. Aún hoy con los responsables detenidos y una amplísima investigación que respalda los resultados, hay quienes insisten en querer darle una intencionalidad política.
Mucho más notable es lo sucedido en Iguala. La investigación realizada por la PGR ha sido de las más completas efectuadas sobre un crimen de estas características en el país, pero en el debate público las autoridades prefirieron minimizar un hecho central que está más que presente en la investigación: los jóvenes de Ayotzinapa fueron asesinados por los sicarios de Guerreros Unidos y los policías municipales que trabajaban para ellos no porque fueran estudiantes u opositores políticos, sino porque creían que con ellos iban sicarios de Los Rojos que planeaban un ataque contra sus posiciones en Iguala, plaza que controlaban gracias a los Abarca.
Y, efectivamente, había relaciones de gente de Ayotzinapa tanto con grupos armados, los mismos que protegen con armas largas las instalaciones de la normal, como con el cártel de Los Rojos. Cuando comenzó a proyectarse la película La Noche de Iguala eso es lo que tanto les molestó a quienes durante más de un año habían enarbolado la tesis de “fue el Estado”. Pues resulta que no, no fue el Estado los responsables de esas muertes fueron los grupos criminales.
Como también dijimos antes y en esa película, el círculo de muertes y desapariciones había comenzado en la zona mucho antes de los hechos del 26 de septiembre del año pasado: hay unas 600 personas muertas o desaparecidas en la zona desde que comenzó la lucha entre Los Rojos y Guerreros Unidos. En estos días en fosas clandestinas se han encontrado ya más de un centenar de cuerpos, ninguno de los jóvenes de Ayotzinapa: se trata, en todos los casos, de crímenes anteriores. Y la información publicada ayer en Milenio por Carlos Marín, de grabaciones de dirigentes de Ayotzinapa reconociendo enfrentamientos con Los Ardillos (un grupo aliado a Guerreros) contra estudiantes de la normal porque en ella hay miembros de Los Rojos, es una vuelta de tuerca más sobre el verdadero conflicto de fondo en esa zona del estado de Guerrero.
Días antes, la detención del presidente municipal de Cocula, Eric Ramírez mientras socializaba con el líder de los Guerreros Unidos, Adán Casarrubias, fue, por si hubiera necesidad, la confirmación de esas relaciones que están en el origen de la violencia. Y, también, esa detención intentó ser partidizada para dejar en libertad al edil.
En Quintana Roo la muerte de varias mujeres a lo largo del año, llevó a grupos políticos en el contexto de la inminente lucha electoral en el estado, a exigir nada menos que la declaratoria de emergencia por feminicidios en la entidad. El asesinato de una mujer siempre es terrible y en muchas ocasiones hay agresiones de género detrás de ellas, pero en Quintana Roo no hay una situación de emergencia por esa causa. Ha habido asesinatos que son hechos aislados, específicos, con responsables marcados, en algunos casos ya detenidos y otros en investigación. No se trata, como se dijo, de asesinos seriales o de una situación de emergencia de género diferente a la de cualquier otra entidad en el país (incluso, tiene los índices más bajos en ese sentido), en una entidad con un enorme flujo de visitantes nacionales y extranjeros. El daño de una denuncia infundada puede terminar siendo enorme. Por cierto, el domingo se detuvo, en Acapulco, al responsable del crimen que más había indignado en la entidad: el de la niña María Fernanda Vargas.
En Tamaulipas, el secuestro y asesinato del padre y el hermano del cineasta Alejandro Gómez Monteverde, causó justificada indignación. Pero también se intentó manipular políticamente el caso. Este fin de semana la banda que operaba en el sur de Tamaulipas y el norte de Veracruz, fue desarticulada y detenida, y fueron rescatadas varias personas secuestradas que estaban en su poder, entre ellas varios migrantes.
Nuestros problemas de seguridad son muchos como para trivializarlos, pero también para tratar de sacar partida política de ellos. Siempre la inseguridad genera costos para cualquier autoridad, federal o local, y deteriora el tejido social, pero querer partidizarla o manipularla los amplía, y los extiende a toda la sociedad.
Por cierto, cuando Alberto Silva, el presidente del Partido Revolucionario Institucional veracruzano dijo que no sólo se pedirían pruebas antidoping, sino también todo tipo de pruebas a sus candidatos, incluyendo las de embarazo ¿era tan difícil comprender que se trataba de una broma? Pero hasta eso se intentó manipular.