21-01-2016 Hay quienes dicen que el tramo de carreteras que comienza en La Tinaja, Veracruz y llega hasta Matías Romero, en Oaxaca —cruzando, entre otros lugares, Tierra Blanca— debería ser llamado la ruta de la muerte. La mayor parte de esa zona es exuberante y rica, pero también está, en buena medida, lejos del Estado de derecho y de la preocupación de muchas autoridades, Ahí, en muchas ocasiones, se mata o se muere. Es una de esas zonas donde coexisten muchos Méxicos diferentes y que, desde hace décadas, ya ha sido ganada por la violencia.
En el secuestro y la desaparición en Tierra Blanca de los cinco jóvenes que iban por esa ruta del puerto de Veracruz hasta Playa Vicente, han intervenido policías estatales y, por lo menos, dos grupos criminales enfrentados entre sí. Se dice que entre los jóvenes secuestrados (y quienes los acompañaban en otro auto e inicialmente, cuando fueron subidos a una patrulla, los seguían pero, luego, decidieron no continuar la persecución) había algunos ligados a un grupo con origen en la cercana Tuxtepec, encabezados por un personaje a quien llaman El Brujo, personaje dedicado a asuntos de droga, pero también al robo de ganado y de autopartes.
Entre siete policías detenidos, cuatro no estaban acreditados, o sea, no habían pasado los controles de confianza, algo que, pese a que es una norma impuesta desde 2009, sigue siendo un agujero negro en muchas de las policías del país. Hasta ahora, se estima que los policías secuestraron a los muchachos para cumplir una suerte de venganza contra algunos de ellos. Y que, por lo mismo, fueron entregados a un grupo criminal rival de los de Tuxtepec. Falta saber, aún, cuál ha sido su suerte. Nadie es demasiado optimista.
Esa larga frontera que comparten Veracruz y Oaxaca se alimenta, hay que decirlo, de una violencia social, criminal y política de todo tipo. Hace muchos años, investigando un tema de narcotráfico, terminé cubriendo una visita a un rancho propiedad de Margarito Montes Parra, un sonorense que se había asentado políticamente en esa zona, quien entonces era líder de la Unión General Obrera, Campesina y Popular (UGOCP) por el rumbo de Tuxtepec. El rancho era magnífico y había una pequeña multitud festejando mientras las armas largas aparecían por doquier. Por su parte, Margarito ofreció un discurso con un lenguaje que le hubiera envidiado el Che Guevara aunque había funcionarios del gobierno de Oaxaca y Veracruz acompañándolo.
El problema era que Margarito y su gente, al mismo tiempo que negociaban con gobiernos y otras instancias de poder, arreglaban los problemas agrarios, y muchos otros de los negocios “privados” que tenía el líder a sangre y fuego. En ese viaje —estamos hablando de, por lo menos, 15 años— tuve oportunidad de platicar con ganaderos de toda la zona, incluyendo Tierra Blanca, y eran innumerables las denuncias por extorsiones, chantajes, violaciones, ocupación de tierras y abigeato realizadas bajo el manto de la UGOCP o de otras organizaciones sociales o, simplemente, de grupos criminales que, a veces, usaban una cachucha y, en otras, alguna diferente.
La gente de Margarito decía que ellos sólo se defendían y que, en cambio, los propietarios tenían grupos paramilitares que los perseguían. Las investigaciones que realicé me dijeron que ambos tenían razón: las extorsiones y ocupaciones eran terribles y las reacciones también. En ese entonces hubo enfrentamientos entre decenas de hombres armados de uno y otro grupo que dejaron más de 40 muertos.
En enero del 2006 se involucró a Margarito con el narcotráfico por su relación con Neguib Tadeo Manrique Madariaga, exalcalde de Ixtepec, Oaxaca, asesinado en un ataque ocurrido cerca del aeropuerto de Veracruz. Al exedil, a su vez, se le relacionaba con un narcotraficante de Coatzacoalcos y con Pedro Díaz Parada, entonces uno de los jefes del narcotráfico en Oaxaca y el Istmo. No pasó nada. Pero tres años después, en 2009, durante una reunión en Sonora, Margarito, uno de sus hijos y parte de su familia —en total quince dirigentes de la UGOCP— fueron asesinados en un ataque feroz, que jamás ha sido esclarecido.
Desde entonces, han pasado muchos años y algunas cosas han cambiado y muchas otras permanecen igual. Hay demasiadas armas y demasiados grupos criminales al margen de la ley en la zona, demasiadas venganzas; las policías estaban —y están— infiltradas y, pese a los esfuerzos realizados, siguen estando lejos de los objetivos declarados, incluso de las normas de ley.
El gobierno del estado ha intentado reaccionar rápido y ha detenido a siete policías directamente involucrados en el secuestro y, a través de ese hilo, quizá se pueda desenmarañar la madeja de ese crimen. Pero que nadie se engañe, la llamada ruta de la muerte tiene demasiados años siendo recorrida.
EL OLVIDO DE AMLO
López Obrador acusa al gobierno del DF de contratar a una empresa, Autotraffic, por razones oscuras. Curiosamente olvidó que él mismo fue quien contrató a la empresa durante su gobierno, y que guardaron como secreto de Estado los costos de la construcción de el segundo piso. Ya es hora de desclasificar esa información.