16-02-2016 Para intentar atenuar las críticas surgidas de la estela de corrupción que ha exhibido el motín y la muerte de 49 personas en el penal de Topo Chico, las autoridades locales han llegado a hacer trascender la idea de que les “sembraron” el conflicto, porque en noviembre pasado trasladaron a ese penal a Juan Pedro Saldívar, apodado El Z-27, cuando Topo Chico era controlado por Juan Iván Hernández Cantú, apodado El Credo.
Es una de las peores coartadas de las que se tenga memoria. La cadena de errores de las autoridades de Nuevo León en Topo Chico es tan larga como la de corrupción exhibida. No existe la menor razón para que la presencia en un mismo penal de dos delincuentes enemigos entre sí cause un motín de esa naturaleza con ese brutal número de víctimas. Ocurrió porque el penal era autogobernado por los propios reos y en esa lógica todo era permisible. En Topo Chico había desde un bar hasta mujeres y niños viviendo con los reos, desde armas de alto poder hasta custodios privados para los principales detenidos (cuatro de los 49 muertos eran sicarios que trabajaban para un narcotraficante y no estaban detenidos, entraban y salían, igual que algunos reos, cuando querían y desde allí operaban secuestrando y extorsionando), había desde celdas de lujo hasta el permiso de transitar libremente por las distintas áreas del penal. Nada de eso se podría hacer sin autorización de las propias autoridades que simplemente dejaron el penal en manos de los delincuentes, se llamaran El Z-27 o El Credo.
El gobernador del estado, Jaime Rodríguez El Bronco tardó diez horas desde que ocurrió el motín para salir a dar una explicación sobre lo sucedido y cuando lo hizo se equivocó hasta en el número de muertos: anunció 52 y resultaron ser 49. En una crisis de esas características no puede haber diez horas de vacío informativo. Tampoco es explicable que se permitiera desde la madrugada que se agolparan familiares en el reclusorio mientras las fuerzas de seguridad, reconocía el gobernador, decidían no entrar al penal, supuestamente, para evitar que hubiera más violencia. La tesis es peregrina y demuestra dos cosas: primero, que si decidieron no “entrar” es porque, evidentemente, estaban “afuera” o sea que no había fuerzas de seguridad dentro del penal (¿puede existir un motín de estas características sin que no haya siquiera un custodio lesionado?). Segundo, que se esperó a que terminara el motín para entrar, lo que puede hacer suponer que, además, de negligencia hubo, incluso, complicidad o dejadez para que, efectivamente, un grupo culminara una “limpia” de criminales entre sus rivales internos.
El punto central es, y lo viene siendo desde hace años, la irracional política del autogobierno en los penales, inaceptable desde cualquier punto de vista. Es verdad que Topo Chico no es una excepción y la negligencia sobre el tema exhibida por el gobierno de Nuevo León tampoco, pero son una demostración más de que el sistema carcelario no funciona y que la rehabilitación social no es para todos los detenidos: muchos, simplemente, son criminales que deben estar detenidos para ser castigados. No hay con ellos rehabilitación posible y lo que se debe evitar es que sigan haciendo daño a la sociedad. La rehabilitación es para quien la busca y la quiere y teniendo sistemas carcelarios estrictos, ordenados y con medidas de disciplina interna explícitas y uniformes, separando claramente a los delincuentes por su personalidad y tipo de delito, serán muchos más los que podrán recorrer el camino de la rehabilitación.
EL JUICIO DE EL MOCHOMO
Un momento clave en la guerra entre las bandas criminales la protagonizó la detención de Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo, el 21 de enero del 2008. Hasta poco antes, los Beltrán Leyva eran parte del Cártel del Pacífico, que encabezaba Joaquín El Chapo Guzmán. Los Beltrán Leyva, además, de ser parte de sus principales operadores eran, incluso, los encargados de la seguridad de los líderes del cártel. Pero, precisamente, por eso los Beltrán Leyva querían un lugar en la mesa, con los líderes, con El Chapo, Zambada, El Azul Esparragoza. También, lo había querido Vicente Carrillo, el hermano de Amado Carrillo y que controlaba Ciudad Juárez. Ellos ya habían roto con el Cártel del Pacífico desde que en el 2004 fue asesinado el hermano menor, Rodolfo Carrillo, El Niño de Oro, junto con su esposa en un centro comercial de Culiacán. Cuando es detenido El Mochomo, los Beltrán acusan a El Chapo de haberlo entregado a las autoridades. Se alían con los Carrillo y Los Zetas y comienza la etapa más brutal de la guerra entre bandas criminales, la que ha dejado miles de muertos.
Esa lucha sigue aunque por otros caminos. Comenzó en Estados Unidos el juicio contra El Mochomo y la fiscalía tiene tres testigos de excepción en su contra: Édgar Valdez Villarreal, La Barbie; Sergio Villarreal, El Grande y Jesús El Rey Zambada. Los tres se han convertido en colaboradores de las agencias estadunidenses.