12-04-2016 Para mi padre, Emilio,
que hoy cumpliría 98.
En el senado, antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones, se tendría que tener aprobado el paquete de leyes reglamentarias del sistema nacional anticorrupción. Son por lo menos siete ordenamientos legales los que se tienen que crear o reformar y, evidentemente, más allá de los acuerdos base que pudieran darse entre los partidos, existen divergencias e intereses coyunturales que deben ser atendidos. Algunos quieren leyes que los otros consideran descafeinadas. Pero también hay quienes piensan que lo que las regulaciones excesivas pueden terminar siendo un cinturón de fuerza para la gobernabilidad. El congreso tendría hasta el 28 de mayo para sacar adelante estas leyes, pero la idea es aprobarlas, si se crean los consensos, antes de que el 30 de abril concluya el periodo ordinario.
Pero los legisladores (y el ejecutivo) no sólo están atentos a ese debate, sino también a lo que está sucediendo con el tema en varios otros países, donde las denuncias de corrupción han marcado todo el devenir político.
En Guatemala, por ejemplo, el presidente Otto Pérez Molina está preso. Fue acusado de un fraude en el sistema de seguridad social, y se llegó a su destitución y encarcelamiento. Para sus acusadores, el ex presidente supo y participó de ese fraude con recursos públicos. Para quienes lo defienden, los opositores se aprovecharon de ese caso, para responsabilizarlo de algo que hicieron algunos funcionarios, pero le fincaron responsabilidades al presidente y lo destituyeron.
En Brasil, el caso Petrobras y otros de corrupción, han llegado hasta la presidenta Dilma Roussef y el ex presidente, ahora también jefe de gabinete de Dilma, Luis Inacio Lula da Silva. Dilma tiene en curso por tiene un proceso de revocación de mandato, mientras que el caso Petrobras (donde se habrían distribuido más de dos mil millones de dólares en comisiones por contratos de la petrolera estatal) ha llevado a la cárcel a decenas de políticos y empresarios. Para Dilma y Lula lo que está en curso es una venganza política y lo que se busca es simplemente dar un golpe de Estado virtual. Lo cierto es que la alianza en el poder se ha roto, también se ha dividido el propio partido de los Trabajadores y el impaechment contra Dilma y la prisión contra Lula puede avanzar. Ayer arrancó la votación en el congreso de Brasil.
En Argentina, se han descubierto graves historias de corrupción que podrían dejar en la cárcel a la expresidenta Cristina Fernández de Kichner. Hay de todo contra Cristina, desde el asesinato del fiscal de los atentados a la mutual judía el día anterior a que ese fiscal iba a denunciar a la presidenta ante el congreso, hasta negocios con hoteles propiedad de los Kichner en la Patagonia, lavado de dinero de obras públicas, videos de una casa de cambio llamada la Rosadita (en alusión a la casa de gobierno) donde presuntamente se lavaban millones de dólares.
Lo cierto es que esta semana la ex mandataria tiene que presentarse a declarar ante los jueces y puede terminar en la cárcel. Sus seguidores, como los de Dilma y Lula en Brasil, están convencidos de que se trata de un golpe político y están llamando a movilizarse para defender a la ex mandataria, pero también, como en Brasil, las pruebas parecen ser muy duras y sus propias fuerzas se están dividiendo. Y no hablemos de Venezuela con el régimen de Nicolás Maduro, acosado por las denuncias de todo tipo en su contra.
Pero los pueblos también se equivocan y en muchas ocasiones no aprenden de su propia historia. Pocos regímenes más corruptos que el de Alberto Fujimori, presidente del Perú entre 1990 y el 2000 (hay que leer el magnífico nuevo libro de Mario Vargas Llosa, Cinco Esquinas, para tener un acercamiento a esa realidad brutal que fue el Perú de Fujimori y su jefe de inteligencia, Vladimiro Montesinos). Pues bien, el domingo Keiko Fujimori, su hija, ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales, con cerca del 39 por ciento de los votos. Irá a una segunda vuelta contra el economista Pablo Kuczynski, que obtuvo cerca del 22 por ciento.
Fujimori se cansó de violar leyes, comenzando por los requisitos de elegibilidad: nació en Japón, no en Perú, e incluso dio un autogolpe de estado para continuar en el gobierno. Hoy cumple una condena de 25 años de prisión acusado de asesinato con alevosía, secuestro agravado y lesiones graves. Además, ya había sido condenado a seis años de prisión por haber ordenado el allanamiento ilegal de la vivienda de la esposa de su tenebroso jefe de inteligencia, Montesinos. Y fue condenado a otros siete años acusado de peculado doloso, apropiación de fondos públicos y falsedad ideológica en agravio del Estado. Y a pesar de todo eso, su hija ganó la primera vuelta de las elecciones. Es corrupción pero también es política. Me imagino que muchos están entre asombrados y preocupados viendo lo que ocurre al sur de nuestras fronteras.