10-06-2016 No se trata como dijo el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mi muy estimado Luis María Aguilar, de estar en contra de la reforma al sistema de justicia penal acusatorio, al contrario. Se trata de comprender, como dijo Alejandro Martí en el foro sobre seguridad y justicia, de que efectivamente se haga justicia. No se trata de tener en la cárcel a inocentes, se trata de que no la abandonen los verdaderos criminales. No se trata de que se inventen pruebas, que es lo que se quiere evitar, se trata de que no se deje en libertad a un criminal porque alguna prueba en su proceso se obtuvo de alguna forma indebida. No se trata de presionar a los jueces para que no hagan justicia y mucho menos de exonerar los errores que puedan cometer policías o ministerios públicos al momento de una detención, pero sí se trata de que haya un poco de sentido común en la sentencias, que se dicten con base en el espíritu de la ley y no sólo en su letra. No se trata de olvidar las garantías que la ley otorga a todo acusado de un delito, pero sí se trata de criticar una lógica ultragarantista que no sabe distinguir los matices que un sistema de seguridad y judicial como el nuestro, en proceso de formación, con muchas desviaciones, aún tiene.
Ese es el gran debate en torno a la justicia una vez en que la enorme mayoría de los interesados estamos plenamente de acuerdo en la conveniencia y necesidad del nuevo sistema de justicia penal. Se trata de definir con claridad en qué medida las faltas al debido proceso descalifican éste por completo y por ende le otorgan la libertad inmediata a un presunto delincuente o si las pruebas que devienen de esas faltas, pueden eliminarse manteniendo todos los demás elementos que sustentan ese proceso, o incluso si éste se repone por completo. Técnicamente es complicado de establecer pero a cualquiera le quedará claro que una cosa es liberar a un hombre que fue detenido y acusado por fallas evidentes, como confundirlo con alguien que tiene su mismo nombre, y otra muy diferente, como ha sucedido, es liberar a secuestradores que eran notorios integrantes de un grupo criminal, que fueron detenidos infraganti, con su víctima encerrada en un closet con dedos amputados y a punto de ser asesinada, porque supuestamente faltó un testigo cuando se hizo una identificación a través de una cámara Gesell o porque los detenidos alegaron que fueron golpeados cuando fueron detenidos o porque se tardó cuatro horas en ponerlo a disposición del ministerio público o porque, aunque usted no lo crea, se revisó su teléfono celular sin tener una orden judicial. Delincuentes notorios que además son indemnizados con cifras millonarias considerándolos víctimas del Estado.
Quienes defienden las tesis ultragarantista de la primera sala de la SCJN insisten en que las faltas al debido proceso, en cualquiera de sus etapas, contaminan todo el proceso y por ende se debe otorgar la libertad a los detenidos, y que esa es la única forma de ir encauzando todo el sistema hacia una verdadera garantía de los derechos de cualquier acusado. Pero se olvida que la consecuencia directa de esa visión es hoy la liberación prematura de notorios criminales que quedan en la calle simplemente por un tema de interpretación de las leyes.
Pero también se olvida que apoyándose en las resoluciones de la primera sala de la Corte se crea una coartada excelente para liberar a todo tipo de detenidos, ya sea por coacción, por miedo, por corrupción o simplemente para no generarse problemas. Y el problema adicional es que quienes así actúan no pueden ser investigados porque argumentan que simplemente cumplieron con su responsabilidad y tienen respaldo legal para hacerlo. Ya hay experiencia en este tipo de casos, un juez de enorme peso en su momento, José Guadalupe Luna Altamirano, a quien en este espacio, pero en el 2005, calificamos como el juez que dictaba sentencias siempre favorables al cártel del Chapo Guzmán, tardó nueve años, hasta julio del 2014, en terminar de ser investigado y que la Judicatura le quitara su cargo luego de que se descubrió que tenía depósitos millonarios en sus cuentas bancarias que no podía justificar.
En un país que vive una brutal crisis de inseguridad, con una corrupción que penetra todo como la humedad y de falta de confianza de la gente en las instituciones, incluyendo las de justicia, no se puede actuar con ligereza ni tampoco basados en utopías.
El dinero y los spots
No deja de asombrarme la “indignación” de ciertos personajes que argumentan que el ex presidente Calderón hace proselitismo con dinero del presupuesto, por la pensión que cobra y las estructuras de seguridad que lo acompañan. Son de los mismos partidos que se embolsaron seis mil 500 millones de pesos en estas elecciones y a los que les regalaron 9.5 millones de spots, espacios que les quitaron a los medios, a los radioescuchas y televidentes, a los anunciantes y por ende a la economía del país.