22-06-2016 ¿Quién les ha dado a la Coordinadora, a la Sección 22 y a sus aliados, carta de impunidad? ¿Por qué se quiere considerar víctimas de la represión a quienes llevan años cometiendo desmanes, robos, secuestros, asesinatos, escudados en banderas políticas?¿Por qué estos grupos pueden usar armas y, entonces, es “violencia legítima”, pueden mutilar y asesinar y son expresión del “enojo social”, pueden bloquear carreteras, negocios, robar tráileres y carros, incendiar oficinas, secuestrar funcionarios y niños, y deben ser tratados como “luchadores sociales” cuando se trata de delincuentes, usen o no una bandera política? ¿En qué democracia del mundo se permite que se realicen actos tan terribles sin esperar una respuesta del Estado? ¿Por qué cuando hay una respuesta del Estado se habla de represión y no de hacer cumplir las leyes?
Vamos con algunos datos de lo ocurrido el fin de semana en Oaxaca para determinar quiénes fueron los verdaderos agresores. En Oaxaca, el 95 por ciento de las escuelas está abiertas y los integrantes de la Sección 22 movilizados no son más de unos tres mil afiliados a esa sección sindical. Los demás provienen de organizaciones radicales, extremistas y muchas de ellas ligadas a grupos armados. Durante los 10 días anteriores a los enfrentamientos, tuvieron bloqueados 28 pasos carreteros en todo el estado. En esos bloqueos quedaron varados desde autobuses hasta tráileres, desde automóviles particulares hasta servicios de emergencia. En los bloqueos, con el tránsito colapsado, se sucedían los robos, sobre todo de mercancías, las agresiones, las exigencias de dinero: la gente queda indefensa ante los agresores, porque la zona queda paralizada.
En la refinería de Salina Cruz, la cola de pipas cargadas con materiales químicos y derivados petroleros, lo mismo que de desechos de la propia refinería, tenía cinco kilómetros y medio de largo. No sólo no se permitía pasar a las pipas y tráileres, sino que también se amenazaba con hacerlos estallar, independientemente de que la propia refinería no podía seguir soportando, sin poner en riesgo gravemente su seguridad, la acumulación de materiales.
En Nochixtlán, el bloqueo de la carretera que comunica Oaxaca con el centro del país provocaba que comenzara a existir un desabasto constante de alimentos y productos de todo tipo en la entidad. Desde hacía una semana no había corridas de autobuses entre la ciudad de Oaxaca y el centro del país, porque la empresa ADO que presta ese servicio decidió suspenderlo ante la falta de seguridad y por la enorme cantidad de autobuses secuestrados, quemados, varados. La única forma de comunicación era aérea y el aeropuerto, también, suele estar bloqueado. El turismo y los comercios viven por ello una profunda crisis.
Todas la tiendas de autoservicios y de conveniencia de las principales ciudades han sido bloqueadas, saqueadas, algunas quemadas. En la noche del sábado, unas horas antes de los sucesos de Nochixtlán, en Juchitán, se saquearon e incendiaron todo tipo de comercios, desde cines hasta supermercados, incluyendo concesionarias de automóviles: en la Nissan, los “luchadores sociales” se robaron cinco carros. El fotógrafo del periódico local EL Sur, Elpidio Ramos, estaba tomando fotos de los actos de vandalismo, fue amenazado por los saqueadores y fue asesinado de un par de disparos en la cabeza, también fueron atacadas dos personas que estaban con él, una de ellas también trabajador de un medio de comunicación que murió poco después. Por cierto, no ha habido un solo reclamo de las buenas conciencias que estallan en las redes sociales cada vez que alguien remotamente ligado al periodismo es objeto de alguna agresión, aunque se trate de la pagadora de Los Zetas en Veracruz. Por Elpidio que murió haciendo su trabajo y que fue asesinado por agresores identificados que estaban saqueando comercios no se ha levantado una sola voz.
El domingo en Nochixtlán, los policías fueron agredidos a tiros por personas de civil con el rostro cubierto. Tres policías recibieron disparos antes de que hubiera reacción de fuerzas de seguridad. El propio padre Alejandro Solalinde, ha publicado el relato de cómo los manifestantes la emprendieron a balazos contra los policías por intentar desalojarlos. Hubo más de sesenta policías heridos por los manifestantes, por granadas caseras, por bombas incendiarias, por ataques con machetes que le han costados los dedos a varios policías, y a uno de ellos un
ojo. Los manifestantes quemaron autobuses y hasta dos tráileres con pollos vivos.
Ninguna de las personas muertas en Nochixtlán es maestro ni tiene nada que ver con el magisterio. La mitad de ellos no son siquiera de la zona, sino de Tlaxiaco, una comunidad con una profunda penetración del Ejército Popular Revolucionario que está a tres horas de camino de Nochixtlán.
¿Qué más hay que hacer para esperar una respuesta de la autoridades? ¿Quién les dijo a estos grupos que pueden violar sistemáticamente la ley y el derecho de los demás y salir impunes?