27-07-2016 Para mi buen amigo Alfredo Carrillo Chontkowsky, con un abrazo solidario.
La reunión en sí misma fue insólita. El nuevo presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, se reunió con los senadores priistas para pedirles, entre otros asuntos, que se atendiera el tema de los propios gobernadores del partido cuestionados por miembros del tricolor y, en ese sentido, demandar a la Suprema Corte que acelerara y le diera carácter preferente a las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la PGR y respaldadas por el PRI, para que no entren en funciones los sistemas anticorrupción en los estados de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua, que cambiarán autoridades próximamente.
Las declaraciones posteriores se leyeron, creo que correctamente, como un distanciamiento claro de la nueva dirigencia priista respecto a los gobernadores Javier y César Duarte, y Roberto Borge.
Lo cierto es que si hay elementos contra ellos, debe ser la justicia la que deberá fincarles responsabilidades. No sé hasta dónde se puede llegar en ese camino. En Nuevo León, pese a toda la verbigracia de Jaime Rodríguez, poco y nada se ha podido avanzar contra el exgobernador Rodrigo Medina. Aquí en varias ocasiones hemos dicho que de la declaración a los medios o la acusación en campaña a la acción de la justicia siempre hay un tramo muy amplio y que la política de la cárcel no siempre, casi nunca, rinde los frutos que se espera de ella fuera de los primeros fuegos artificiales.
Ni los gobiernos ni los partidos son ministerios públicos: es la justicia la que debe juzgar y en su caso castigar. A los gobiernos y partidos les corresponde denunciar y deslindarse políticamente de las personas o acciones que no corresponden con sus escalas de valores y su ideología.
Son los priistas los que deberán determinar los respaldos que puedan tener o no sus propuestas, pero no me parece desacertada la decisión de Ochoa de trabajar de fondo sobre el tema de la corrupción y poner el acento, sobre todo, en su propio partido. Como dijo Ochoa, ya habrá tiempo y espacio para hacer denuncias sobre gobernantes o funcionarios de otros partidos, pero el PRI debe comenzar asumiendo el ejemplo en la propia casa.
Tan acertada es esa estrategia que el PAN, según el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, se ha apresurado a hacerla suya y ayer declaró que el blanquiazul también limpiará su casa y que comenzará con Guillermo Padrés y Margarita Arellanes, el exgobernador de Sonora y la expresidenta municipal de Monterrey, respectivamente.
En el PRI sobra decir que el camino que ha emprendido Ochoa no siempre contará con el respaldo de todo el partido: son demasiados los intereses, los compromisos, las historias comunes como para que todo se desarrolle en forma tersa. Ochoa debe avanzar en su ruta y debe hacerse acompañar por muchos priistas, en primer lugar por un comité ejecutivo suyo, que está en vías de conformación en estos días. En el camino trazado deberá ser también cuidadoso respecto hasta dónde y cómo llegar a los objetivos. En el caso que hemos analizado, la opción de demandar a la Suprema Corte el trato preferente para esas demandas de constitucionalidad es muy inteligente porque deja precisamente en las manos de la justicia una decisión que se reflejará en la posición política del partido.
En el PRI y en el gobierno están atentos también a lo que ocurrirá el 29 de julio, cuando reaparezca públicamente Manlio Fabio Beltrones, a quien muchos ya ven, sin datos que confirmen esas visiones, como una suerte de precandidato presidencial “por fuera” de la dirigencia de su partido, algo similar a lo que ya está haciendo Margarita Zavala en el PAN. No es descabellado, y probablemente si Manlio quiere seguir ese camino, éste es el momento para hacer pública esa decisión. Tengo dudas, sin embargo, respecto a si el expresidente nacional del PRI está convencido de tomarla.
Me llama la atención que el PRD no esté en esa lógica y que no se termine de deslindar siquiera de los personajes que han gobernado por ese partido, sobre todo en Guerrero: Ángel Aguirre era indefendible después de Iguala y lo respaldaron a un costo político altísimo y las sospechas sobre muchos otros funcionarios y presidentes municipales son una realidad: ahí está el caso, sin ir demasiado lejos, del asesinado alcalde de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte, que acumulaba sospechas de relaciones con grupos criminales de la zona. En todo caso, en el PRD parece que están mucho más preocupados por el futuro inmediato que por esos temas. Por cierto, no se debe perder de vista la declaración que hizo Miguel Ángel Mancera en una entrevista, de que para 2018 ve una alianza PRD-MC-PT con él, obviamente, al frente.
En Morena no hay problema con eso de la corrupción. Aunque haya sido un ladrón, quien se acerque al mesías queda limpio, para ellos, de todos sus pecados.