15-08-2016 ¿Cuántas personas conoce usted que estén acusadas de robo agravado, lavado de dinero, realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita y tentativa de homicidio que puedan gozar de sus procesos en libertad condicional?, ¿cuántos conoce a los que se les permite, además, pagar su fianza a plazos o violar, apenas 24 horas después de que se les otorgó esa libertad condicional, las restricciones que impone la misma sin que pase nada? Pues hay dos personajes que gozan de esos privilegios: los dirigentes de la Sección 22 de la CNTE, Rubén Núñez y Francisco Villalobos, liberados el viernes por un juez federal. Por delitos mucho menos graves que los que tienen sobre sus cabezas estos dos dirigentes, Elba Esther Gordillo lleva casi cuatro años presa y, a pesar de tener más de 70 años de edad, no le permiten seguir el proceso en su domicilio.
Tanto la procuradora General de la República, Arely Gómez, como los dirigentes de la Sección 22, se han apresurado a decir que la libertad de Núñez y Villalobos no es parte de una negociación política, que la ley, por supuesto, no se negocia. Simplemente no es verdad: la liberación de esos personajes es parte inocultable de la negociación con la CNTE y tanto lo es que pese a que Núñez y Villalobos tenían prohibido participar en actividades y movilizaciones políticas durante su proceso (porque pese a lo que digan ellos y la Coordinadora no fueron absueltos de esos delitos, sólo se les otorgó la posibilidad de seguir con sus procesos fuera de la cárcel) el sábado estuvieron en asambleas sindicales, hicieron declaraciones, se mostraron como víctimas y la propia Sección 22, envalentonada porque cada día recibe más concesiones a cambio de nada, no sólo los ratificó en sus cargos (que se supone que no pueden ejercer), sino que además anunció para hoy lunes la realización de 37 bloqueos carreteros, marchas y movilizaciones como parte de la reunión que mantendrán en la Secretaría de Gobernación. Piden, también, juicio político para Gabino Cué (seguramente para acusarlo de haber aplicado la ley con la desaparición del IEEPO), amenazaron con impedir la toma de posesión de Alejandro Murat, de negar el inicio de clases el 22 de agosto y, además, piden la renuncia del secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño.
Lo cierto es que más allá de la indisimulable división interna en el gobierno federal sobre todos estos temas, al que más dañan los señores de la Coordinadora es al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien apostó por la vía de la negociación y al que no le han dado ni una sola carta, un gesto, algo que le permita decir que ésta avanza hacia resultados que puedan ser aceptables para la ciudadanía. Al contrario, cuanto más le dan a la Coordinadora, ésta más se radicaliza, más pide, no entiende la actitud del gobierno como un ejemplo de negociación, sino de debilidad y opera, además, sobre la división interna del gobierno, la soledad o la indiferencia con que asumen algunos gobernadores el tema y sobre ello trabaja. Osorio ha apostado todo por esta negociación y de su mano el gobierno también, y lo cierto es que teniendo como fecha límite, el propio secretario de Gobernación lo ha señalado ante los empresarios, el 22 de agosto, no se ve cómo se pueda llegar a un acuerdo.
Ivonne Melgar decía en sus siempre buenas columnas sabatinas que cada vez que se ha intentado imponer mano dura en distintos conflictos, como los de la UNAM, en 1986-87 y, posteriormente, en 99-2000, se termina recurriendo a la negociación. Es verdad, pero también hay que recordar dos cosas: en el movimiento del 87, sus líderes se integraron inmediatamente a las fuerzas políticas emergentes del proceso político en curso, prácticamente todos a la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas y luego al PRD, y no se ve que los de la Coordinadora estén apostando por algo similar: lo suyo, o lo de los grupos que la manejan, es la desestabilización y sus propios privilegios.
Y segundo, que lo que terminó con la huelga de la UNAM que duró un año, el 5 de febrero de 2000, no fue la negociación, fue una operación policial perfectamente coordinada desde la Secretaría de Gobernación (su titular era entonces Diódoro Carrasco) que desalojó a los huelguistas y dejó al Mosh y compañía en la cárcel. Esa operación se decidió cuando se comprobó que no había ningún margen de negociación posible, pese a que el gobierno había dado marcha atrás a la reforma universitaria y el rector Francisco Barnés había renunciado. Fue una demostración de que se puede aplicar la ley sin disparos, con una buena preparación de inteligencia y con la coordinación de distintas fuerzas de seguridad.
No nos engañemos: la Coordinadora ha olido sangre y ya no quiere regresar a lo que tenía. Ahora quiere dejar al gobierno federal sin reforma, sin Osorio y sin Nuño, porque sabe que así lo deja también sin credibilidad y margen de maniobra para afrontar el último tramo de la administración Peña. La pregunta es si le permitirán a un grupo político minoritario dar un golpe de esa magnitud.