19-08-2016 El gobierno federal, en un ejercicio de enorme flexibilidad y de alto costo político, le ha dado a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación todo lo que podía darle, incluso, dejando en la impunidad una multitud de actos criminales cometidos por esa organización y sus aliados. Han dejado en libertad no sólo a los líderes de esa corriente, acusados de delitos muy grave,s sino también a sus porros, a los que cometieron los actos más violentos. Se ha sacrificado también la economía: según el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el IMEF, las movilizaciones de la Coordinadora, de los últimos 100 días, le han costado al país, por lo menos, un 0.2 por ciento del PIB.
Como respuesta las autoridades han recibido un sonoro no. La Coordinadora, quiere más: quiere abrogar la Reforma Educativa: basta de evaluación, exámenes, compromisos; quiere recuperar el control de la educación (y, sobre todo, de los recursos públicos destinados a ella) en Oaxaca y en otros estados; quiere renuncias en el gabinete y juicio político para gobernadores; quiere que les otorguen plena impunidad por los delitos cometidos; quiere que los maestros involucrados con una terrible banda de secuestradores queden libres… porque son maestros; quieren elaborar con su línea, imprimir (y vender) sus propios libros de texto en reemplazo de los libros de texto gratuitos; quiere que cualquier disidencia interna en las secciones que ellas controla sea eliminada. Ellos sí piden que quien no esté con ellos pierda su plaza. Piden más y no están dispuestos a no dar nada a cambio.
Y en ese camino han dejado a las autoridades entre dos fuegos: por una parte, el reclamo de la sociedad harta de la Coordinadora, sus marchas y bloqueos, asombrada ante la docilidad de las propias autoridades y, por la otra, la presión de la Coordinadora para que el gobierno termine de quemar su capital político, ya sea utilizando la fuerza para acabar con las expresiones más violentas y hostiles de ese movimiento o terminando de conceder todo, lo que es política, social y legalmente inviable.
La Coordinadora no quiere llegar a ningún acuerdo porque su agenda no es educativa. No le interesa la educación ni lo que suceda con los niños en los cuatro estados más pobres del país. Tampoco asume que el 90% de los maestros no son parte ni comparten la línea y las acciones de esa organización. No les importa: la suya es una agenda política que tiene como objetivo acaparar los espacios más amplios de poder posible y en esta coyuntura concreta quieren doblar al gobierno, hacerlo retroceder, mostrarlo impotente. Y se sienten más fuertes de lo que son porque están cobijados en una impunidad que paradójicamente han ganado abusando de la fuerza y la violencia, no de sus argumentos, insostenibles, groseros en lo político y en lo educativo.
El gobierno federal, que tenía controlada la situación hasta que se enredó con el caso Nochixtlán, en el que, sin duda cometió errores operativos, no quiso ni supo explicar que la violencia generada ese día se debió no a la decisión de retirar los retenes que impedían desde semanas atrás la circulación entre la Ciudad de México y Oaxaca, sino porque las fuerzas de seguridad, en una acción concertada, fueron atacadas a balazos por personajes embozados, muchos de ellos provenientes de zonas muy lejanas a Nochixtlán. Fue una acción de los grupos armados que operan a la vera de la Coordinadora. Es incomprensible que las autoridades en lugar de dar la batalla política con la verdadera narrativa de lo sucedido ese domingo hayan apostado a un repliegue que les ha costado, políticamente, mucho más.
Ante la negativa de la Coordinadora de acabar con las provocaciones y actos violentos, a las autoridades, con la fecha de inicio de clases a la vuelta de la esquina, sólo le quedan tres opciones, ninguna de ellas deseable: pueden seguir negociando como si nada pasara, encaminándose a un estancamiento incosteable; pueden conceder lo que quiere la Coordinadora sabiendo que inmediatamente regresarán pidiendo aún más, o pueden hacer valer la ley, asumiendo que, como están las cosas, no será para nada un ejercicio sencillo y sin costos. Tendrán que escoger la que consideren la menos mala de esas opciones, pero ya no quedan otros caminos. Porque la propia Coordinadora se ha encargado de cerrarlos y hacer intolerable la situación. Su gran éxito ha sido recuperarse en apenas cien días de una situación en la que ya estaba virtualmente derrotada y dejar al gobierno sin más salidas que esas.
Decía el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, al inicio de esta semana que “la fuerza sin ley que la respalde es mera violencia, pero la ley sin fuerza que la haga valer, es letra muerta”. Tiene toda la razón y todos entendimos que se refería a la encrucijada en la que se hallan, a estas horas, las autoridades federales.