22-08-2016 Hoy será un día clave para saber qué fuerza real tiene la Coordinadora más allá de bloqueos y agresiones, en qué medida puede boicotear el inicio del ciclo escolar, pero también para saber cómo responderá el Estado ante las provocaciones de estos grupos.
Se antoja difícil que se pueda transitar en los próximos días sin utilizar esa fuerza sin la cual la ley se convierte en letra muerta. Y como hemos visto en Tlatlaya, en Tanhuato, en Nochixtlán, no existe ni claridad ni un marco legal que dé certidumbre a los propios miembros de los cuerpos de seguridad sobre cómo responder a agresiones violentas, sea de manifestantes o sicarios.
La reciente recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es una muy buena demostración de ello. La CNDH está hablando desde un mundo ideal: habla de ejecuciones extrajudiciales (en realidad, en nuestro sistema de justicia no se contemplan las ejecuciones así que no existen las extrajudiciales) porque hay personas que tienen disparos que no fueron de frente; dicen que se acomodó la escena porque hay cuerpos que fueron movidos de lugar; que se esperó cuatro horas en entregar al MP el lugar donde se había dado un enfrentamiento que duró más de tres horas e incluso recomienda que de esos hechos no se difunda información para no alterar los procesos.
Estoy muy lejos de sostener que la comisiones de derechos humanos sean organismos, como muchos piensan, que sirven para defender los derechos de los delincuentes, pero también creo que su labor debe, en casos como Tanhuato, partir de las realidades que impone la propia violencia criminal en el país. No sé si hubo o no ejecuciones en Tanhuato, pero sí sé, porque como reportero me ha tocado cubrir sucesos de esas características, que cuando se da un enfrentamiento armado entre un grupo de más de 100 sicarios, en un rancho enorme, enfrentados con más de 50 policías, cuando se tiene el antecedente que esos mismos sicarios días antes habían emboscado y matado un grupo numeroso de agentes federales y derribado un helicóptero del ejército matando a soldados y policías, se está en un combate donde el uso de la fuerza se limita en muchas ocasiones a matar o morir.
Hay que insistir en que en el rancho El Sol en Tanhuato llegó a haber 700 sicarios entrenándose, que al momento del operativo había más de cien elementos del cártel Jalisco Nueva Generación que no se rindieron, sino que atacaron a las fuerzas de seguridad, ocasionando la muerte de un oficial y heridas grave en otro. Que hubo 42 muertos pero también detenidos y que más de 60 sicarios escaparon armados hacia la sierra que rodea el lugar. ¿Qué se esperaba? ¿qué los policías fueran uno por uno ante los sicarios a pedirles que por favor dejaran de disparar y que se rindieran?
Toda vida humana es importante, pero pareciera que la de los policías, soldados y marinos para algunas voces valen menos que las de sus agresores, sean sicarios, grupos armados o manifestantes. No hay una línea en la recomendación de la CNDH que ponga en contexto los hechos de Tanhuato, respecto a las agresiones que el CJNG había ejecutado contra las propias fuerzas de seguridad, ni tampoco del lugar en que se libró el combate entre sicarios y policías, tampoco respecto al oficial muerto (de un tiro por la espalda).
Pero tampoco se observa el menor interés en el poder legislativo para darle fuerza de ley al uso de la fuerza y de las armas de fuego, tampoco de contar con una ley de seguridad que reglamente con claridad la participación de policías, soldados y marinos en la seguridad interior del país. Y ese es un reclamo público de quienes encabezan esas instituciones civiles y militares no de ahora, sino de los últimos tres sexenios. Pero los legisladores prefieren crear comisiones en lugar de legislar, prefieren utilizar estos casos para hacer proselitismo, en un sentido o en otro, en lugar de proteger legal y jurídicamente a quienes están defendiendo las instituciones.
La recomendación de la CNDH sobre Tanhuato lo que refleja es eso: dos visiones, dos interpretaciones sobre lo que se puede y debe hacer ante un enfrentamiento armado, en una situación de evidente utilización de la fuerza del Estado. Pero se trata, insisto, de interpretaciones ante un marco legal tan endeble que se presta a eso, a ver cómo lo quiere interpretar cada uno de los interesados, tanto que ahora resulta que se debería hasta indemnizar como víctimas a los sicarios que atacaron y mataron a los elementos de seguridad federal.
El informe de Carolina
Sin duda el informe de Carolina Monroy, secretaria general del PRI, de su primer año como legisladora en el distrito de Metepec, se constituyó en el evento priísta más importante en mucho tiempo, tanto por la convocatoria de todo tipo de funcionarios, dirigentes y legisladores como por el propio mensaje de Carolina, cuando se abre, formalmente, el proceso de sucesión en el estado de México.