20-09-2016 No se han divulgado las razones que llevaron a Tomás Zerón de Lucio a dejar la Agencia de Investigación Criminal de la PGR. Sin embargo, no hay que estar demasiado informado para saber que su salida tiene relación con dos elementos: primero, se acerca el segundo aniversario de los hechos de Iguala, donde desaparecieron 43 jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa y, por otra parte, la relación del exjefe de la Agencia de Investigación Criminal con la procuradora Arely Gómez y su equipo nunca fue lo fluida que podría haber sido.
Esa poca fluidez creo que pasa, entre otras razones, por la endeble defensa gubernamental que se ha emprendido de la investigación que realizó el propio Zerón respecto de lo sucedido la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, durante la gestión de Jesús Murillo Karam. Es una investigación que ha dejado más de un centenar de detenidos, la enorme mayoría de ellos confesos, ha permitido saber qué sucedió esa noche y cuál fue el final de esos jóvenes. Pero también ha permitido saber por qué ocurrieron esos hechos.
Si algún error se cometió con la divulgación de esa investigación, fue el pecar de políticamente correctos: el tema central de lo sucedido en Iguala fue el narcotráfico y la corrupción de las autoridades locales y policiales, que fueron de la mano con el enfrentamiento entre el cártel de Guerreros Unidos con el de Los Rojos, los primeros fuertemente enraizados con las autoridades de Iguala y Cocula, entre otros municipios de la región, los segundos en Morelos, en la zona de Chilpancingo y en la propia normal de Ayotzinapa. Y si bien se tenían, se tienen, todos los datos respecto a esas relaciones políticas con el mundo criminal, se prefirió no poner todo el acento en el tema del narcotráfico para no “criminalizar” a los jóvenes, que fueron víctimas de Guerreros Unidos.
No hay criminalización en decir que Ayotzinapa estuvo infiltrada por grupos armados, pero también por el narco, como lo demuestran muchos de los testimonios recogidos. No hay criminalización cuando se explica que la terrible reacción de Guerreros Unidos y las autoridades municipales de la zona, se debía a que éstos estaban convencidos de que el movimiento de estudiantes de aquella noche estaba relacionado con un ataque contra ese grupo criminal y que el secuestro y muerte de los jóvenes fue la reacción que tuvieron ante esa presunción. No hay criminalización cuando se insiste en que algunos de los líderes que llevaron a los jóvenes de primer ingreso a esa ratonera que era Iguala, sí estaban relacionados con grupos criminales, por lo menos según sus propios adversarios. La enorme mayoría de los jóvenes muertos fue víctima de los criminales, sin saber siquiera por qué una excursión que se suponía que iba a Chilpancingo terminó en Iguala, a muchos kilómetros de distancia, en medio de una vorágine de violencia.
La investigación que realizó en su momento la Agencia de Investigación Criminal no gustó, primero, porque era políticamente incorrecta y, segundo, porque exponía la crudeza y la profundidad de las relaciones del narcotráfico en la vida política de Guerrero, entre todos los actores principales de ese drama. Los argumentos para tratar de desacreditar esa investigación han sido insustanciales, desde el “investigador” José Torero, quien sigue negando el incendio en el basurero de Cocula, aun cuando el comité de expertos en fuego reunido ex profeso para ello (del que él formaba parte) lo haya confirmado, lo mismo que la posible muerte de por lo menos 17 jóvenes incinerados en ese lugar, hasta la insistencia en buscar equipos de incineración dentro de cuarteles militares, pasando por inventos sobre autobuses que nunca existieron (e ignorando lo que verdaderamente ocurrió en otros e, incluso, la muerte de otras personas previo al secuestro de los jóvenes) o, ahora, las acusaciones de tortura (casi dos años después de los hechos) de varios de los acusados.
Quién sabe qué sucederá con la investigación del caso Iguala después de la salida de Zerón de Lucio, cuando se ha otorgado un amparo al líder de Guerreros Unidos y autor intelectual de este crimen, Sidronio Casarrubias. Aseguran los funcionarios de la PGR encargados de la investigación que la misma sigue y que incluso se profundizarán sus resultados en estos días. Ojalá así sea, esos criminales no pueden terminar impunes.
Por cierto, decíamos cuando Enrique Galindo dejó la jefatura de la Policía Federal que estamos dilapidando el capital humano que el Estado mexicano ha formado a lo largo de años en el ámbito de la seguridad. Son muchos los hombres y mujeres, de alto y mediano nivel, que por distintas causas, incluyendo los enfrentamientos internos, entre funcionarios y dependencias, terminan fuera del servicio público, luego de años de formación, en muchos casos de élite, dentro y fuera del país. En el caso de Zerón, su experiencia será utilizada en el Consejo de Seguridad Nacional. Será muy útil, pero seguimos sacrificando elementos en el terreno operativo.