9.02.2022
Cuando hoy comience la visita de John Kerry, el responsable de la política ambiental del gobierno de Joe Biden, se encontrará con un contexto difícil: con una política ambiental diseñada por el gobierno federal que está muy lejos de los principales acuerdos tomados hace años en París y el año pasado en Oslo, y con una serie de decisiones energéticas y de obras de infraestructura que comprometen aún mucho más la preservación del ambiente.
La reforma energética está en el corazón de todo este debate. La cancelación de permisos, el freno a las inversiones, la discriminación manifiesta por las energías limpias son ya una realidad, con o sin reforma, si ésta se aprueba estaremos en una situación muy delicada que tendrá repercusiones en la relación con Estados Unidos.
Pueden llevar a Kerry a ver el programa Sembrando Vida y puede que la Casa Blanca decida darle algún apoyo formal al mismo para que se aplique en Centroamérica, pero lo importante aquí es la utilización de combustibles fósiles, algunos tan contaminantes como el combustóleo, la cancelación de permisos para parques eólicos y unas normas que, de aprobarse, no requerirán, como dijo la secretaria de energía, Rocío Nahle, no expropiar ni un tornillo.
Es más sencillo y en realidad es peor: una expropiación implica el pago correspondiente del valor incautado por parte del Estado. Con la reforma lo que se busca es la cancelación de proyectos, vía la revocación de permisos, en los que se han invertido miles de millones de dólares (44 mil millones de dólares sólo de inversiones estadounidenses,según la secretaria de energía de ese país) de las empresas que no le vendan su energía a la CFE en las condiciones y el precio que ésta decida, si no es así simplemente no podrán seguir operando.
Un ejemplo es la decisión de revocar el permiso a la empresa Energía Eólica del Sur, la más grande en generación de energía eólica de América latina, una empresa en la que los inversionistas privados invirtieron casi 14 mil millones de pesos, inaugurada apenas en 2019 y que ahora su permiso se quiere revocar con la excusa de que produce para el sector privado y es una suerte de competencia desleal para la CFE, por la sencilla razón de que genera energía más barata que la empresa paraestatal. Ese parque eólico se construyó y se invirtieron esos recursos privados precisamente para eso: para que genere energía más barata para las empresas que invirtieron en él y para quienes decidan comprarla. Es una decisión de mercado tomado con base en las normas constitucionales que rigen el país, le guste o no a los funcionarios del sector energético o a Palacio Nacional.
Explicarle al responsable de las políticas ambientales de los Estados Unidos (uno de cuyos objetivos explícitos es reducir drásticamente el consumo de combustibles fósiles)porqué se revocan permisos de generación de energía eólica mientras se aumenta el consumo de combustóleo, será complejo.
La secretaría de energía Jennifer Grandholm, que no es en absoluto una improvisada en el tema (es un funcionaria de gran experiencia en el sector y que incluso ha sido dos veces gobernadora) lo dijo durante su visita el mes pasado, en un comunicado que distribuyó regresando a la Unión Americana: “en cada reunión expresamos abiertamente las preocupaciones reales de la administración Biden-Harris,sobre el potencial impacto negativo de las reformas energéticas propuestas en México sobre la inversión estadounidense en el país”.
Luego, el embajador Ken Salazar saliendo de una reunión, quiso jugar al diplomático y sostuvo que “las leyes siempre necesitan reformarse, aprender de la experiencia”. Y es verdad, el problema es que la reforma propuesta no es un avance para el pueblo, como dijo el embajador, es un retroceso grave que distorsionará tanto la economía como el futuro ambiental. Luego el embajador enmendó esa declaración, explicando que su interés está puesto en garantizar las inversiones de las empresas de su país. Pero aquel comentario que quiso ser aligerado en un ambiente muy cargado de tensiones, le costó graves críticas, en los medios y en el ambiente político y empresarial de la Unión Americana.
Kerry, que ya ha estado en México durante la administración Biden, no es en absoluto un improvisado. Conoce y conoce muy bien el tema ambiental y energético, ha sido senador durante años, pero también secretario de Estado con Obama y candidato presidencial en 2004.
No se termina de comprender el peso que tienen la energía y el medio ambiente en la agenda internacional. El actual conflicto en torno a Ucrania es, en muchos sentidos,una guerra por el gas, una potencial guerra geopolítica pero marcada por la energía y los intereses de productores y consumidores, un conflicto en el que todas las naciones importantes del mundo juegan y ante el cual, como país,simplemente hemos escondido la cabeza esperando que no pase nada, mientras proponemos una reforma que afectará el mercado energético regional, y la lucha medio ambiental que es una de las grandes causas de Biden. Quizás están esperando que en 2024 regrese Donald Trump al poder.