Hace algunos días, una casa en un barrio residencial de Monterrey estuvo rodeada por tropas y agentes federales durante horas. Se había encontrado en un jardín un fusil automático y una granada y se estaba esperando la orden de cateo para poder ingresar a la vivienda. Allí estaban los soldados, los policías, los medios, pero, como suele suceder, la orden judicial llegó muchas horas después y cuando se entró al domicilio ya no había nada, incluyendo los habitantes que aparentemente escaparon por un jardín trasero.
Hace algunos días, una casa en un barrio residencial de Monterrey estuvo rodeada por tropas y agentes federales durante horas. Se había encontrado en un jardín un fusil automático y una granada y se estaba esperando la orden de cateo para poder ingresar a la vivienda. Allí estaban los soldados, los policías, los medios, pero, como suele suceder, la orden judicial llegó muchas horas después y cuando se entró al domicilio ya no había nada, incluyendo los habitantes que aparentemente escaparon por un jardín trasero.
El narcotráfico tiene controladas con scanner todas las llamadas de la zona en la que se asienta alguno de sus hombres importantes, aunque sea en un restaurante, suelen, sus verdaderos operadores, estar rodeados de personajes que se cuidan de que cualquier movimiento de las fuerzas de seguridad sea detectado con tiempo. En las ciudades donde tienen mayor presencia, buena parte de la policía local trabaja para ellos: suelen utilizar los mismos radios oficiales en distintas frecuencias para estar comunicados constantemente con sus verdaderos jefes. En las calles, uno de los elementos más socorridos son los taxis, sobre todo los piratas: cualquier movimiento extraño lo informan a una central que se encarga de hacerlo llegar a donde sea necesario. Constituyen un elemento de inteligencia imprescindible, barato y difícil de superar por cualquier adversario.
Desde Estados Unidos, vía la NSA, buena parte del tráfico de llamadas y de radiocomunicación de estos criminales es detectado. También, cuando existe autorización para ello, por los autoridades mexicanas. Hay casos notables de intercepciones telefónicas de personajes nacionales hablando con prominentes narcotraficantes, o de mandos policiales comunicándose con sus subalternos para dar órdenes relacionadas con la protección del crimen organizado o cualquiera de sus acciones, que a la hora de realizar una investigación no se pueden presentar o cuando llegan a los jueces son desechadas. Por eso, por ejemplo, quedó en libertad el ex jefe de giras presidenciales de Vicente Fox, Nahum Acosta, porque el juez desechó las grabaciones en las que hablaba con uno de los hermanos Beltrán Leyva. Y la historia se podría repetir hasta el infinito.
La presidencia de la república acaba de presentar una buena, realmente buena iniciativa que contempla una serie de medidas que ayudarían a combatir el crimen organizado con las medidas que se aplican universalmente para luchar contra el mismo: escuchas telefónicas, cateos, operaciones especiales. Ninguna de las propuestas se aparta de la ley y de los derechos humanos, pero si se está en medio de una operación especial destinada a detener a un capo del crimen organizado no se puede detener la misma esperando que un juez permita intervenir un teléfono o interceptar una llamada o catear un domicilio (que además son, todas, fuentes mediante las cuales estos personajes suelen enterarse que están detrás de su rastro). Más absurdo aún es que cuando se detenga a estos hombres no se los pueda juzgar por los delitos que cometieron porque se escuchó antes de la orden judicial o porque se penetró a un domicilio antes de que un juez lo determinara. Las propuestas presentadas tampoco otorgan una patente de corso a las fuerza de seguridad para actuar sin norma alguna: simplemente se especifican las causas y los momentos en los que se debe actuar de esa manera y exige, en todos los casos, que esa acción se justifique posteriormente ante un juez. Son todas ellas, como la coordinación de fuerzas de seguridad, la búsqueda de mandos únicos, el establecimiento de bases de datos completas de delincuentes, policías y también de ciudadanos, de plataformas de información con propietarios de inmuebles, automóviles, no hablemos de las armas, con los datos precisos de quién ha sido detenido alguna vez y porqué, algunas de las medidas imprescindibles para avanzar en ese combate. Ningún país ha logrado controlar la delincuencia, organizada o desorganizada, si no cuenta con información y coordinación, y si esa información y coordinación no es oportuna.
Resulta difícil de entender que haya ahora legisladores del PRD y del PRI que aleguen que esas medidas son violatorias de los derechos humanos y que por lo tanto son parte de una escalada represiva. Esas medidas son, insistimos, el standard común de las fuerzas de seguridad en cualquier democracia para combatir el crimen organizado o el terrorismo. No estamos hablando de instrumentos como la llamada Acta Patriótica de los Estaods Unidos después del 11-S, sino de la capacidad de operación e información que requiere el Estado para combatir sus amenazas más elementales.
Uno de los graves problemas que hemos enfrentado en la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia es que no contamos con esos y otros instrumentos legales mínimos con los que opera cualquier fuerza de seguridad en el mundo occidental, mientras que la delincuencia se ha sofisticado y actúa cotidianamente usando para su beneficio desde la última innovación tecnológica hasta todo tipo de esquema de información e inteligencia.
La oposición a esas medidas es tan absurda como la tesis que hizo suya algún ex candidato presidencial de que para combatir el crimen organizado lo que había que hacer era combatir la pobreza y que con ésta desaparecería el primero. Por supuesto que la pobreza debe combatirse y que es un caldo de cultivo para cierto tipo de delincuencia, pero si no se entiende que el crimen organizado es un negocio enorme y multinacional, que genera miles de millones de dólares anuales de utilidad, que florece y se asienta en la pobreza pero también en la riqueza, no se puede comprender siquiera de qué se está hablando. Y se termina siendo, voluntaria o involuntariamente, cómplice de esos grupos criminales.