Días atrás, con la visita de Giovanni Sartori a México, se debatido, lejos de la profundidad que el tema requiere, sobre la desconstrucción de los poderes metaconstitucionales de la presidencia en México, que no fue compensada con la consolidación del poder presidencial en términos constitucionales. El tema viene a cuento, nuevamente, por movimientos políticos convergentes que demuestran, hoy, ateniéndose a la ley qué puede y qué no puede hacer el presidente Calderón.
Días atrás, con la visita de Giovanni Sartori a México, se debatido, lejos de la profundidad que el tema requiere, sobre la desconstrucción de los poderes metaconstitucionales de la presidencia en México, que no fue compensada con la consolidación del poder presidencial en términos constitucionales. El tema viene a cuento, nuevamente, por movimientos políticos convergentes que demuestran, hoy, ateniéndose a la ley qué puede y qué no puede hacer el presidente Calderón.
Primero y principal. La lucha contra el narcotráfico. El propio presidente Calderón me dijo semanas atrás, en entrevista, que hubo voces que cuando era ya presidente electo, le aconsejaron que mejor no se metiera a fondo en la lucha contra el narcotráfico, que era política y personalmente peligroso, que era un tema que no garantizaba réditos a corto plazo, que era una lucha de final incierto por el grado de penetración institucional del crimen organizado. Calderón escuchó otras voces y, desde mi punto de vista en forma muy acertada, decidió lanzarse a esa lucha, asumiendo todos esos conflictos, incluido el incremento de la violencia generada por el propio narcotráfico, pero también comprendiendo que sin garantizar la seguridad, las políticas públicas, sobre todo la de generación de inversiones y creación de empleos estarían condenadas al fracaso. Paradójicamente hoy, a menos de 150 días de iniciado el gobierno, han resurgido las mismas voces que le recomiendan o le exigen al presidente que tire la toalla, que mejor deje para otro momento lo que constituye la principal obligación de un Estado. En lugar de insistir en la coordinación interna del gobierno y de éste con las autoridades estatales y municipales, esas voces prefieren que mejor el gobierno se ocupe de otras cosas. Algunas de ellas vienen de un perredismo que es donde, paradójicamente, se han dado los mayores hechos de violencia desde que comenzó esa lucha: Michoacán, Guerrero, el Distrito Federal. Con todas sus diferencias personales, Lázaro Cárdenas, Zeferino Torreblanca y Marcelo Ebrard parecen decididos a participar en ella, porque saben que está en juego la credibilidad de sus entidades y la gobernabilidad de las mismas. Pero muchos que están jugando a sus respectivos fracasos, y al del presidente, piensan que Calderón debe dejar de enfrentar al narcotráfico. Pueden ser errores de apreciación, o también coartadas.
Desde este espacio hemos criticado a la administración Calderón por haber generado un pleito con la Cofetel, a través de una controversia constitucional, en la que no tenía nada que ganar y mucho que perder, incluso ganando la controversia. Desde el gobierno se insistió e incluso se dijo públicamente que la Cofetel, había quedado atrapada por las grandes empresas de comunicación. Todo indica, según los trascendidos, que la batalla del gobierno federal en la Corte, para destituir a dos consejeros de la Cofetel, está ya perdida. La Cofetel, en ese contexto y en forma bastante sensata, ha decidido enviar hasta el 2008, la apertura de las licitaciones para las nuevas concesiones locales de radio y televisión y comenzar a operar en varios otros rezagos del sector. Paradójicamente, algunos de los mismos sectores que le reclaman, con razón, al gobierno federal que respete la autonomía de la Cofetel, son los que ahora dicen que el presidente “no cumplió” con el compromiso de abrir esas licitaciones este año. La medida puede apoyarse o no, pero el hecho es que la Comisión es autónoma y el presidente no puede ni debe influir en sus decisiones, ni para cambiar consejeros ni para abrir licitaciones.
Algo similar ocurre con el caso del sindicato minero. El gobierno federal no puede avalar procesos ilegales para destituir a un dirigente sindical, desprestigiado o no, por razones políticas o empresariales. Y eso fue lo que sucedió en febrero del 2006 con el sindicato minero. Lo que puede y debe hacer es tomar medidas como la apertura a la consulta pública de los contratos colectivos de los sindicatos. Así sabremos, por lo menos, cuántos privilegios de la dirigencia no llegan a los trabajadores.
Otro tema es el de la despenalización del aborto. Aquí también hemos dicho que estamos de acuerdo con esa iniciativa legal. No abundaremos en las razones de ello. Pero resulta ridículo que sectores de la iglesia, muy conservadores o incluso Jorge Serrano Limón (un hombre que, por dignidad tendría que retirarse de la vida pública, luego de que se comprobó que los recursos que obtuvo para “apoyar” a las mujeres solteras y embarazadas en provida, los gastó en tangas y plumas de lujo) le exijan al presidente que intervenga en el debate. Calderón ya ha hecho lo suyo, en lo personal expresó una opinión (implícitamente desfavorable a la despenalización) y sostuvo que la decisión sobre el tema le corresponde adoptarla a la Asamblea legislativa del DF y que sería respetuoso de la misma. Eso es lo que puede y debe hacer un presidente. Habrá que exigirle la misma responsabilidad a los legisladores que, con razón, rechazaron llevar el tema a un referéndum pero lo exigen para leyes con las que no están de acuerdo, como la del ISSSTE. Para eso están los congresos: para aprobar legislaciones. Y para eso se renuevan periódicamente, para premiar o castigar a los partidos.
El presidente puede y debe luchar contra el narcotráfico, es su obligación, pero no puede ni debe “imponer” la cooperación con los gobiernos estatales, ni puede reducir por decreto la violencia. No puede intervenir en las decisiones de organismos autónomos, sea la Cofetel o el IFE. No puede decidir quién queda al frente de un sindicato, pero puede mostrar públicamente los contratos colectivos que estos firman. No puede intervenir en un debate social porque gobierna para todos y no puede intervenir en la decisión de un órgano legislativo. Esos son los límites del poder real del presidencialismo mexicano.